Un ataque de locura contra el sistema

Estamos en un país donde la presión fiscal y la progresividad están por debajo de la media europea; a lo largo del último cuarto de siglo se han privatizado empresas públicas, bastante de ellas rentables (Telefónica, Repsol, Argentaria...) y en su mayoría a precio de saldo; existe una bolsa de fraude fiscal y a la seguridad social de una cuantía elevada, pero difícil de precisar, vinculada a la economía sumergida donde no se declaran ingresos, se trabaja sin contrato, se hacen transacciones en negro, se blanquean capitales de origen delictivo...; hay sectores, como la educación, los servicios sociales, la sanidad o los transportes, donde las administraciones públicas financian a empresas privadas para ofrecer sus servicios; existen sueldos de numerosos cargos públicos que son desorbitados; es frecuente que dispongan de una red de cargos de confianza y puestos ficticios para personal de los partidos políticos, sobre todo de los mayoritarios; hay instituciones de dudosa utilidad, como el Senado o las diputaciones; no hay un control de las rentas relacionadas con los miembros de la Casa Real, de la que se sabe que tiene un patrimonio elevadísimo y además recibe cuantiosas asignaciones del estado; numerosos cargos públicos simultanean varios ingresos relacionados con su actividad política y en otros muchos casos los simultanean con ingresos privados; la Iglesia Católica recibe cuantiosas y variadas subvenciones y exenciones discales...

Se habla mucho de reducir el déficit público. Es casi una cantinela y más las medidas que proponen el pepé y el pesoe. El primero, descaradamente neoliberales y el segundo, que ya las ha tomado, intentando despistar con un toque socialdemócrata para ganar votos o perderlos menos. Un déficit público que, por cierto, no es de los más elevados de los países occidentales y que está por debajo del déficit privado. Se puede reducir, es cierto, pero sobre todo el déficit privado, que está directamente vinculado con los bancos. Los mismos que prestan caro, cobran por todo, castigan sin piedad y obtienen pingües beneficios. 

De acuerdo reduzcamos el déficit público, pero sin menoscabo de recortar gastos sociales, donde están la educación, la sanidad, las pensiones, los subsidios a personas desfavorecidas... ¿Qué se puede hacer pues? Ahí van algunas medidas: aumentar los impuestos sobre las rentas más elevadas; no privatizar y/o recuperar las empresas públicas; combatir el fraude fiscal;  controlar las contrataciones laborales; reducir las subvenciones a empresas privadas que prestan servicios públicos; reducir los sueldos de los cargos públicos; eliminar gastos y personal innecesarios; limitar la percepción simultánea de sueldos y otros ingresos de los cargos públicos; limitar las subvenciones y controlar los ingresos privados de determinadas instituciones... 

Se podría seguir, pero no son pocas. Sería un buen punto de partida.