Ha
publicado hoy eldiario.es un artículo de Javier Pérez
Royo que no tiene desperdicio: “El
estatus jurídico de Puigdemont tras la decisión del Tribunal Superior de
Schleswig-Holstein”. Veamos, a través de algunas frases, cómo ha
argumentado su posición:
“[el
juez Llarena] únicamente puede proceder contra él por aquellos delitos por los
que puede exigírsele responsabilidad penal. Y entre esos delitos ya no está la
rebelión, la sedición, los desórdenes públicos o la corrupción”.
“La
decisión adoptada en el día de ayer por el Tribunal Superior de Justicia de
Schleswig-Holstein [es] firme, vinculante para los ‘tribunales
españoles’".
“Puigdemont
únicamente puede ser procesado en España por el delito de malversación”
“puede
volver a España cuando quiera sin que pueda ser procesado por los cuatro
delitos enumerados en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de
Schleswig-Holstein”.
“El
juez instructor del Tribunal Supremo al dictar la euroorden en los términos que
lo hizo, sometió la calificación jurídica de la conducta de Carles Puigdemont a
la decisión del juez europeo que tuviera que dar respuesta a lo solicitado en
dicha euroorden”.
“Lo
procedente en este momento sería que la Fiscalía General del Estado acordara
retirar la acusación por rebelión contra todos los querellados, que solicitara
el levantamiento de las medidas cautelares y que instara el desistimiento por
parte del Tribunal Supremo y el traslado de la causa al Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, que es de donde no debería haber salido”.
Su
conclusión, que creo muy prudente y quizás en exceso, es que todo ha sido “un
disparate desde el principio”.
Pérez Royo pone al descubierto el ridículo hecho por la justicia española en las
personas de la jueza Carmen Lamela y, especialmente, del juez Pablo Llarena. La
primera, como pionera en las acusaciones y encarcelamiento en relación al procès catalán
y el segundo, porque continuó en esa línea y, llegado el momento, inició su
periplo por la justicia europea.
Dadas
las acusaciones tan graves y las consecuencias que se derivaron, la situación
actual pone al descubierto que la actuación de dichas personas, miembros de la
judicatura española, han provocado un daño terrible a quienes están sufriendo
prisión o decidieron en su día refugiarse en otros países. Pone en
evidencia también el proceder del juez Llarena en el ámbito de la justicia
europea, donde ha errado, tanto en Bélgica como en Alemania, en el intento por
convencer acerca de los graves delitos rebelión, sedición, desórdenes
públicos y corrupción. Y de paso, añado yo, pone en entredicho el grado de
credibilidad de la justicia española.
