Si ya el titular es altamente revelador, el artículo, firmado por Isambard Wilkilson, no deja lugar a dudas sobre su contenido (véase: The Times, Huffington Post y Público). En él se hace un repaso de los negocios que el rey emérito ha llevado a cabo mientras ocupaba el trono hasta 2016, con especial atención los realizados con las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Se recuerda, así mismo, la investigación judicial que se está llevando a cabo en Suiza por posibles delitos de fraude a Hacienda y blanqueo de capitales. También, el anuncio el pasado mes de marzo por parte del Felipe VI de su renuncia a recibir la herencia paterna. Y no falta el recordatorio de que, sabedor de la imputación judicial suiza al menos desde hacía un año, hizo pública dicha renuncia precisamente cuando se iniciaba el confinamiento del país, un momento en el que impacto sobre la opinión pública iba a verse tamizado por la preocupación por la pandemia.
No le falta al periodista sentido del humor, quizás cargado de ironía británica, cuando suelta que en los desayunos palaciegos debe de haber una alta tensión, ante las noticias que publican los periódicos sobre los negocios turbulentos del padre. En todo caso, se resalta, que el temor a que el padre pueda sentarse en el banquillo no deja de ser algo muy peligroso para el futuro de la corona española.
A la espera del proceso judicial en Suiza, aquí la cosa se encuentra en una situación de suspense. Sabemos de la investigación iniciada desde la fiscalía del Tribunal Supremo, que ha solicitado información a las instancias jurisdiccionales suizas. Pero ignoramos el alcance que puede tener, tanto por las intenciones del fiscal dentro de su actuación como, si se da el caso, por lo que pueda hacer un tribunal donde hay una alta concentración de miembros de tendencia conservadora.
Por otro lado, los intentos en el Congreso por formar una comisión de investigación están resultando baldíos. Propuesta por la mayor parte de los grupos nacionalistas (ERC, EH-Bildu, JxC e Izquierda Confederal), se ha encontrado con la oposición de los letrados de la cámara, que han aducido que el rey emérito sigue gozando de inviolabilidad, y de la Mesa del Congreso, ante la negativa de PSOE, PP y Vox para que se constituya.
Unidas Podemos sostiene que el informe del grupo de letrados no es vinculante. Y, en todo caso, que no se pueda investigar la situación en que se encuentra el rey emérito es una postura injusta, dado que es de interés público que se sepa la verdad de las finanzas de quien ha ostentado hasta 2016 la jefatura del estado. Considera que estamos ante una "aplicación enormemente extensiva de la inviolabilidad real, argumentando que ésta no puede aplicarse a la presunta comisión de delitos en la actividad privada, sino que solamente debería aplicarse a aquellos actos de jefe del Estado refrendados por el Gobierno de España y, en ningún caso, a actos cometidos tras su abdicación como de hecho figura en la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del poder judicial".
Hace unos días Javier Pérez Royo disertó sobre la decisión tomada por el grupo de letrados del Congreso y las repercusiones políticas que se derivan de ella. En su artículo "¿Puede ser interpretada la inviolabilidad del rey como una presunción de inocencia ‘iuris et de iure’?", publicado en eldiario.es, es rotundo: "Con esa interpretación de la inviolabilidad el rey se sitúa por encima de la Constitución, que se transformaría con ello en una suerte de 'Carta otorgada' del monarca a sus súbditos".
Más claro, agua.