Que estamos ante una nueva etapa en las formas de los golpes de estado, no cabe la menor duda. Al menos, en América Latina. Ahora no tocan los golpes militares. Directos y expeditivos. Y menos, por ahora, extremadamente sangrientos, como hubo en décadas pasadas del siglo XX. Las nuevas formas las hemos visto en Paraguay (2009), Honduras (2009), Brasil (2016), Bolivia (2019)... En Venezuela lo intentaron por la fuerza (2002 y 2019) y por otras vías (2019...). Queda por ver lo que está ocurriendo estos días en Perú.
Y ahora toca lo de Argentina, con Cristina Fernández en el punto de mira, que está poniendo de relieve que los objetivos son los mismos: quitar de en medio, como sea, a quienes molestan. A quienes lo hacen a los poderes económicos del país y del capital internacional, y al imperio del norte. Desde hace meses se estaba tramando un proceso judicial contra la actual vicepresidenta del país. El motivo, la corrupción mientras fue presidenta entre 2007 y 2015. Ya unos meses antes, el 1 de septiembre, alguien estuvo a punto de acabar con su vida mediante un atentado que no fue mortal de milagro. Desde día atrás ya se estaba rumiando un fallo judicial. Por eso la propia Cristina dijo eso de "quieren verme presa o muerta".
Pero fue ayer cuando se hizo pública la condena por corrupción, que supone 6 años de cárcel, la destitución como vicepresidenta y una inhabilitación política permanente. Leo hoy en un artículo escrito por Irina Hauser para el diario argentino Página 12: "La
condena coincidió con la revelación de la reunión de jueces, empresarios y
funcionarios macristas en la mansión de Joe Lewis en Río Negro. La reunión de
cuatro jueces del fuero federal que favorecieron a las corporaciones en contra
de la sociedad y que participaron en la persecución judicial contra Cristina
Kirchner, con dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, con funcionarios macristas
y con especialistas en inteligencia y en campañas electorales, mostró el
esqueleto del lawfare y la corrupción del sistema". Y no lo dice porque sí, ya que la información ha salido de un dictamen emitido por la fiscal Cándida Echepare, que ha pedido levantar el secreto sumarial después de que haya pruebas de la existencia del citado viaje en un avión privado y
las facturas correspondientes.
Para Luis Bruchtein no le cabe la menor duda. Así lo explicó ayer en un artículo publicado en Resumen Latinoamericano: "El
papel de[l juez] Julián Ercolini en el escándalo y en los mensajes donde planificaban
la creación de pruebas falsas y el apriete a fiscales y a periodistas y
amenazas a funcionarios para desmentir la reunión, adquiere una dimensión mayor
porque fue el juez que hizo la instrucción de la causa Vialidad que de por sí
ha sido turbia. Impresiona
la sensación de impunidad con que hablan estos personajes en los mensajes que
se hicieron públicos, como si se sintieran los dueños del país. Y está lleno de
padres e hijos, yernos y cuñados. Un sistema feudal en el que los cargos se
heredan o se designan a dedo y acomodos. No hubo la mínima reacción en el Poder
Judicial frente al escándalo".
Todavía tenemos en el recuerdo lo ocurrido con Lula da Silva. Fue detenido, encarcelado y condenado en 2016, después de haber sido acusado de corrupción, pero tres años después tuvo que ser puesto en libertad cuando se demostró que era inocente. Víctima de una conspiración en toda regla, vamos. ¿Estamos, pues, ante una situación similar?
(Imagen: Resumen Latinoamericano).
