En mayo del año pasado varios medios conservadores habían lanzado una campaña contra dirigentes estudiantiles, siendo La Razón el diario que llegó más lejos publicando en portada las fotos de varios con el titular "los malos estudiantes agitan la educación". Después, en agosto, sacaron a colación lo que ganaba y lo que tenía José Manuel Sánchez Gordillo. En este año Ada Colau, portavoz de la Plataforma Antidesahucios, tuvo que ver cómo la relacionaban a ella y su movimiento con el "entorno etarra". Hace unas semanas, en Tele 5, Isabel Durán echó en cara a Diego Cañamero que su hermano se había visto favorecido por un piso de protección oficial en El Coronil, municipio donde había sido alcalde. Días pasados ha salido lo del piso de Diego Valderas que habría comprado a una caja de ahorros por un precio inferior al que se lo había ofrecido su anterior propietario, desahuciado por la citada caja de ahorros. En medio de la semana que acaba Esperanza Aguirre metió en un discurso la frase "los EREs de los socialistas y los comunistas". Hace un par de días escuché a Eduardo Garcia Serrano unas diatribas de órdago contra Cañamero y Valderas, diciendo del primero que estaba manipulado por el segundo y de éste que era comunista, capitalista y que actuaba como los tiburones de Wall Street, pidiendo a Cañamero que se dedicara a ocupar el piso de Valderas en vez de fincas... Son ejemplos de cómo se las traen desde la derecha. Ni que decir tiene que todas esas afirmaciones están siendo repetidas machaconamente en los medios de comunicación de la derecha, con el objetivo de que sea parte del argumentario a utilizar por las huestes conservadoras del país. Ya se sabe eso de Goebels: la mentira repetida mil veces, acaba convirtiéndose en verdad. ¿Que pretendía La Razón, por ejemplo, con quienes habían convocado una huelga general en la educación en 2012? Su desprestigio como estudiantes y su crimininalización por rojos. Curiosamente, hace unas semanas el profesor Pablo Iglesias puso en evidencia a Francisco Marhuenda, director de ese periódico y también profesor en la Universidad Juan Carlos I, cuando le preguntó acerca del número de matrículas que había obtenido en su carrera y el porqué de que se desconozcan sus méritos como investigador. Su respuesta fue un sospechoso silencio.
¿Qué grado de riqueza tienen Sánchez Gordillo y Cañamero? Los dos son perfectos modelos de desprendimiento. Modelos de austeridad, solidaridad y entrega a la gente. El primero -antes, como maestro, y ahora, como jubilado- no ha dejado de poner a disposición de la gente de su pueblo y de su sindicato parte de lo que gana. El segundo no es más que un humilde jornalero, sometido, por tanto, a las leyes de la precariedad crónica. El beneficio de su hermano, también jornalero, obteniendo una vivienda es el de cientos de familias de El Coronil, donde el ayuntamiento se dedicó a construir viviendas sin ánimo de lucro para quienes poco o nada tienen. Y es que todas estas cosas duelen, porque rompen con la ideología dominante del beneficio personal a costa de la explotación ajena.
Valderas ha desmentido lo que se dice de él, negando que nadie le ofreciera el piso que acabó comprando. En este caso sería bueno que saliera a la luz quien haya realizado la acusación. Sorprende, no obstante, que no haya ocurrido. De lo contrario, habría que sospechar de unan burda manipulación y una nueva calumnia. De hecho Ada Colau dijo desde el primer momento que esa acusación le sonaba al inicio de una campaña de desprestigio. Ella, como ya se ha dicho antes, sabe de lo que está hablando. A Valderas le corresponde sufrir ataques personales teniendo en cuenta que, como vicepresidente de la Junta de Andalucía y cabeza visible de IU en esa comunidad, está relacionado con el decreto antidesahucios, el primero de esa naturaleza, y -quién sabe- la puesta en práctica de medidas contrarias a los intereses oligárquicos.
En cuanto a los EREs, resulta evidente que la trama de corrupción creada en determinados sectores del PSOE, la UGT, funcionariado y empresariado para beneficiarse de fondos públicos es uno de los puntos más vulnerables del PSOE andaluz y la Junta de Andalucía. Pero, ojo, la responsabilidad pertenece a los sectores antes mencionados. Desde el primer momento IU tuvo claro que debía formarse una comisión de investigación, cosa que se hizo, y cuyas conclusiones han resultado fallidas porque tanto el propio PSOE como el PP, ex aequo, lo han preferido así, aunque por motivaciones diferentes. IU es consciente que lo que tenga que salir judicialmente, lo tendrá con todas las consecuencias, pero, mientras tanto, se siembra la duda.
