Llevaba tiempo sin leer a Joaquín Urías, actualmente profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y que con anterioridad llegó a ser letrado del Tribunal Constitucional. En alguna ocasión ya me he referido a él, resaltando algunos de sus artículos y los argumentos que expone. En todo caso, estamos ante un jurista que por su formación y experiencia conoce a fondo la citada institución.
Hace un par de días la revista digital ctxt publicó un artículo suyo con el título "¿Qué está pasando con el Tribunal Constitucional?". Su contenido es muy duro. Y no con el órgano en sí, sino con quienes lo conforman en la actualidad y con el rumbo que tomó desde hace un par de décadas, cuando rompió con la trayectoria que había tenido desde que se constituyó allá por el año 1980.
Eso explica que en una parte del artículo haya escrito lo siguiente:
"En sus primeras dos décadas de funcionamiento, al tribunal llegaron los mejores juristas del país. Sabios con una trayectoria personal que, por más que se supiera de qué pie cojeaban políticamente, estaban blindados frente a cualquier presión partidista o gubernamental. Gente preocupada por hacer de España un país de derechos fundamentales e intelectualmente tan honesta que no dudaba en llevarle la contraria al partido que los había elegido si íntimamente entendían que no tenían razón".
¿Y cuándo fue para Urías el punto de inflexión? Es así como lo describe:
"El detonante final fue, sin duda, la sentencia que puso en libertad a toda la Mesa Nacional del partido independentista Herri Batasuna, injustamente encarcelada con la excusa de un vídeo electoral".
Añado por mi parte que dicha sentencia anulaba otra emitida en 1997 por el Tribunal Supremo, que condenó a 7 años de cárcel a las 23 personas que componían el órgano ejecutivo de HB. La acusación fue de colaboración con banda armada, después de que se hubiera difundido en 1996 un vídeo electoral donde aparecían mensajes de portavoces de ETA. Tras 20 meses de cárcel, en 1998 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia, por considerar que se había vulnerado el derecho a la legalidad penal de los acusados, como se reconoce en el artículo 25.1 de la Constitución.
Desde ese momento, pues, se ha ido produciendo un desmoronamiento progresivo del órgano encargado de la interpretación de la Carta Magna española. De un lado, porque en su elección empezó a primar la fidelidad con los partidos respectivos que los han ido proponiendo. Y de otro, derivado de lo anterior, porque su calidad intelectual ha ido decreciendo:
"Cada vez se eligen magistrados con menos conocimientos jurídicos y más sumisos a sus partidos. Mientras más mediocre es un jurista, más atemorizado vive de perder sus privilegios inmerecidos. Cada vez más magistrados vienen de las filas del Poder Judicial, elegidos entre los jueces más arribistas y con menos visión constitucional en perjuicio de la academia".
Todo esto está conllevando para Urías una pérdida en la calidad jurídica de las sentencias, que a veces resultan disparatadas y a las que se recubre de razonamientos pomposos. Y lo que es peor, el principal resultado es que, como apunta, se está produciendo un progresivo recorte de algunos derechos fundamentales. Lo ilustra con algunos casos, como la ratificación de las condenas emitidas contra el sindicalista que llamó "puta bandera" a la bandera oficial o contra la concejala que envió un mensaje en una red social alegrándose de la muerte de un torero durante una corrida.
Su denuncia de la mala calidad jurídica le lleva a decir, con dureza, que
"Copian los malos hábitos del Tribunal Supremo, acrecentados por la impunidad de quien sabe que no tiene ningún otro poder estatal por encima".
Y abundando en el proceso de degradación que está sufriendo la institución, Urías menciona la falta de respeto que tienen sobre ella las mismas personas que la componen. Ocurre, por ejemplo, desde el momento en que hacen filtraciones de deliberaciones, borradores, resoluciones o votos particulares. También, cuando publican los fallos antes que las argumentaciones, como se ha podido ver en la última de las sentencias emitidas, esto es, la relacionada con el recurso contra el estado de alarma aprobado por el Gobierno el año pasado. Sobre esta última llega a decir algo que resulta inaudito y que tiene que ver con la mala calidad jurídica: el error garrafal de referirse a la citada norma como decreto-ley, cuando en realidad se trata de un real decreto. No le falta tampoco recordar, como otro caso de desprestigio, la presencia actual de magistrados que tienen un mandato caducado, pero que, en vez de dimitir, se aprovechan de la obstrucción llevada a cabo por el PP para la renovación correspondiente del órgano.
Y para completar el cúmulo de despropósitos, Urías se refiere al eco que tienen en Europa determinadas sentencias, lo que pone de relieve el prestigio, por no decir el desprestigio, que nuestros órganos judiciales y el propio Tribunal Constitucional tienen allende las fronteras:
"Causa pudor cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ridiculiza a nuestro Constitucional, condenándolo una y otra vez por defender al poder a costa de los derechos".
Es lo que se desprende de condenas por parte del citado TEDH por no haber protegido la libertad de expresión, a las personas que han sufrido torturas, a quienes han ejercido el derecho de desobediencia civil...
Artículo muy duro, sí, en el que no deja títere con cabeza y que acaba con esta frase/sentencia lapidaria:
"Eso es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, que lo están destrozando unos magistrados que, en su conjunto, no están ni mucho menos a la altura de la dignidad de su cargo".
