"Lo que hay aquí es un mensaje para todos los jueces: se le dice que la interpretación de la jurisprudencia puede dar lugar a prevaricación". Así se ha manifestado hoy en el diario Público José Antonio Martín Pallín, antiguo magistrado del Tribunal Supremo. Hace unos días me preguntaba qué es eso de prevaricar, si por ello se entiende decidir sobre la intencionalidad injusta de quien emite una sentencia. Cuando dentro de un tribunal hay valoraciones diferentes sobre un asunto o cuando se están emitiendo sentencias tan diferentes entre unas instancias y otras, me pregunto dónde está el error y dónde la prevaricación. Me pregunto si la misma sentencia emitida contra Garzón no podría ser objeto de la misma acusación. ¿Por qué no?
He intentado argumentar en otras ocasiones que el poder judicial tiene un claro carácter político, que las decisiones se toman por personas que, aun teniendo por su formación profesional una consideración de expertas, no son neutrales en ningún momento. Una muestra está en las discrepancias y el vaivén de decisiones que ha habido en el Tribunal Supremo en torno a los casos de Sortu y Bildu. El primero, todavía a la espera de resolverse, y el segundo, habiendo podido concurrir a las elecciones de mayo. Hasta el mismo Garzón, cuando actuó contra la izquierda abertzale, a cuya prensa y dirigentes acusó de estar dentro del entorno de ETA, fue motivo de una fuerte polémica. No hubo críticas, sin embargo, desde quienes ahora han tomado la decisión de condenarlo y apartarlo de su actividad como juez.
La Audiencia Nacional nació en plena Transición para tratar asuntos especiales a los que se incluía fundamentalmente dentro del común denominador de "crimen organizado", pero que tuvo en el llamado terrorismo el primero de sus objetivos. Con el tiempo fueron entrando el narcotráfico o las mafias provenientes del exterior. Me pregunto si lo que ha hecho el juez Garzón investigando en la trama Gürtel no es hacerlo sobre otra forma de crimen organizado. Perfectamente organizado, actuando primero en Madrid y extendiéndose después a Valencia y Baleares. Una trama de criminal donde participan empresarios, cargos políticos, funcionarios, abogados y, quién sabe, por lo que estamos viendo, si también en instancias judiciales. Una trama criminal organizada y dedicada a traficar con dinero público, concesiones administrativas, operaciones fraudulentas y demás operaciones que están permitiendo el enriquecimiento desmesurado de un número importante de personas con el común denominador de su pertenencia al PP. El que fuera fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha sido rotundo en unas declaraciones a elplural.com cuando ha dicho que "Los jueces del Supremo han hecho un gran servicio a la corrupción". Y no se ha quedado ahí, sino que ha calificado la sentencia como "infundada e injusta". Una opinión en la misma línea de Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal, para quien no hay "rastro jurídico de prevaricación".
Juan Carlos Monedero ha sido claro hoy en su artículo "Estofado franquista de juez": "Los delincuentes de cuello blanco conocen bien el sistema en el que han prosperado. Niegan, dilatan -con las posibilidades que da el dinero a menudo obtenido fraudulentamente- los procedimientos hasta lograr la prescripción, buscan encubrir en las urnas los delitos, sobornan o amenazan". Es la ventaja de quienes tienen poder. Ahora, por lo que estamos viendo, acumulando el poder económico, los tres políticos y hasta el ideológico. Directamente o a través de sus voceros son capaces de machacarnos con argumentos aparentemente creíbles y contundentes: que si la decisión ha sido unánime, que si el fin no justifica los medios, que la justicia vale para todo el mundo... Lo dicen quienes van camino de acumular la mayor cantidad de poder habido desde que muriera el dictador. Quienes ahora actúan en nombre de la democracia, cuando otrora lo hacían sin tapujos a sangre y fuego, y vulnerando cualquier garantía de respeto a los derechos.
La sentencia ha sido un claro aviso para navegantes. Y es que las tres imputaciones sobre Garzón no han sido una mera coincidencia. La primera condena ha servido para liberar la presión contra el elevado número de cargos y gente del entorno del PP involucrados en la trama Gürtel . El aperitivo lo tuvimos días pasados con la declaración de "no culpable" en favor de Camps y Costa. Las evidencias de lo que vimos y oímos en el juicio no han significado nada frente a la decisión del jurado. Camps se expone arrogante aquí y allá para dejar constancia ante su gente de lo que él llama inocencia. Que hayamos oído que él estaba en la política para enriquecerse o que se hablara de favores de todo tipo como el que comenta el partido de la jornada, no es motivo de sonrojo para él. Se parece al alumno que, sabiendo todo el mundo que ha copiado en el examen, se vanagloria de haber aprobado.
Pues bien, siguiendo con lo de Garzón, lo que se decida sobre su imputación por querer investigar los delitos contra la humanidad cometidos durante el franquismo, va a resultar de menor importancia. Por una razón clara: ya ha sido apartado como juez. Para Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal, "el Supremo necesitaba una sentencia condenatoria antes de la causa de la memoria histórica y, aunque está completamente fuera de lugar, la de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde el punto de vista técnico".
La sensación de mucha gente -no sé cuánta, la verdad- es que esto no va a acabar aquí y que nos esperan tiempos muy duros. El fascismo fue derrotado en Europa hace más de seis décadas. Aquí, en España, no lo fue.
