La derechona, en todas sus formas y ámbitos, sigue envalentonada. La más extrema, militante o simpatizante del fascismo (sea de nuevo tipo o lo sea nostálgico), sigue creciendo en su visibilización. Falta por saber si ese crecimiento es real y en qué grado lo está haciendo. No debemos olvidar que hay una frontera entre los partidos que la representan (PP, Vox y Ciudadanos) en la que sus votantes se van moviendo en función de las circunstancias. Pero quizás el mayor peligro se encuentre en el grado de penetración que la derecha más extrema haya conseguido en determinadas ámbitos del aparato del estado, esto es, las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.
Los grupos y una parte del electorado de la derechona actúan entre sí en connivencia. Tienen dos nexos principales: el patrioterismo españolista y el neoliberalismo económico. Esto es, su apego a la unidad de España y al dinero. Apenas discrepan en ello, más allá de matices o diferencias que en última instancia no son insalvables. Por eso durante la crisis de la pandemia han combatido las medidas sociales tomadas por el gobierno, que, además, han ido aderezando con consignas, noticias falsas y colores (roji-gualdos, por supuesto).
Lo de menos ha sido lo que el PP ha hecho allí donde ha gobernado o sigue haciéndolo: los recortes en materia sanitaria, la dejación de responsabilidad en las residencias de personas mayores, las privatizaciones a diestro y siniestro... O la corrupción derivada de lo anterior, como las compra-ventas especulativas de servicios, las entrega gratuitas de apartamentos... O, claro está, las víctimas que han provocado, pero que apuntan en el haber del gobierno central.
Los dos últimos episodios están siendo ilustrativos. Uno, el relacionado con la reforma laboral. El otro, lo que está ocurriendo con la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Y entre medias, la manifestación motorizada del domingo, en un alarde de bocinas y banderas (roji-gualdas, por supuesto), continuación de las algaradas con cacerolas que se montan en los barrios del pijerío.
Lo primero estalló la semana pasada y tuvo como aliados a la derechona y aquellos sectores del propio PSOE que se la tienen jugada al gobierno, con el apoyo de los medios de comunicación a la primera y del grupo PRISA a los segundos. Los González y compañía, que no entendieron al principio eso del salario vital, ahora se han lanzado contra la derogación "íntegra" de la reforma laboral. Y lo han hecho con argumentos como la ruptura del diálogo social o que haya formado parte del acuerdo con EH-Bildu para que permitir que se aprobara la prórroga del estado de alarma. Igual que la derechona, que, por supuesto, ha focalizado lo ocurrido en la vinculación del gobierno contra los enemigos de España y los proetarras.
Y ahora ha venido lo del coronel Pérez de los Cobos, con el añadido de la dimisión del número 2 de la Guardia Civil. El primero posee un currículo altamente revelador: participante (voluntario) en el golpe del 23-F; protagonista de la lucha contra ETA, incluida la liberación de Ortega Lara; consejero de Alfredo Pérez Rubalcaba cuando era ministro del Interior; y coordinador del operativo policial durante el referendo catalán del 1-O. Ha sido el avalista de un informe policial, solicitado por la jueza Carmen Rodríguez Medel en el procedimiento abierto al subdelegado del gobierno en Madrid sobre las manifestaciones del 8-M. Un informe que, lejos de estar basado en el rigor necesario, está lleno de errores, inexactitudes, falsedades y omisiones. Producto de haber tenido entre sus fuentes lo publicado en medios de comunicación de la derechona y en las redes sociales, sí, pero a lo que no sería ajena una malvada intencionalidad.
Y en éstas estamos, sin que existan visos de que acabe.
