Varias
decenas de ciudades españolas fueron escenario ayer de actos de solidaridad con
las personas refugiadas. Se hicieron eco del llamamiento internacional lanzado
por ACNUR, organismo ligado a la ONU que desarrolla ayuda a las personas
refugiadas, y en cada país por las distintas asociaciones ligadas en cualquiera
de sus formas a los derechos humanos.
En España han sido miles de personas las que han participado en las movilizaciones, si bien de una forma desigual según las ciudades: unas 9.000 en Barcelona, 2.000 en Madrid... Aquí, en Barbate, la concentración acogió a alrededor de un centenar de personas, que fueron convocadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y en la que se desplegó una pancarta alusiva a una "Europa abierta y solidaria".
El llamamiento internacional está alertando del riesgo inmediato de muerte de miles de personas -en su mayoría niños, niñas y mujeres-, dadas las duras condiciones que están sufriendo. Un riesgo que, aun siendo menor, no deja de afectar a cientos de miles de personas, obligadas a salir de sus lugares de origen y con grandes dificultades para poder desplazarse y ser acogidas en otros países.
Sabida es la situación que están viviendo en las fronteras orientales de Europa las personas que, procedentes de Asia y África, buscan refugio en nuestro continente. Sabida es también la actitud que están mostrando las autoridades europeas y las de los distintos países, con una mezcla de pasividad y de vulneración de los derechos humanos.
Nuestro país es uno de los que está teniendo una actitud más dañina, incumpliendo incluso de una manera flagrante los compromisos adquiridos en la recepción de personas refugiadas, cuando participando de su identificación con figuras delictivas, un argumento muy extendido en los medios xenófobos y de extrema derecha. Precisamente ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se refirió al hecho de haber rechazado a personas vinculadas al yihaidismo, justificando el retraso en el cumplimiento de sus compromisos y dando a entender que existe un riesgo para la seguridad.
Las movilizaciones de ayer han buscado "generar la presión necesaria para obligar a las autoridades de la Unión Europea y España a un cambio de rumbo en las políticas migratorias, de fronteras y asilo que sean respetuosas con los derechos humanos", como ha indicado la APDHA en su llamamiento. En el mismo se denuncia el cuestionamiento del derecho de asilo, lo que conlleva consecuencias muy graves, como las 2.859 personas fallecidas intentando alcanzar suelo europeo; que, siguiendo el Missing Migrants Project, de las 3.570 personas migrantes fallecidas en el mundo hasta mediados de este año, el 80% corresponda a quienes han intentando llegar a Europa; o que "más de un millón de personas ingresaron de forma irregular en suelo europeo durante 2015", según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
En el caso de nuestro país la APDHA denuncia "el intento de legalización de
las devoluciones en caliente en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla o la
falta de acceso de potenciales refugiados subsaharianos a las
oficinas de asilo situadas en ambas plazas bajo soberanía española".
