Joaquín Urías y el desprestigio del Tribunal Constitucional

Llevaba tiempo sin leer a Joaquín Urías, actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y que con anterioridad llegó a ser letrado del Tribunal Constitucional. En alguna ocasión ya me he referido a él,  resaltando algunos de sus artículos y los argumentos que expone. En todo caso, estamos ante un jurista que por su formación y experiencia conoce a fondo la citada institución. 

Hace un par de días la revista digital ctxt publicó un artículo suyo con el título "¿Qué está pasando con el Tribunal Constitucional?". Su contenido es muy duro. Y no con el órgano en sí, sino con quienes lo conforman en la actualidad y con el rumbo que tomó desde hace un par de décadas, cuando rompió con la trayectoria que había tenido desde que se constituyó allá por el año 1980. 

Eso explica que en una parte del artículo haya escrito lo siguiente: 

"En sus primeras dos décadas de funcionamiento, al tribunal llegaron los mejores juristas del país. Sabios con una trayectoria personal que, por más que se supiera de qué pie cojeaban políticamente, estaban blindados  frente a cualquier presión partidista o gubernamental. Gente preocupada por hacer de España un país de derechos fundamentales e intelectualmente tan honesta que no dudaba en llevarle la contraria al partido que los había elegido si íntimamente entendían que no tenían razón".

¿Y cuándo fue para Urías el punto de inflexión? Es así como lo describe:

"El detonante final fue, sin duda, la sentencia que puso en libertad a toda la Mesa Nacional del partido independentista Herri Batasuna, injustamente encarcelada con la excusa de un vídeo electoral".

Añado por mi parte que dicha sentencia anulaba otra emitida en 1997 por el Tribunal Supremo, que condenó a 7 años de cárcel a las 23 personas que componían el órgano ejecutivo de HB. La acusación fue de colaboración con banda armada, después de que se hubiera difundido en 1996 un vídeo electoral donde aparecían mensajes de portavoces de ETA. Tras 20 meses de cárcel, en 1998 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia, por considerar que se había vulnerado el derecho a la legalidad penal de los acusados, como se reconoce en el artículo  25.1 de la Constitución. 

Desde ese momento, pues, se ha ido produciendo un desmoronamiento progresivo del órgano encargado de la interpretación de la Carta Magna española. De un lado, porque en su elección empezó a primar la fidelidad con los partidos respectivos que los han ido proponiendo. Y de otro, derivado de lo anterior, porque su calidad intelectual ha ido decreciendo:

"Cada vez se eligen magistrados con menos conocimientos jurídicos y más sumisos a sus partidos. Mientras más mediocre es un jurista, más atemorizado vive de perder sus privilegios inmerecidos. Cada vez más magistrados vienen de las filas del Poder Judicial, elegidos entre los jueces más arribistas y con menos visión constitucional en perjuicio de la academia".

Todo esto está conllevando para Urías una pérdida en la calidad jurídica de las sentencias, que a veces resultan disparatadas y a las que se recubre de razonamientos pomposos. Y lo que es peor, el principal resultado es que, como  apunta, se está produciendo un progresivo recorte de algunos derechos fundamentales. Lo ilustra con algunos casos, como la ratificación de las condenas emitidas contra el sindicalista que llamó "puta bandera" a la bandera oficial o contra la concejala que envió un mensaje en una red social alegrándose de la muerte de un torero durante una corrida. 

Su denuncia de la mala calidad jurídica le lleva a decir, con dureza, que 

"Copian los malos hábitos del Tribunal Supremo, acrecentados por la impunidad de quien sabe que no tiene ningún otro poder estatal por encima". 

Y abundando en el proceso de degradación que está sufriendo la institución, Urías menciona la falta de respeto que tienen sobre ella las mismas personas que la componen. Ocurre, por ejemplo, desde el momento en que hacen filtraciones de deliberaciones, borradores, resoluciones o votos particulares. También, cuando  publican los fallos antes que las argumentaciones, como se ha podido ver en la última de las sentencias emitidas, esto es, la relacionada con el recurso contra el estado de alarma aprobado por el Gobierno el año pasado. Sobre esta última llega a decir algo que resulta inaudito y que tiene que ver con la mala calidad jurídica: el error garrafal de referirse a la citada norma como decreto-ley, cuando en realidad se trata de un real decreto. No le falta tampoco recordar, como otro caso de desprestigio, la presencia actual de magistrados que tienen un mandato caducado, pero que, en vez de dimitir, se aprovechan de la obstrucción llevada a cabo por el PP para la renovación correspondiente del órgano. 

Y para completar el cúmulo de despropósitos, Urías se refiere al eco que tienen en Europa determinadas sentencias, lo que pone de relieve el prestigio, por no decir el desprestigio, que nuestros órganos judiciales y el propio Tribunal Constitucional tienen allende las fronteras:        

"Causa pudor cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ridiculiza a nuestro Constitucional, condenándolo una y otra vez por defender al poder a costa de los derechos".

Es lo que se desprende de condenas por parte del citado TEDH por no haber protegido la libertad de expresión, a las personas que han sufrido torturas, a quienes han ejercido el derecho de desobediencia civil... 

Artículo muy duro, sí, en el que no deja títere con cabeza y que acaba con esta frase/sentencia lapidaria:   

"Eso es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, que lo están destrozando unos magistrados que, en su conjunto, no están ni mucho menos a la altura de la dignidad de su cargo".

Ignacio Camuñas niega el golpe de estado de1936 y Pablo Casado calla

En estos días, coincidiendo con el aniversario del golpe militar, no han faltado  alusiones a lo ocurrido desde el ámbito de la derechona. Para ello están  recurriendo al discurso catastrofista difundido esos años, reiterado y amplificado durante los cuatro décadas de dictadura, y puesto de nuevo en uso desde los años noventa del siglo pasado, cuando un grupo de "historietadores", como los suele denominar Francisco Espinosa, recuperó dicho discurso. 

Ayer tuvo lugar en Ávila la jornada "Concordia, Constitución y Patriotismo", en cuyos actos se abundó sobre el contenido del proyecto de nueva ley de Memoria Democrática, para lo que no faltaron alusiones a la Segunda República y la Guerra Civil. No faltó la presencia de Pablo Casado, que participó en uno de los actos  junto a dos exministros de UCD durante el mandato de Adolfo Suárez, contando, además, con la asistencia del hijo homónimo de éste y del presidente de la Junta de Castilla y León. 

Pues bien, uno de los exministros, Ignacio Camuñas, soltó una perorata que está dando que hablar. Y no tanto porque lo dicho fuera sorprendente como por lo revelador del estado mental en que se encuentra la derechona española. No está de más recordar que ese señor estuvo en 2014 entre los fundadores de Vox , si bien su paso por ese partido fue efímero.

Camuñas habló, Casado calló y de pasó anunció ir a degüello contra la ley de Memoria Democrática preparada por el gobierno de coalición. Estas fueron, en fin, las palabras, del exministro:    

   

"La Guerra Civil fue el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable directamente, es el Gobierno de la República. Y un golpe de estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinan otros muchos historiadores, porque no quiero debatir sobre esta cuestión y menos esta mañana. Pero creo que fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de lo que es una guerra civil. Y por eso es menester -y creo que es mejor- olvidar en ese sentido el pasado y no seguir hurgando y pretendiendo que... poco menos que la derecha es la culpable del 36 y la culpable de la Guerra Civil. ¡Eso es mentira!... a mi juicio. Y, por tanto, hay que responder también a la izquierda en ese terreno. 'Mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el Gobierno de la República y porque la República ¡fue un fracaso!".

Es evidente que la derechona está envalentonada. En el  presente está centrada en desacreditar al actual Gobierno poniendo el acento en tres focos: calificarlo como ilegítimo, oponerse prácticamente a todas las medidas que está poniendo en práctica y hacer uso de los sectores del aparato judicial que le son afines. Nada nuevo si lo comparamos con lo ocurrido durante la Segunda República, tanto en el periodo reformista, entre abril de 1931 y noviembre de 1933, como en el del Frente Popular, entre febrero y julio de 1936. La diferencia principal estriba en que entonces se pusieron en marcha sendas conspiraciones militares: la primera, fracasada en agosto de 1932; y la segunda, entre los días 17 y 18 de julio de 1936, que acabó desembocando en una guerra. 

Es verdad que no son tiempos de militares activos en busca del poder a cualquier precio, pero sí lo son de puesta en práctica de otras formas de intentar desbancar del gobierno como sea a quienes lo están ocupando legítimamente. 

Estamos viendo en otras latitudes, como América Latina, cómo se despliegan en los medios de comunicación campañas insidiosas contra gobernantes o aspirantes progresistas, se hace uso de la "guerra judicial", se denuncian como fraudulentos resultados electorales limpios..., sin que falte la presión de sectores militares. Basta con mirar a Brasil, Bolivia, Perú... Hasta en EEUU, durante la presidencia de Donald Trump, se anticipó primero un supuesto robo en las elecciones presidenciales de noviembre, se insistió después para no reconocer los resultados habidos, se apeló a ello en enero para provocar el asalto al Capitolio y todavía hoy la mayor parte de quienes votaron republicano sigue defendiendo que hubo dicho robo en las elecciones. 

El negacionismo se ha reinstalado en la derechona. Si entonces los golpistas negaron al enemigo su condición de seres humanos, banalizando la violencia ejercida en su contra, ahora se apela con frecuencia a la concordia o al olvido, y, en última instancia, a su culpabilización. Es lo que hacen cuando niegan el golpe militar, cuando blanquean la dictadura, cuando olvidan y humillan a las víctimas, cuando niegan su reparación...         

“Menos carne. Más vida”: una campaña cargada de razones por el bien de la salud personal y del planeta

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, es el protagonista de un vídeo que forma parte de una campaña lanzada por su ministerio con el título “Menos carne. Másvida”. Se hace eco de las recomendaciones que llevan haciendo desde hace años diversos organismos de salud y de medioambiente, tanto internacionales como españoles, sobre la necesidad de la reducción del consumo de carne en nuestra dieta diaria.

Sentado, con un semblante tranquilo y situado dentro del Jardín Botánico madrileño, a lo largo de seis minutos que dura el vídeo, Garzón va desarrollando  el contenido de su mensaje. Al principio nos advierte con estas palabras: "Estoy preocupado por la salud de nuestra planeta"; para luego ir desentrañando las razones por las que las dice.

La realidad es que en nuestro país hay un consumo excesivo de carne. Estamos a la cabeza de los países de la Unión Europea, más que doblando, con un kilo de carne semanal, lo recomendado por la OMS, que es de 200 a 500 gramos. Eso afecta, especialmente en el caso de las carnes rojas y las procesadas, a nuestra salud personal en forma de enfermedades coronarias o diabetes, entre otras… Y también afecta a la salud del planeta, contribuyendo al efecto invernadero o la desertificación. Por eso vuelve a advertirnos a modo de denuncia: "Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no hay economía y nos lo estamos cargando".

La campaña tiene como objetivo sensibilizar a la población y contribuir a la creación de hábitos de vida saludables. En ningún momento intenta decir que no hay que consumir carne. Tampoco pretende perjudicar al sector ganadero. Otra cosa es que se posiciona contra el modelo de explotación y producción industrial de carne. Todo lo que dice está basado en criterios científicos. Lo que hace, en fin, es un llamamiento a la responsabilidad, individual, familiar y comunitaria.

El  vídeo está tratado con una mezcla de racionalidad en el discurso y de sosiego en la forma de transmitirlo por parte del ministro. Lo que, conociendo la personalidad de Alberto Garzón, concuerda perfectamente. Es así como se pueden entender estas palabras: "No pretendo echar la bronca a nadie, sino reflexionar antes de que el problema se convierta en crónico".

De alucine con el Tribunal Constitucional, tras su sentencia sobre el estado de alarma

Como uno ya está curado de espanto con bastantes de las decisiones que toman jueces o juezas, individualmente, o tribunales, de manera colegiada, el auto emitido hace un par de días por el Tribunal Constitucional, mal que nos pese a mucha gente, no puedo por menos que seguir sintiendo estupor. 

Algunas reflexiones propias

De por medio o, mejor, como motivo se encuentra la declaración mediante decreto-ley del estado de alarma que al principio de la pandemia del COVID-19 tomó el Gobierno. Para ello contó, además, con el apoyo de la mayor parte de los grupos del Congreso, incluidos los de la derechona. Pues bien, el alto tribunal que se dice interpretativo de la Constitución ha considerado que la calificación jurídica aplicada para luchar contra la pandemia, el estado de alarma, no fue la adecuada, sino que debería haber sido otra, la de estado de excepción.

Es cierto, como descargo para una parte de dicho Tribunal, que la decisión ha sido tomada por un margen muy estrecho: 6 contra 5. Es más, de no haber dimitido hace unos meses uno de sus miembros, que era además al que le hubiera correspondido ser ponente y del que se sabe que era partidario de no interferir en la decisión del Gobierno, el resultado habría sido el contrario, ya que el voto de calidad del presidente, que lo hizo en contra, hubiera sido decisivo. Y no estamos  del todo, sensu stricto, ante un episodio entre bloque conservador y/o bloque progresista, pues en su seno se han dividido a la hora de emitir su voto. Así, dos componentes del bloque conservador, uno de ellos el propio presidente, se han posicionado en contra, mientras que ha habido una vocal del progresista que lo ha hecho a favor.  

Se da la circunstancia que la sentencia ha sido consecuencia de un recurso interpuesto por Vox, que consideró que el estado de alarma violaba el derecho fundamental de circulación de las personas. De la decisión del Constitucional se deriva un hecho más que sorprendente y es que el estado de excepción lo que hace es suspender en mayor medida las libertades individuales. Vamos, que es más duro. Y sin embargo, da la razón al mismo partido que votó en primera instancia a favor del estado de alarma y luego se "alarmó" por la falta de libertades. Inaudito.

Hay otro hecho que también me ha llamado la atención: la tardanza en tomar la decisión. Y es que me pregunto si un hecho tan trascendental, como es la calificación de una medida a tomar en una situación de emergencia sanitaria, puede emitirse después de un año y no en el momento. Es más, como de la sentencia se deriva que la medida  a tomar debió ser más dura, ¿a cuento de qué corrige al Gobierno, cuando el instrumento utilizado fue muy útil para cortar la expansión de la pandemia y, sobre todo, el número de muertes? No se colisionó de hecho ningún derecho fundamental, pero se da la razón a Vox, que arguyó que sí.

Y una cosa más: dado que el decreto-ley ha sido declarado anticonstitucional, quedan invalidadas las sanciones que se han aplicado contra quienes lo incumplieron, saltándose el confinamiento establecido. Es decir, se da la razón de hecho a quienes pusieron en peligro con su irresponsabilidad o negligencia la salud de toda una comunidad. Con eso se nos tiene que poner cara de gilipollas a quienes hicimos uso de responsabilidad y solidaridad, que fuimos la mayoría. De paso, de las pocas sanciones impuestas y cobradas, que proporcionalmente no fueron muchas, habrá que tener en cuenta las devoluciones multimillonarias que tendrá que hacer el Estado.  

       

Hasta aquí llego con algunas de mis reflexiones, propias, como ya indiqué antes, de un humilde lego en la materia. Pero veamos qué dicen juristas, sean docentes o profesionales de la Justicia. 

Reflexiones y argumentos de juristas

Para Margarita Robles, que es ministra de Defensa y ha ejercido de magistrada del Tribunal Supremo, hizo en el primer momento unas declaraciones críticas hacia la sentencia, si bien no entrando de fondo en el tema. Entre otras cosas, dijo: "Los debates y elucubraciones doctrinales están muy bien, pero quizás no deberían plasmarse en las sentencias"; "muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social"; "me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en ese debate [y que] durante meses haya estado con filtraciones durante los debates internos"...    

La ministra de Justicia, Pilar Llop, que también es magistrada, ha manifestado su respeto por la sentencia, pero sin compartirla. En su comparecencia ante los medios de comunicación se centró en los efectos prácticos de la media que tomó el Gobierno: "El confinamiento salvo 450.000 vidas en España". Y, a la vez, recordó las medias homólogas tomadas por otros gobiernos de la UE.

Fuera del marco gubernamental, he leído y escuchado argumentos desde otros ámbitos jurídicos. Y en todos los casos se coincide en una cosa: las diferencias entre las calificaciones de estado de alarma y estado de excepción, como se desprende del espíritu con que se redacto la Constitución y luego se recogió en la correspondiente ley orgánica, surgen de su origen. El primero, cuando se produce una catástrofe natural y el segundo, como consecuencia de una alteración grave del orden público. Y la realidad resulta más que evidente: la pandemia, y la consiguiente emergencia sanitaria, se incluye en el primero. Destaco por su interés dos artículos, de Javier Pérez Royo y José Antonio Martín Pallín, que son dos juristas que se prodigan en los medios de comunicación y que suelen hacer gala de un gran rigor en sus análisis. 

José Antonio Martín Pallín, que fue miembro del Tribunal Supremo, en su artículo "El Tribunal Constitucional declara el estado de excepción", publicado ayer en ctxt, parte del contexto en que se tomó la medida por el Gobierno: "El confinamiento domiciliario fue una de las medidas que se acordaron en la mayor parte de los países de la Unión Europea y no conozco que ningún Tribunal Constitucional haya tumbado, sin ningún argumento sólido, una decisión basada en la lógica de las circunstancias".

Considera que, como dice la Constitución, la suspensión del derecho de circulación requiera la declaración del estado de excepción, pero añade que, según el texto de la ley orgánica Reguladora, el estado de excepción sólo puede declararse

"cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fueran insuficientes para restablecerlo y mantenerlo. Por si quedaba alguna duda, la ley establece que esa grave alteración del orden público no procede de un virus, sino de actuaciones de personas que, al margen de la legalidad, provocan alteraciones de la normalidad pública con actuaciones que, en la mayor parte de los casos, pueden ser delictivas".

Por su parte, a Javier Pérez Royo, catedrático ya jubilado de Derecho Constitucional, el contenido de la sentencia le parece "incomprensible en términos jurídicos". Es lo que dice en su artículo publicado ayer en elDiario.es, que lleva por título "Anticonstitucionalidad anunciada e incomprensible". Entre las muchas preguntas que se hace, está la siguiente: "el estado de excepción únicamente puede ser declarado por 30 días y renovado por otros 30, ¿era razonable esperar en marzo de 2020 que en 60 días se habría puesto fin a la emergencia sanitaria y no serían medias adicionales?".

Y llega a una conclusión, que es atrevida por el carácter político que contiene: "Tal vez sea muy mal pensado, pero tengo la impresión de que la mayoría de los magistrados que han dictado esta sentencia han pretendido enviar un doble mensaje: Uno primero a Vox, animándolos a recurrir en el futuro: sois bienvenidos, incluso cuando interponéis un recurso tan  disparatado. El campo lo tenéis abierto. Otro segundo al Gobierno: perded toda esperanza".

Y después de todo, algo preocupante

Volviendo al artículo de Martín Pallín, la reflexión que hace al final de su artículo resulta muy preocupante. Según él, afecta a los mismos fundamentos del sistema parlamentario y más concretamente al principio de división de poderes y el equilibrio que debe haber entre ellos:

"Una vez más, los jueces, en este caso del Tribunal Constitucional, han anulado, de manera injustificada e innecesaria, la labor legislativa refrendada por el Parlamento con una abrumadora mayoría favorable, en principio también la de Vox, y escasas abstenciones, olvidando que el Derecho no lo hacen los jueces. Su labor se limita a interpretarlo con arreglo a los principios generales del Derecho, que marcan la racionalidad que debe imperar en la función jurisdiccional de todos los jueces, también los del Constitucional. La resolución sólo puede traer consecuencias perturbadoras. Los pesos y contrapesos que constituyen la esencia de la democracia y de la división de poderes se han desequilibrado de forma alarmante".    

Post scriptum

En varios medios de comunicación he podido leer esta tarde parte del contenido del voto particular emitido por Cándido Conde-Pump¡do, uno de los cinco magistrados que se han opuesto a la sentencia. Con anterioridad había sido magistrado del Tribunal Supremo e incluso llegó a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Reproduzco dos de los párrafos, que, como puede verse, no tienen desperdicio:

"Constituye una tradición del Tribunal citar la frase del primer presidente, García Pelayo, quien señaló que la función del Tribunal Constitucional es la de resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. La sentencia de la mayoría hace exactamente lo contrario. No resuelve, sino que crea un grave problema político. al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma.

(...)

Proponer que se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos suprimiéndolos en lugar de restringiéndolos y dejando incólumes algunas de sus garantías constitucionales, es no entender el sistema de garantías de derechos fundamentales establecido en nuestra norma fundamental".

Debatir sobre las protestas en Cuba

El debate está servido en torno a la situación que se está viviendo en Cuba en los últimos días. He leído y escuchado mucha información proveniente de distintas fuentes y naturaleza. No voy a entrar en las opiniones que se están vertiendo en la mayor parte de los medios de comunicación, donde abundan argumentos simples y falaces. Me voy a quedar con artículos que, no siendo coincidentes en el diagnóstico de esa situación y siendo a veces antitéticos, aportan luz al debate. Más concretamente propongo la lectura de algunos de ellos, para lo que ofrezco los enlaces correspondientes, lo que no quita que en esta entrada también deje constancia de algunas de sus partes.

“Estamos con Cuba contra el bloqueo y la guerra híbrida de Estados Unidos", carta de 37 intelectuales de EEUU

Se trata de una carta enviada a The New York Review of Books como respuesta a otra que se publicó en dicho diario el 26 de mayo, en la que se afirmaba que el artista cubano Luís Manuel Otero Alcántara había sido detenido "por expresar sus ideas a través de su arte". He aquí algunos de los párrafos de la Carta, publicada el 9-07-2021 en Cuba Información:

"Los abajo firmantes desafiamos a los citados firmantes a que reconsideren su carta, ya que no menciona las supuestas conexiones de Otero Alcántara con el gobierno de Estados Unidos e ignora el contexto crucial que es la actual guerra emprendida por Estados Unidos contra Cuba.

(...)

Otero Alcántara saltó a la fama el pasado mes de noviembre tras liderar otra huelga de hambre para exigir la liberación de su compañero de San Isidro Denis Solís, partidario de Trump y partidario de la anexión de Cuba a Estados Unidos, que había sido condenado a ocho meses de prisión tras gritar insultos homófobos a un agente de policía.

(...)

Creemos que los seres humanos no deben encarcelar a otros seres humanos ni justificamos la represión de ningún gobierno. Pero cuestionamos que se defienda la causa de un supuesto «defensor no violento de los derechos humanos» que aboga abiertamente por el derrocamiento del único gobierno del Caribe que desafía audazmente la hegemonía de Estados Unidos. También rechazamos que se ilumine la dudosa contienda de un individuo cuando deja en la oscuridad todo el contexto político e histórico.

(...)

Esperamos que los firmantes de la carta reconsideren por qué han priorizado este tema por encima de otros (como el impacto del bloqueo estadounidense en el pueblo cubano, incluidos los cubanos negros). Hacer esto abre una brecha entre la gente de color en EE.UU. y los cubanos, a la vez que alimenta una campaña impulsada por Miami para presionar a la administración Biden para que mantenga una política injusta e inhumana de agresión hacia Cuba. Hay casos de activistas de coraje y valientes que han pagado el precio por defender a los más marginados de los más poderosos. Este no es uno de ellos". 

“Joven cubana no aguantó más y explotó en Facebook”, de Arianna Álvarez Ávalo

Se trata de un texto publicado en Facebook por una profesora de clarinete en la Universidad de las Artes de Cuba y que fue reproducido en varios medios digitales. Uno de ellos, el semanario colombiano Voz, lo hizo el 12-07-2021, y hoy puede leerse en Rebelión. El escrito es una reacción contra una de los mensajes que se difundieron masivamente en Cuba en el primer momento por las plataformas digitales y que no era otra cosa que la demanda de una "intervención humanitaria". Entre lo que puede leerse se encuentran cosas como éstas: 

"¿Dónde estaban los que unen las palabras 'ayuda y 'humanitaria' cuando Estados Unidos prohibió la entrada de un buque proveniente de China con insumos para enfrentar la Covid y ayudar al pueblo cubano? ¿Dónde estaban cuando Trump prohibió la ayuda monetaria a las familias en la isla, cuando recrudeció una política inhumana en medio de una crisis mundial y una enfermedad mortal, cuando prohibió la compra de ventiladores a empresas norteamericanas, cuando dejó barcos de petróleos en el mar? ¿Dónde estaban cuando más el pueblo los necesitó? La principal ayuda humanitaria para todos los cubanos sería la eliminación total del Bloqueo. Si no estás de acuerdo no eres humano, ni quieres ayudar a nadie. Casualmente son los mismos que pusieron el grito en el cielo cuando Cuba ayudó al buque Inglés porque nadie más quiso hacerlo…

(...)

Me niego a ser utilizada. Toda la ayuda es bienvenida y el agradecimiento será eterno. La solidaridad de los grupos que se encuentran en el exterior y que no han parado de buscar las vías para enviarnos insumos son la verdadera ayuda humanitaria, son el único corredor humanitario que ha existido hasta la fecha. Las organizaciones están, las vías están, los mecanismos existen, la intención está. Si quieren ayudar a sus hermanos cubanos háganlo de corazón y desinteresadamente como solo puede ser la verdadera solidaridad. Cuba necesita de todos pero para hacer por ella. Dejen de figurar en redes que aquí hay vidas que salvar".

“Cuba, el bloqueo y la crisis”, de Atilio A. Boron

El conocido profesor y politólogo argentino ha sido uno de los primeros intelectuales no cubanos en reaccionar, mostrando su solidaridad con la revolución cubana e intentando analizar la situación por la que está pasando la población de la Isla. El pasado 13-07-2021 el periódico argentino Página 12 publicó un artículo suyo, reproducido en numerosos medios digitales, donde pone de relieve lo que supone el bloqueo de sesenta años y las acciones de última hora llevadas a cabo a través de las redes sociales, pero sin olvidar tampoco los errores cometidos por las autoridades cubanas.

"Lo que Washington ha estado haciendo se llama genocidio porque el bloqueo, condenado casi con absoluta unanimidad por la comunidad internacional, provoca enormes sufrimientos en la población. Esas políticas matan, enferman, provocan hambre y privaciones indecibles. Son, en pocas palabras, un crimen de lesa humanidad. Estados Unidos fue preparando el terreno para el asalto actual en los últimos años, con un bombardeo sistemático, multimillonario, comprando endebles o ambiciosas voluntades, apelando a las redes sociales y sus fatídicos algoritmos, las 'fake news' y el coro formado por su peonada de politiqueros de pacotilla y pérfidos agentes de propaganda disfrazados de 'periodistas serios e independientes'. Con una maldad inconmensurable Washington intensificó las medidas del bloqueo cuando estalló la pandemia, gesto que es suficiente para desnudar el infamia moral del imperio, su verdadera naturaleza.

Algunas protestas actuales son comprensibles; otras, probablemente la mayoría, son producto de los dineros y la enorme campaña de desestabilización urdida por la Casa Blanca. Si bien tienen una magnitud muchísimo menor de lo que dice la corrupta prensa hegemónica, la dirigencia de la Revolución se hizo cargo de las mismas y explicó la génesis de esos padecimientos que movilizaron a las calles a pocos cientos de cubanas y cubanos. Que ha habido errores de gestión macroeconómica; o que las recientes medidas de la unificación cambiaria fueron inoportunas, tal vez tardías; o que los precios relativos se descuadraron considerablemente es indudable. Pero sería absolutamente incorrecto tratar de explicar esos problemas y la reacción de algunos sectores sociales ante ellos sin tomar en cuenta los desquiciantes efectos de un bloqueo que se extiende por seis décadas. He visto y oído estos días a sesudos analistas hablar de los problemas de la economía cubana sin pronunciar ni una sola vez la palabra 'bloqueo'".

“Unas palabras sobre la Cuba de los humildes”, de Wilder Pérez Varona

El autor es un investigador y marxista cubano, que vive en la isla caribeña. El artículo fue publicado originalmente el 13-07-2021 en el blog La Cosa, del también cubano Julio César Guanche, y ayer mismo lo hizo la revista ctxt. Se trata de un texto crítico hacia las autoridades cubanas, basándose en el principio de la soberanía popular y el derecho a equivocarse, pero deslindándolo de la injerencia estadounidense.  

"La soberanía es, ante todo, soberanía de la nación, del pueblo como soberano. Por avatares ideológicos, el discurso político y el sentido común de cubanas y cubanos han delegado esa soberanía en el Estado. La soberanía es identificada al Estado soberano, a la independencia política del Estado nacional, a su autodeterminación respecto a la injerencia extranjera. Sobre todo, de los Estado Unidos.

Para el gobierno cubano, se trata de provocadores, provocados y confundidos por la crisis inducida y por los posts, tweets y dinero de agentes del imperio yanqui. Portavoces y acólitos del vecino del Norte quieren ver en las protestas el cumplimiento tan dilatado de sus profecías de insostenibilidad, y gritos desesperados de auxilio (de intervención militar en forma de “ayuda humanitaria”).

(...)

La gramática de las protestas es compleja y diversa, como lo son sus causas. Aún más, si es ahogada por la policía y el apagón digital, por un lado, y por la vociferación en redes y canales, por otro. Esa polifonía popular puede y debe ser más que un balbuceo confuso y violento si tiene la posibilidad de organizar su propia voz, de hablar sus propias demandas, en su propio lenguaje.

(...)

El gobierno que dice representarle haría bien en dar una muestra inusual de humildad y dejar que los descendientes de 1961, por fin, hagan suya su herencia. A la postre, esta apropiación, esta capacidad popular de hacer política a su imagen, siempre fue la única garantía contra el imperio del Norte".

“Fiesta y velorio en La Habana”, de Alejandro Hernández

El autor es un escritor y guionista cubano que lleva residiendo en España desde  el año 2000. El contenido del artículo, publicado ayer, 14-07-2021, en infoLibre, supone una dura crítica al régimen cubano, al que descalifica con contundencia. El título alude a unas palabras pronunciadas a mediados de los años 90 por el escritor cubano Humberto Arenal.  

"Me pareció [el título] una metáfora perfecta para definir una sociedad donde la desconexión entre la realidad de la calle y la propaganda oficial era, y sigue siendo, cada vez más abismal. Esas dos visiones, una llena de triunfalismo y la otra de desencanto, han convivido durante décadas sujetas por el miedo: la del oficialismo a reconocer que la Revolución mítica ha derivado en una dictadura bananera, la de los desencantados, a hacer públicas sus ganas de cambio. Salvo excepciones (periodistas independientes, Damas de Blanco, opositores y últimamente artistas plásticos) la inmensa mayoría de los cubanos ha canalizado su descontento marchándose del país o desahogándose en la intimidad de la familia y los amigos.

(...)

Para el gobierno, los miles de cubanos que salieron a manifestarse el domingo son solo eso: marionetas del imperio, mercenarios que sirven a un plan diabólico para destruir un estado soberano. Eso son las abuelas y madres del domingo, tan bien pagadas por el imperio que no tienen un mísero dólar (en pesos cubanos no se encuentra nada que comer) para alimentar a sus hijos y nietos. Es el hambre lo que rompe las costuras del miedo.

(...)

No, no es el imperialismo. No es Norteamérica y su estúpida política de mantener un embargo que ha sido el mejor regalo de la Revolución. Porque le ha permitido maquillar sus fracasos y esconder su propia deriva autodestructiva. No fue el embargo el que acabó con la agricultura cubana, fue una decisión de Fidel Castro, empeñado en hacer la guerra a los propietarios de tierras, y confiscó la inmensa mayoría para imponer planes absurdos que arrasaron los campos y han convertido a la isla en un erial. No es el embargo quien prohíbe a un arquitecto cubano constituir una empresa para desarrollar su talento. No es el embargo quien impide a los artistas montar galerías o compañías de teatro, no es el embargo quien prohíbe tener una imprenta o un cine, o una fábrica de baterías artesanas que el ingenio produce de forma clandestina. No es el embargo quien me impide a mí publicar este artículo en un periódico cubano. 

(...)

El miedo a cualquier cambio les ha llevado a un inmovilismo suicida que, para desgracia suya, ha terminado anulando el miedo del pueblo a expresar su hartazgo. Y ese es el verdadero cambio. Porque la fiesta ya no va de una orquesta que toca y gente bailando con cara de sumisión. Alguien ha encendido las luces y de repente todos, hasta los violinistas, han visto un salón que se cae a pedazos. Unas ventanas rotas. Unas cortinas rasgadas. Y caras de enfado, de rabia, de desolación. La fiesta ha terminado mostrando su realidad de velorio. Y ante eso, o salen todos despavoridos, o buscamos la forma de evitar que nos sepulten los escombros".

“Cuba hoy: Patria, pueblo y soberanía”, de Julio César Guanche

Este artículo del ensayista e investigador cubano apareció el 14-07-2021 en su propio blog, La Cosa. En la línea de Wilder Pérez Varona, aunque más concreto, apunta a la soberanía popular, rechazando la deslegitimación y represión de las protestas, como un derecho inalienable. A la vez, deslinda buena parte de esas protestas del papel de injerencia que está jugando EEUU.

"El derecho de resistencia se regula 'contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución', e incluye todas las vías. Por ser un recurso extremo, requiere el empleo previo de otros recursos.

El primero es buscarle soluciones políticas a la protesta. Luego, declarar el estado de emergencia con garantías para los derechos fundamentales. Saltarse todo eso, y pretender sin más el 'derecho de resistencia' sería un uso ilegítimo, y plantearía un escenario completamente trágico para la nación.

(…)

Existe un llamado a la intervención estadunidense por partes del sector extremista del exilio cubano. Pagan por acciones violentas, producen a conciencia noticias falsas, incentivan a incendiar, saquear bienes, matar policías y a 'poner el cuerpo' desde la trinchera de sus teléfonos. Cualquiera sea el resultado de esta situación, y de lo que se sufra en Cuba, van a seguir en su lugar.

(…)

El hecho de la intervención en sí es absolutamente inaceptable, pero más allá de su posibilidad real, la mera percepción de la amenaza de intervención incentiva el cierre de todo el campo posible de críticas hacia lo interno, y lo traslada hacia la defensa compacta de la nación, con justo derecho.

Cuba tiene un serio problema con la política estadunidense, pero también tiene problemas consigo misma y es imprescindible abrir el espacio para encararlos.

(…)

El presidente Biden ha continuado la política de sanciones, y no la ha modificado incluso en medio de la fase más grave de la pandemia. La política de bloqueo es una afrenta a la nación cubana, por ser de orden estrictamente colonial, y es un crimen contra el pueblo cubano.

(...)

El que piense que esta situación empieza y termina aquí, o que solo se explica por el 'golpe blando', confunde el centro del problema.

(…)

Se pueden y deben hacer algunas cosas ahora mismo. Comparto las siguientes desde la urgencia y la necesidad de ser útil, seguramente insuficientes, pero no irrelevantes.

Detener de inmediato toda represión policial sobre población desarmada, que se exprese pacíficamente. Contener con normas de proporcionalidad, y reglas claras de responsabilidad, las acciones violentas civiles contra personas y bienes. Prohibir el uso de armas letales excepto en caso inminente de peligro de muerte para cualquier persona. Ningún militar vestido de civil en la calle. Ninguna convocatoria a centros de trabajo, unidades del servicio militar, etc., a participar de respuestas violentas contra protestas.

Asimismo, procesar solo a personas que hayan cometido delitos graves sobre otras personas o bienes (…). Promesa, con garantías, de revisar la actuación policial con sanción firme para casos de excesos (…).

También, adelanto urgente del plan legislativo de todas las leyes pendientes relacionadas con derechos civiles y políticos. Aceleración y puesta en práctica inmediata, con información precisa de sus cronogramas, de medidas de beneficio popular".  

Se está aprovechando la pandemia del COVID-19 para acabar con la revolución cubana

Qué fácil resulta sumarse al coro de críticas furibundas, cuando no de criminalización, hacia el gobierno cubano y, como consecuencia, de la revolución. La mayor parte de los medios de comunicación han resaltado las manifestaciones habidas en varias ciudades del país demandando libertad y protestando por la situación económica y sanitaria. En la información que están suministrando se ha sobredimensionado el número de participantes y se han volcado en hacer ver que la respuesta dada por las autoridades y buena parte de la población supone una muestra de la violencia con que se emplea la dictadura.

Es cierto que Cuba está pasando por un mal momento en lo económico y lo sanitario. Hay aspectos que tienen que ver con errores propios, como por ejemplo, las medidas relacionadas con la unificación cambiaria e incluso en algunos de los precios. Por otro lado, la pandemia del COVID-19 está haciendo estragos en la economía y de una manera especial en el sector turístico. La caída drástica en la afluencia de turistas ha supuesto la pérdida de la principal fuente de divisas. Y a ello se une las dificultades para conseguir recursos de todo tipo, como equipamientos, recambios  y material sanitario.

Pero la clave de la situación se encuentra en el bloqueo que siguen aplicando las autoridades de EEUU contra Cuba. Es algo que tiene ya seis décadas de duración, pero que se ha intensificado en los últimos meses, coincidiendo con la pandemia del COVID-19.  

En el ámbito sanitario no podemos olvidar el elevado nivel de competencia que existe en Cuba. En el caso concreto de la pandemia, los contagios se encuentran entre los niveles más bajos del continente americano e incluso del mundo. Tampoco podemos dejar de lado el papel jugado por sus profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia en el mundo, viajando por varios países para ofrecer su ayuda y su experiencia. Lo han hecho con países pobres o en vías de desarrollo, pero no ha faltado su presencia en Italia cuando el país europeo sufrió el año pasado una situación de extrema gravedad por la pandemia.

Todo esto concuerda con dos hechos de máxima importancia: la existencia de una sanidad universal, que hace que los estándares de salud se sitúen en un nivel elevado, y de una tecnología sanitaria puntera, hasta el punto de haber conseguido crear con éxito dos vacunas, que se están administrando dentro de la disponibilidad del material necesario, en especial las jeringuillas.

Pese a todo ello, se están cargando las tintas sobre la ineficacia de las autoridades cubanas a la hora de combatir la pandemia. Se están centrando  en el repunte de  contagios de las últimas semanas en algunas zonas del país y en los problemas que están teniendo para disponer del material necesario para hacerlos frente. A eso se unen las dificultades de la población para conseguir algunos recursos básicos, incluidos alimentos, o determinados fallos en el suministro eléctrico. Pero se olvidan, por ejemplo, de los efectos de las inclemencias climáticas, como la del último huracán que devastó a parte de la isla. Y, sobre todo, se olvidan de la injerencia de EEUU en las transacciones comerciales entre empresas suministradoras y la administración cubana, teniendo en cuenta que la legislación estadounidense penaliza a las empresas que las lleven a cabo.

Existe información de que buena parte del malestar mostrado por quienes se están manifestando contra el régimen ha sido ocasionado por grupos relacionados con EEUU. Aprovechan las dificultades existentes para combatir al gobierno y acabar con los logros de la Revolución. Disponen de recursos financieros enviados desde EEUU y utilizan en gran medida las plataformas digitales para difundir bulos y crear con ello un clima de confusión. Se están detectando acciones perfectamente orquestadas desde el exterior y difundidas a través de esas plataformas. También, la participación de personas que están siendo pagadas para llevar a cabo acciones en las calles, incluyendo las violentas. 

Cuba está volviendo a ser acosada como no se conocía desde hace tres décadas, cuando la caída de la URSS y del bloque socialista sumió a la isla en un situación límite. A lo largo de la dura década de los noventa, dentro de lo que se conoció como Periodo Especial, sobrevivieron la Revolución y sus logros, caso de la sanidad y la educación universales, la seguridad social, la cultura, el deporte, etc. Con el paso de los años el país se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, con la introducción de algunas reformas, pero manteniendo esos logros.

Actualmente las secuelas de la pandemia universal del COVID-19 se han convertido en la oportunidad que ha encontrado el imperio de EEUU para acabar con lo construido con el esfuerzo colectivo de millones de personas. Cuba se encuentra sufriendo una guerra de nuevo tipo, dentro de lo que se conoce como guerra híbrida. Para ello se emplean nuevas formas de atacar al enemigo, en este caso no tanto militares como de manipulación informativa a través de los medios de comunicación internacionales y las plataformas digitales, pero sin descartar tampoco acciones violentas mediante grupos específicos preparados para tal fin.   

Todo un reto. Pero conociendo al pueblo cubano, la cosa le va a resultar difícil al imperio del norte.                         

La mina de uranio de Retortillo (Salamanca), herida de muerte

Público desvela nuevos datos sobre la fortuna de Juan Carlos I

A última hora de ayer el diario Público sacó la primera parte de una exclusiva con un título elocuente: "El rey Juan Carlos I fraguó su fortuna con la venta de armas junto a Colón de Carvajal y Khashoggi". A lo largo de un extenso reportaje, su autor, Carlos Enrique Bayo, desentraña pormenorizadamente los entresijos de cómo desde finales de la década de los años setenta del siglo pasado el entonces rey de España, hoy rey emérito, empezó a desplegar los hilos de una trama de corrupción. Haciendo valer su posición en la estructura del estado, no faltándole tampoco el prestigio que fueron fabricándole como artífice de la democracia española, encabezó, con la ayuda de "amiguísimos" y "hermanos", una tupida red de intereses personales que lo llevaron a un enriquecimiento desmedido.

Por el reportaje van desfilando personajes como Diego de Prado y Colón de Carvajal, Adnan Khashoggi, Javier de la Rosa o Mario Conde, reyes y miembros de las familias reales de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait y Marruecos, miembros de familias reales europeas destronadas como Zourab Tchokotua, Carlos de Borbón y Dos Sicilias o Simeón de Bulgaria... Y por medio, el petróleo y las armas, las compras, las ventas y las comisiones, las cuentas bancarias y las inversiones... Y también, el paso por distintas cárceles de distintos países de parte de quienes formaron parte de su estado mayor: Prado y Colón de Carvajal, Khashoggi, De la Rosa, Conde...  

Hace años, allá por el año 2000, leí el libro Un rey golpe a golpe. Biografía no autorizada de Juan Carlos de Borbón (San Sebastián, Arakatzen/Ardi Beltza), firmado con el pseudónimo de Patricia Sverlo, que me puso al tanto de lo que por otras vías se rumoreaba y comentaba. El capítulo 14 lleva el título de "La fortuna privada", uno de cuyos epígrafes es "Manuel Prado, el amiguísimo" y el último, "Negocios oscuros", con mención al petróleo, el tráfico de armas, la especulación financiera o los negocios inmobiliarios. El libro se difundió al margen de los circuitos "no oficiales" del mundo del libro, porque hacía mucho daño. Llegó a ilegalizarse la revista Ardi Belza [Oveja Negra], desde la que se publicó, y su director, Pepe Rei sufrió lo indecible, cárcel y multas incluidas, acusado y acosado por pertenecer al "mundo de ETA", con el juez Baltasar Garzón en acción.

Hoy sabemos mucho más que hace dos décadas sobre Juan Carlos I. Hace un año llegó a aparecer un nuevo libro de la autora de Un rey golpe a golpe, esta vez con su nombre real, Rebeca Quintáns, que lleva por título Juan Carlos I. La biografía sin silencios, editado por Akal. A través de algunos medios de comunicación siguen poniéndose al descubierto pormenores de su vida y obra poco (o nada) ejemplares. La renuncia de Juan Carlos de I en 2014 y la huida a Emiratos Árabes el año pasado han sido dos aldabonazos que ha abierto muchos ojos o alertado a quienes lo han elevado a la categoría de mito. 

Y ahora tenemos el reportaje de Público, que marca otro hito en el camino del desentrañamiento de ese mito. Leer la entrega de hoy, y lo que siga después, no deja de ser un ejercicio de cordura...  

La muerte de Samuel, expresión del fascismo heteropatriarcal

Llevo varios días contenido con la muerte de Samuel en A Coruña. Lo que no impide que está cargado de rabia por el tratamiento que se le está dando desde determinados medios, tanto políticos como de comunicación. Se están basando en un aparente secretismo en el seno de la Policía que investiga el caso, en el que, curiosamente, se ha dejado traslucir que no se trataría de un crimen homófobo. Pese a las declaraciones contundentes de las amigas que acompañaban a Samuel. Pese a lo dicho por las  primeras personas que vieron cómo empezaron a golpearlo. Y pese a lo aportado con el paso de los días por más testigos. Ayer pudimos ver las primeras imágenes grabadas por cámaras de seguridad, las cuales, siendo de mala calidad, ponen de manifiesto la alevosía con la que actuaron quienes participaron en la paliza. 

Ayer pude leer que el jefe de policía que está al frente del caso, Pedro Agudo, tuvo en su día relación con Ignacio Cosidó, como jefe de su Gabinete, cuando era director general de Seguridad y con Alberto Fernández Díaz como ministro del Interior. Cosidó, de la "policía patriótica", uno de los acusados en la trama Kitchen. Los tres, miembros del Opus Dei. Ahora me pregunto si ese tratamiento "pudoroso" acerca de que lo de Samuel no sería un crimen homófobo puede tener relación con esto último. Que le llamaran "maricón" cuando fue golpeado por primera vez y que en poco tiempo recibiese una paliza descomunal por parte de una jauría de personas al grito de "¡maricón de mierda!" dice mucho del contexto en el que se produjo la agresión. 

Ha sorprendido a mucha gente, además de la violencia con la que se empleó en Madrid la policía para disolver una concentración de apoyo a Samuel, la celeridad para inculpar a algunas personas, mientras que las detenciones efectuadas en A Coruña han sido posteriores y escasas. Me está sorprendiendo, por otro lado, el secretismo en el seno de la autoridad judicial que instruye el caso. ¿Qué está pasando?, me pregunto. 

No estamos ante un caso aislado. Son muchos los episodios de violencia que se están sucediendo en las últimas semanas contra el conjunto del colectivo LGTBI. Han arreciado desde que su visibilización ha sido mayor y se está en proceso de un reconocimiento legal de sus derechos. Una violencia que corre pareja a la que sufren las mujeres. Violencias, ambas, que son negadas en su naturaleza o minimizadas en su dimensión por determinados grupos políticos, como hace Vox. Violencias que no dejan de ser en el fondo una reacción contra los avances que se siguen dando en materia de reconocimiento y de derechos, y que ponen en entredicho el poder del sistema heteropatriarcal. Violencias que son expresión, en fin, del fascismo heteropatriarcal.  

Consumo de carne: la razón de Alberto Garzón frente a la sinrazón del PSOE y el PP

Como era de esperar, en el PP han salido en tromba para criticar la polémica surgida ayer sobre el consumo de carne. Y más allá de la esperable apelación a eso de "quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer" o de ser un episodio más del "gobierno socialcomunista", los argumentos que han dado ponen de manifiesto una ignorancia supina sobre la realidad. 

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Pablo Casado, que, entre otras cosas (o sandeces),  se ha referido al derecho a comer carne que tienen las personas con mayor vulnerabilidad alimentaria. Dicho así, podría considerarse que entre esas personas existen dificultades para acceder a la ingesta de proteínas y especialmente las de procedencia animal. Se trata de un argumento falso y falaz. Se sabe de la correlación existente, en mayor medida entre los grupos de edad más jóvenes, entre la obesidad y el consumo de alimentos con ingredientes animales que son de baja calidad nutritiva y tienen un exceso de grasas.

Por otro lado, en el PSOE y en alguna integrante del Gobierno de ese partido siguen sin enterarse de qué va la cosa, más allá de querer evitar las críticas procedentes de los sectores ganadero y cárnico. Así, la ministra de Sanidad se ha referido a la necesidad de hacer propuestas en positivo, como si lo dicho ayer por Alberto Garzón acerca de la dieta mediterránea no lo fuera. Mientras que la portavoz del Gobierno ha intentado echar balones fuera sobre la polémica surgida en el seno del propio órgano ejecutivo.   

No han tenido en cuenta, sin embargo, las recomendaciones que sobre el consumo excesivo de carne han realizado organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición o la Fundación Española de la Nutrición. Como tampoco lo han hecho a las advertencias de los  grupos ecologistas, que llevan muchos años poniendo el foco en el actual modelo de obtención de ese tipo de alimentos como uno de los causantes del efecto invernadero. Desde Greenpeace se ha tachado de irresponsable la alusión de Pedro Sánchez a lo del chuletón a punto". Y por parte de Ecologistas en Acción se ha señalado directamente a la ganadería industrial como el problema.  

Lo que se pretende desde el ministerio de Consumo no es algo ajeno a lo que en su día firmaron el PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de gobierno. A lo largo de su texto hay varias e importantes alusiones a aspectos como la seguridad alimentaria, la lucha contra la comida basura, la sostenibilidad agroalimentaria o el desarrollo de hábitos saludables. Incluso hace un par de meses el propio presidente del Gobierno, durante la presentación de la estrategia España 2050, hizo referencia, entre otras propuestas, a la progresiva reducción del consumo de carne.   

Pretender negar esas evidencias no es otra cosa que agravar la situación en sus vertientes de salud pública y de futuro del planeta. Si por parte de quienes tienen relación con el PSOE se ha hecho un ejercicio de irresponsabilidad, lo que corresponde a la dirigencia del PP supone una aberración más entre tantas.