Cuando se oye hablar a la dirigencia del PP y el PSOE, así como a los medios de comunicación del sistema, en asuntos como la consulta a la ciudadanía en asuntos importantes, como la relación de Cataluña con España o, más recientemente, sobre la monarquía o la república, salen al unísono con un argumento: no es legal, porque no lo contempla la Constitución. Incluso el fiscal general del estado ha llegado a decir, en un exceso de celo legalista y fidelidad monárquica, que lo que la Constitución no contempla, no existe. Hace unos meses la presidenta de la Junta de Andalucía expuso el mismo argumento cuando tomó la decisión de retirar las competencias en Vivienda a la consejera de IU. Según esto, pues, la legalidad o el imperio de la ley -algo que han retomado algunos voceros del PP, recuperando así una expresión muy del gusto del franquismo- está por encima de todo, algo que nos repiten continuamente.Pues bien, hete aquí que la decisión de Juan Carlos I de abdicar en favor de su hijo Felipe está trayendo algún quebradero de cabeza a quienes se sienten en la obligación de certificar la operación. Uno de los problemas es el de buscar la fórmula para aforar al futuro exrey, pues esa posibilidad no está contemplada en la carta magna española. Y, claro, no proteger a una persona que ha resultado inviolable hasta ahora podría significar un grave riesgo.
Otro de los problemas deriva de algo que en algunos medios juristas no se entiende: la necesidad de elaborar una ley orgánica para que quede aprobada la abdicación del monarca, ya en funciones, y la sucesión por su hijo. Por ello se está hablando de chapuza o, más concretamente, de chapuza exprés. Veámoslo.
Según se dice en esos medios, lo que ha sido una decisión personal no puede convertirse en otra por parte de las Cortes, por muy parlamentaria que sea la institución bicameral. En el proyecto de ley orgánica que está elaborando el gobierno para su presentación posterior en el Congreso y el Senado, se están exponiendo motivos que no se basan en la Constitución, sino en precedentes constitucionales del siglo XIX (los textos de 1845, 1859 y 1875) y "con variaciones de otros precedentes". Es decir, se quiere justificar la abdicación desde el pasado, pero se olvida uno más reciente, al que se refieren como el etéreo "otros precedentes", que no son otros que los derivados de la relación de Juan Carlos con el franquismo, cuando juró los Principios Generales del Movimiento tanto en su aceptación como sucesor del Generalísimo, en 1969, como en su coronación como rey, en 1975.
Pero hay más y es ahora el Senado el que se ha involucrado en el juego de despropósitos. Resulta que la mesa de esta institución ha convocado para el día 19 de junio un pleno con el fin de tratar la ley orgánica que -previsiblemente- aprobará el Congreso el día 11. Es más, hasta el reglamento de la cámara lo dice con claridad en su artículo 129: "Cuando la naturaleza de un proyecto o de una proposición de ley, remitidos por el Congreso de los Diputados, lo aconseje, o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de
Está claro que lo de las legalidades se utiliza según convenga. Para alguna gente, partidos o medios de comunicación sólo sirve para negar realidades y con ello, negar derechos y más democracia. Pedir que la ciudadanía catalana se exprese sobre su relación con el conjunto del estado o que la ciudadanía española haga lo propio sobre si prefiere que la jefatura del estado se base en el privilegio de una familia o tenga carácter electivo, se considera que están fuera de la legalidad. Enfrentan a ésta a lo que no dejan de ser actos democráticos supremos. Se llenan la boca de la palabra legalidad y la equiparan a democracia. Pero lo que en realidad están haciendo es mostrar su faceta antidemocrática.
