La realidad, sin embargo, es otra. No se cumplen los tratados internacionales firmados por el estado español, que son de obligado cumplimiento. Tampoco la Constitución vigente, que ni sirve para permitir el acceso adecuado a la vivienda, pese a que las hay de sobra -en varios millones, quizás cinco-, ni para evitar la especulación del suelo, que se se ha extendido a lo largo y ancho del territorio. La vivienda, un derecho humano, se ha convertido, sin embargo, en un objeto que ha caído en manos de la fuerzas del mercado y, por ende, de una desaforada especulación. El resultado ha sido que muchas familias no han podido acceder a ella en condiciones adecuadas y dignas. Unas condiciones que han llevado a muchas familias a tener hipotecarse. Y como consecuencia de la pérdida de sus empleos, bastantes de esas familias no han podido afrontar los pagos, llegando a los desahucios, que se cuentan por algunos cientos de miles. La pérdida de la vivienda, que es de por sí traumática e injusta, no ha sido el único problema. Las cláusulas abusivas impuestas por los bancos han llevado en muchos casos a tener que soportar otras cargas añadidas.
La organización de las personas afectadas, las movilizaciones y la solidaridad ciudadana están dando lugar a resultados positivos, aunque todavía insuficientes. Todo ello ha servido para sensibilizar a la sociedad, que en amplios sectores percibe los desahucios como un problema prioritario. El éxito de la iniciativa popular legislativa que ha promovida la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) lo ha puesto de manifiesto. Ha obligado a cambiar al PP en la intención inicial de bloquear su tramitación parlamentaria, aunque lo haya hecho por pura demagogia. También ha sido un éxito que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya considerado que la legislación hipotecaria española es injusta y abusiva.
La cosa, sin embargo, está más que enrevesada. El PP está mareando la perdiz sobre el contenido de la iniciativa popular legislativa, negándose a reconocer hasta la dación en pago, que es la propuesta más moderada de dicha iniciativa. La presión ciudadana y de la propia PAH ha llevado a que se esté señalando a representantes del PP en las instituciones públicas. Es el llamado escrache. Una forma de denuncia surgida en Argentina contra las personas involucradas en la violación de los derechos humanos durante la dictadura militar y extendida también por otros países del Cono Sur americano. La intención primordial es visibilizar en la protesta ciudadana a quienes, por distintas razones, quedan impunes ante los delitos o fechorías cometidas contra los derechos humanos.
En España los escraches se están dirigiendo contra personas con responsabilidades públicas que directa o indirectamente participan en situaciones injustas y que se muestran insensibles ante un problema de primer orden, como es el derecho a la vivienda, incumplido flagrantemente. Por eso se acude a los domicilios donde viven algunas de esas personas, donde tienen lugar concentraciones y actos de denuncia.
La reacción en el PP es de victimismo. La de los medios de comunicación próximos al gobierno y a dicho partido, que son la mayoría, está siendo la de criminalizar a las personas que participan en los escraches. Lo más moderado que se ha dicho de ellas ha sido la acusación de acoso e intimidación. Pero no han faltado las calificaciones de "violentos", "terroristas", "nazis", "fascistas"... La presidenta de la PAH, Ada Colau, está recibiendo de lo lindo en esta campaña difamatoria.
Lo último ha sido la orden gubernamental para que la policía actúe contra las personas que acuden a las convocatorias de escraches. Los sindicatos policiales han puesto el grito en el cielo. La asociación Jueces por la Democracia, por su parte, habla de una medida desproporcionada. Los gobiernos vasco (PNV) y catalán (CiU) han anunciado que no van ordenar a sus respectivas policías autonómicas que cumplan la orden gubernativa. La PAH, en fin, ha anunciado que continuará con las movilizaciones. Porque se sigue echando a la gente de sus casas, porque quienes son responsables siguen impunes y porque quienes gobiernan lo siguen permitiendo.
La polémica sigue servida. Los derechos humanos, mientras tanto, están en el alero. ¿Cómo quedará la cosa?
