El Tribunal Constitucional se pronunció ayer dos veces. Por la mañana, rechazando las recusaciones contra dos de sus miembros, entre los que estaba el presidente. Y por la noche, impidiendo que el Senado pudiera tratar la proposición de ley aprobada en el Congreso y en la que está incluida la reforma sobre la renovación del CGPJ y el propio TC. Se ha hecho con los votos de la mayoría conservadora, cuyos dos miembros antes aludidos llevan cuatro años con un mandato caducado. Hace cuatro días califiqué lo que está sucediendo de intento de golpe de estado desde la derechona. La política, la mediática y la judicial, esta última, incluyendo al TC, como el instrumento para llevarlo a cabo. Si el jueves quedó aplazada la decisión, después del recurso que se planteó por parte de la minoría progresista, ayer se consumó el golpe. Las cámaras que ostentan la soberanía popular han sido coartadas por un órgano que carece de esa legitimidad. ¿Y ahora?
