Durante las sesiones de investidura celebradas se constataron varios hechos, de los que pueden destacarse dos. El principal, la dureza con la que se emplearon los tres grupos de la derecha españolista para atacar al gobierno naciente. Y en otro plano, el comportamiento de ERC, fuertemente condicionado por el contexto de Catalunya, teniendo que hilar muy fino para encontrar un equilibrio entre las dos caras del partido: el catalanismo independentista, donde compite con JxC, sobre todo, y la CUP; y ser de izquierdas.
La llegada de la pandemia lo ha trastocado todo, porque ha impedido que el programa de gobierno haya podido aplicarse dentro de un proceso previsto, incluidas las contradicciones internas que pudieran ir surgiendo. Estas últimas, principalmente, derivadas del control por parte del PSOE de las áreas económicas y de las relacionadas con el aparato del estado, y de las que asumió Unidas Podemos, más propias de los aspectos sociales.
En cierta medida estas contradicciones se han seguido dando desde la crisis de la pandemia, pero se han visto atenuadas por la gravedad de la situación. Se ha dado en la práctica un elevado nivel de consenso, concretado en las medidas de emergencia sanitaria y sociales tomadas, e incluso en el posicionamiento ante las interferencias habidas en algunos sectores de la judicatura y de las fuerzas de seguridad. Y todo ello en medio de la dureza sin precedentes ejercida por los grupos de la derecha españolista, los medios de comunicación de su órbita y las redes sociales controladas por la extrema derecha. Las noticias falsas, los bulos, las medias verdades o las falsificaciones han estado a la orden del día y así siguen. La única excepción ha sido el cambio habido en las últimas semanas en Ciudadanos, buscando una estrategia más moderada que evite su debacle definitiva.
Además de todo lo anterior, dos asuntos de otra índole han trascendido en las últimas semanas: la investigación por la justicia suiza, abierta también por la fiscalía española, sobre varios posibles delitos económicos del rey emérito habidos al menos durante su reinado; y la salida a la luz de unos documentos de la CIA en los que se reconoce la responsabilidad directa del gobierno de Felipe González en la formación de los GAL.
El Congreso se ha hecho eco de ambas cosas y desde los grupos nacionalistas se han solicitado sendas comisiones de investigación. La primera, apoyada desde el primer momento por Unidas Podemos, y la segunda, tras algunas dudas iniciales. En los dos casos se ha producido la coincidencia de PSOE, PP y Vox, que en la Mesa de esa cámara han votado en contra de que se constituyan dichas comisiones. Y en el caso del emérito, con la ayuda de un informe de los letrados.
Vemos, pues, a un PSOE atrapado por su ligazón directa con una de las instituciones básicas del consenso de la Transición, esto es la monarquía; y atrapado por el miedo a generar un conflicto interno en su partido. En realidad, no tanto miedo del conjunto del partido, como de quienes ahora lo dirigen. En estos casos les falta el atrevimiento necesario para romper con todo lo que huela a corrupto, provenga de la corona o de gobernantes. Y máxime cuando, en el caso de su partido, la persona más afectada pertenece a esa casta instalada en el sistema que presiona sin cesar para que todo siga igual.
Paradojas de la historia, han votado en la misma dirección los partidos que en su día estuvieron relacionados con esa célebre frase del "váyase, señor González". Quien la repetía sin cesar y quien la recibía están ahora en la misma trinchera.
El gobierno
de coalición, en efecto, vive entre contradicciones. Investigar es poner las cosas claras. Y que lo haga el Congreso no supone ninguna interferencia a que lo hagan la justicia. Resulta necesario saber resolver las contradicciones, pues de lo contrario…
(Imágenes: montaje hecho desde sendas viñetas de Puebla y Eneko, publicadas respectivamente en en ABC y Público).