El fiscal
anticorrupción, Pedro Horrach, ha expresado que se ha desatado una
"espiral inquisitiva" contra Cristina de Borbón y que se desprecian
"indicios de notable fuerza exculpatoria" ante el auto de
procesamiento presentado ayer por el juez José Castro por delitos fiscales y
blanqueo de dinero. La respuesta del juez ha sido inmediata y contundente:
esas alusiones suponen que ha cometido un delito de prevaricación, por lo que
invita al fiscal que ejerza esa acusación.
Por otra
parte, tres asociaciones de la judicatura de distinto signo se han pronunciado
en favor de la actuación del juez desde el principio de independencia. Para el
portavoz de Jueces para la
Democracia se trata de acusaciones gratuitas y apartadas de
un estricto debate jurídico, por lo que pide el amparo del Consejo del Poder
Judicial. Desde la
Asociación Profesional de la Magistratura , de
carácter conservador, se defiende la actuación de Castro por haber actuado con
el el convencimiento obtenido por las pruebas practicadas, nunca por
motivaciones personales y falta de imparcialidad. Por último, el portavoz de la Asociación Francisco
de Vitoria ha declarado que los recursos de la fiscalía no están para hacer
críticas que supongan "un ataque desconsiderado al juez", pidiendo
al Consejo del Poder Judicial que actúe contra lo considera una coacción.
Que haya tanta coincidencia, más que sorprender -que lo hace-, ayuda ante todo
a entender los argumentos burdos empleados por la fiscalía.
Y en medio de
todo, la aprobación reciente de la reforma parcial de la Ley Orgánica del
Poder Judicial por la que el anterior rey, Juan Carlos de Borbón, junto
con el resto de la familia real -el rey Felipe VI es inviolable
constitucionalmente-, quedan bajo la figura legal de aforamiento.
La maquinaria
de protección de la familia real y familias allegadas, antes y después de la
abdicación de Juan Carlos I, sigue en marcha. El juez Castro no ha desistido en
su labor por averiguar el papel jugado por Cristina de Borbón en los delitos
que se imputan a su esposo, Iñaki Urdangarín, al que, por cierto, nadie defiende,
excepto su abogado. Lejos de amedrentarse, insiste en su línea de instrucción,
que en todo momento ha sido jurídicamente sólida. La pugna judicial,
pues, no ha cesado. Tampoco, la pugna política, porque lo judicial también
lo es.
(publicado el 27-06-2014)
