En el
pasado mes el Tribunal Constitucional emitió una sentencia mediante la cual ratificó
la parte de la reforma laboral que califica como despido objetivo las ausencias
intermitentes al trabajo aun cuando estén justificadas, entre las cuales se
encuentran las bajas por enfermedad. La modificación que en 2015 se hizo del
artículo 52c del Estatuto de los Trabajadores está suponiendo que muchas
personas afectadas por algún tipo de enfermedad se vean obligadas a reincorporarse
al trabajo, ante el riesgo de despido.
Estamos
ante una clara regresión en los derechos sociales, con origen en la reforma
laboral aprobada a instancias del PP en 2102, pero en este caso ratificada por
un órgano político-judicial que está en manos (mentes, en realidad) conservadoras.
Este
atropello en los derechos contraviene los acuerdos internacionales, como es el
caso del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo
6.1. establece claramente lo siguiente: “La ausencia temporal del trabajo por
motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de
terminación de la relación de trabajo”.
La reacción
de los sindicatos no se ha hecho esperar, hasta el punto que CCOO ha lanzado la campaña #27N
#NoAlDespidoPorEnfermar y junto a UGT ha convocado
una jornada de movilización para el 27 de noviembre.
