La ofensiva de la derechona en las dos últimas semanas se ha rebajado. Por ahora. En gran medida, porque los ataques lanzados no han resultado tan eficaces, yerros incluidos, pero no sólo. Veamos.Las diligencias abiertas por la jueza Rodríguez-Medel contra del Delegado de Gobierno de Madrid sobre el 8-M están siendo cuestionadas. Primero, por haber mostrado una clara incompetencia y, además, porque existe la posibilidad de haber sido ella la que haya cometido un delito. La actuación iniciada desde la abogacía del estado, cuestionando esa actuación, no tiene lugar a dudas. Como tampoco la tiene que la fiscalía de Madrid haya pedido que se archive la causa.
En el caso del informe sobre el 8-M elaborado en la Guardia Civil, y avalado por el coronel Pérez de los Cobos, parece que el ridículo de su contenido ha llevado, también por ahora, al silencio. Desde la derechona se defendió al coronel en base a sus glorias pasadas. También hubo un segundo informe. Pero no es menos cierto que en esas esferas de la Guardia Civil hay demasiadas cosas turbias que se están empezando a investigar. Sin contar el hecho de que el contenido del último informe, con iguales despropósitos que el primero, lejos de haber aclarado las cosas, las ha puesto peor.
Por otra parte, Pablo Casado y la marquesa Cayetana dieron muestras de una gran dureza verbal durante el pleno del Congreso, pidiendo la destitución del ministro del Interior. Pero de la noche a la mañana el líder pepero ha empezado a hacer gala de estar al frente de un partido moderado del que dice que no está crispando el ambiente. Y en cuanto a su rumbera, para que no desentone tanto, le han vuelto a decir que se calle.
Tampoco estuvo suave en el Congreso el jinete Abascal. Eufórico por las correrías callejeras en los barrios ricos y las concentraciones de coches en algunas ciudades, hizo gala de su estilo faltón y mentiroso. Pero no han ido más allá, salvo seguir repitiendo su discurso machacón de la españolidad, las "paguitas" y demás.
Y algo que está resultando de gran gravedad -y, como consecuencia, peligroso para el PP- es la gestión sanitaria del gobierno de la Comunidad de Madrid. Concretamente, en lo concerniente al trato recibido por las personas mayores, después que se frenara el traslado desde las residencias hacia los hospitales. Y lo que se sospechaba, ahora tiene la rotundidad de las pruebas: han aparecido los protocolos escritos que se elaboraron y el propio consejero de Asuntos Sociales -de Ciudadanos- lo ha confirmado, incluyendo las advertencias que hizo en su día a través de correos electrónicos. A ello se unen las denuncias que se siguen haciendo por parte del personal de dichas residencias, el testimonio-denuncia de la propia presidenta de la patronal del sector o las denuncias que se están haciendo por parte de familiares afectados.
Hasta ahora el PP ha buscado focalizar en el gobierno central la responsabilidad de las muertes derivadas de la pandemia. Pero, por lo que se está demostrando, es ese partido, en lo que corresponde a la gestión sanitaria hecha en Madrid e incluso en Castilla y León, el que tiene mucho que ver con las graves consecuencias ocasionadas por la pandemia en ese tramo de edad. Si a ello se une la guerra interna entre el PP y Ciudadanos, no sabemos cómo acabará la cosa.
Y ayer, para más inri, salió lo del rey emérito. Sí, la investigación iniciada por un fiscal del Tribunal Supremo sobre el cobro de comisiones millonarias por la construcción de un tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Una continuación de la imputación que tiene en Suiza. No sabemos cómo acabará la cosa, porque estamos en una tesitura compleja: sí se sabe lo que hizo el emérito, que resulta evidente; pero se trata de dirimir si puede acogerse o no a la inmunidad que, como monarca, le otorgó la Constitución hasta 2014, cuando se vio obligado a abdicar, cacerías y amantes incluidas.
Y en todas estas cosas estamos, que no son pocas.
