Hace 40
años, el 1 de febrero de 1980, murió asesinada en Madrid Yolanda González. Militante
del Partido Socialista de los Trabajadores y líder en el sector de la enseñanza
media, fue secuestrada, asesinada y abandonada en un descampado por militantes
de extrema derecha, vinculados a Fuerza Nueva, contando con la colaboración de varios miembros de la policía. Unas semanas antes, en diciembre de 1979, habían muerto por
los disparos efectuados por la Policía Nacional los estudiantes universitarios
Emilio Martínez y José Luis Montañés, que estaban participando en una
multitudinaria manifestación en el centro de Madrid. Todo ello ocurrió dentro
de un contexto concreto en el mundo educativo, que coincidió con las protestas
que en el seno del movimiento obrero se estaba dando en torno al Estatuto de
los Trabajadores.
Un contexto
en el que no faltó un ingrediente heredado del franquismo: de un lado, el proceder
de las fuerzas de orden público, comandadas por jefes policiales que hacían de
la violencia su forma principal de disuasión y formadas por unos policías
propensos al conocido como “gatillo fácil”; y de otro, la connivencia existente
entre determinados mando policiales, miembros de los diversos cuerpos policías
y miembros de la judicatura con los grupos de extrema derecha. Las muertes antes
referidas ilustran lo antes dicho.
Veamos cómo
he reflejado lo ocurrido sobre las movilizaciones estudiantiles en Salamanca durante
el último trimestre de 1979 y primeros momentos de 1980, dentro de un trabajo
mío escrito en 2009 (no publicado) y con el título De la lucha política clandestina a la legalidad. El Partido del Trabajo de España y la Joven Guardia Roja en Salamanca (1974-1980).
"Iniciado el
curso académico, la
Universidad volvió a ser centro de actualidad, esta vez con
ocasión de la discusión de dos proyectos de ley educativos, el de autonomía
universitaria (LAU) y el Estatuto de Centros Docentes, que habían presentado
respectivamente los ministros de UCD Luis González Seara, del ala socialdemócrata,
y José Manuel Otero Novas, democristiano. Los dos proyectos intentaban adaptar la educación no universitaria y la universidad al nuevo contexto democrático, si
bien desde un prisma conservador*.
En el caso de la LAU ,
aspectos como el que se abrieran las puertas a las universidades privadas, se
mantuviera la hegemonía de los catedráticos en los claustros, no se diera
satisfacción al problema de los PNNs o no se permitiera una autonomía suficiente
a los centros dieron origen en noviembre a nuevas protestas, sobre todo entre
el estudiantado.
A lo largo
de las semanas anteriores se había creado en buena parte de las facultades de la Universidad
salmantina, a la que sumaron estudiantes de la universidad Pontificia, una
estructura de participación y representación estudiantil basada sobre todo en
las asambleas de curso, cuyos representantes se reunían en una coordinadora de
distrito. Hubo quienes llegaron a desplazarse a Madrid en representación del
distrito. Las asambleas, las reuniones, los escritos públicos, una pegada de
carteles hechos a mano por las calles de la ciudad, etc. fueron muestras de lo
que parecía un renacimiento de las movilizaciones universitarias. Los
institutos de enseñanza media también participaron en las movilizaciones, en
este caso contra el Estatuto de Centros Docentes.
Durante el
mes de diciembre el conflicto tuvo su momento álgido, coincidiendo con las
movilizaciones contra el Estatuto de los Trabajadores promovidas por CCOO y los sindicatos de menor
influencia, como CSUT, SU o CNT. Pero fue con la muerte en Madrid de dos
estudiantes el 13 de diciembre, como consecuencia de la represión policial,
cuando se volvió la situación más tensa. Durante una multitudinaria
manifestación en el centro de Madrid, Emilio Martínez y José Luis Montañés
murieron como consecuencia de los disparos efectuados por la policía nacional.
El gobierno llegó a denunciar en los medios de comunicación que la
responsabilidad de los ocurrido era de la Joven Guardia Roja [organización juvenil
vinculada al Partido del Trabajo de España, que siguió existiendo como tal tras la breve unificación en 1979 de dicho partido con la Organización Revolucionaria de Trabajadores]
y el FRAP [vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista)].
Dada la
cercanía de las vacaciones las protestas se quedaron en asambleas de curso y
facultad, y algunos comunicados en la prensa local de estudiantes de Magisterio,
4º de Historia y Ciencias.
Tras el
paréntesis vacacional se reanudaron las acciones de protesta. Junto a la
convocatoria de una huelga general para el día 29 de enero en todas las universidades, se organizó en Anayita un encierro, convirtiéndose el Aula
Juan de la Enzina
de nuevo en el lugar de celebración de las asambleas del distrito. El día 31 se
celebró una manifestación, en la que varios miles de estudiantes desfilaron por
las calles del centro de la ciudad, pidiendo la dimisión del ministro González
Seara y la retirada de la LAU ,
no faltando el homenaje y la protesta
por los dos estudiantes muertos en el mes anterior. Se llegó incluso a
proyectar la celebración de un acto público en el pabellón de La Alamedilla , que no se
pudo llevar a cabo por la negativa del Ayuntamiento a cederlo. Esto no fue óbice para que la Plaza Mayor fuera
escenario durante la noche del sábado 2 de febrero de unas actividades entre
lúdicas y reivindicativas, organizadas de una forma espontánea tras la
suspensión del acto previsto.
La
participación e influencia de la militancia del Partido de los Trabajadores de
España/Partido de los Trabajadores de Castilla-León fue significativa, tanto
por su presencia como representantes en todos los niveles (curso, facultad o
distrito) como en la estrategia de la lucha llevada a cabo. Maxi y Rafa (en Derecho),
Pedro, (en Físicas), Julio y Jesús (Geografía e Historia), Arturo (en Magisterio),
y José Nieto y Nino (en Medicina) participaron en primera fila. Después de
varios años el PTE se había mostrado por primera vez como un grupo sólido,
maduro y bien organizado, pese a su reducido número. Ya apenas quedaban
militantes del PCE, las Plataformas Anticapitalistas habían desaparecido y la Liga
Comunista Revolucionaria apenas conservaba algunos militantes. La mayor
experiencia y madurez de la militancia del PTE/PTC-L hizo que su trabajo fuera
más influyente. Se llegó a comentar en algunos círculos de estudiantes y hasta
en las mismas asambleas que todo era un montaje de los partidos y sobre todo
del PTE/PTC-L. En parte tenían razón, porque sus planteamientos y su trabajo se
habían dejado sentir, pero sobredimensionaban el número de personas que lo
componían. Veían erróneamente militantes del PTE/PTC-L en un número que podía
recordar los tiempos en que el PCE los tenía por decenas.
En
el caso de los institutos, los miembros de la JGR también estuvieron presentes en las distintas
acciones realizadas, en forma de asambleas, reuniones, actos de protesta, etc.
Finalmente,
el 1 de febrero otra estudiante, Yolanda González, militante del PST y líder en
el sector de la enseñanza media, fue secuestrada y asesinada por militantes de
extrema derecha durante las movilizaciones estudiantiles que continuaron tras
el paréntesis vacacional.
*La Ley General de Educación de 1970 no había resuelto la democratización
de los centros docentes y de las universidades, por lo que fueron los
gobiernos de la UCD los que debieron iniciarla. Ocuparon las carteras de Educación
personas vinculadas a la familia democristiana: Iñigo Cavero y José Manuel
Otero Novas. Desde abril de 1979 se desligó de ese ministerio la Universidad,
que pasó, junto a la investigación, a depender de un ministerio propio, con
González Seara al frente. El proyecto de la LAU acabaría siendo retirado en
1982".
