El primero, el de María Salmerón, al quien hace unos días me referí por habérsele denegado el indulto y a la que se acaba de instar que entre en prisión en el plazo de dos semanas. Condenada por defender a su hija ante una decisión judicial que le obligaba a visitar a su padre, éste, que había sido condenado por malos tratos, nunca entró en prisión. A eso hay que añadir que con la ley actual no se podría obligar a que un hijo o una hija de una mujer maltratada visitara a su padre, por lo que el motivo de la condena habría desaparecido.
El segundo ejemplo tiene que ver con Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, miembros del gobierno municipal por Ahora Madrid entre 2015 y 2019 que fueron denunciados por el PP madrileño bajo la acusación de malversación de fondos públicos y prevaricación. Ante las sospechas de corrupción en la gestión llevada a cabo durante el mandato municipal Alberto Ruiz Gallardón en el Open der Tenis de la capital, encargaron unos informes jurídicos externos. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha exonerado a Mayer y Sánchez Mato, considerando que "actuaron con la única finalidad de proteger los intereses públicos" y, además, ha determinado que desde el PP se ha actuado con "temeridad y mala fe", por lo que tiene pagar las costas del procedimiento.
Y son sólo dos ejemplos.
