1.
Recuperar la Memoria es dar argumentos para la Historia[1]
1977 fue el año
elegido. Más concretamente, coincidiendo con las elecciones del 15 de junio.
Las primeras que fueron libres desde 1936 (pese a algunas restricciones para
algunos partidos: los comunistas, excepto el PCE, y los republicanos tuvieron
que hacerlo con nombres "camuflados"). Estando en la mar, el hombre
huyó de su localidad, Conil de la Frontera, en el momento del golpe militar de
julio de 1936. Lo hizo hacia la zona fiel al gobierno republicano, enrolándose
como soldado de lo que acabó siendo el Ejército Popular. Combatió en varios
lugares del frente sur hasta el final de la guerra. De inmediato tuvo que
sufrir, como tantos soldados, la cárcel y cuantos castigos le infligieron.
Cuando regresó a su lugar de origen, decidió asentarse en la localidad vecina
de Barbate. Fue donde vivió largos años hasta su muerte, que no fue hace mucho.
Lo hizo habiendo interiorizado el miedo que el fascismo inoculó a buena parte
de la sociedad española.
El régimen tuvo
muchos apoyos. Los de quienes apoyaron y participaron activamente en el golpe
del 36 y lo que vino después. No faltaron los de los estómagos agradecidos. Y
también de quienes treparon al abrigo de las oportunidades que se fueron
presentando. Resistir era difícil. Combatir, más todavía. Mucha gente hizo una
cosa y otra, arriesgando su vida. Sumirse en la resignación, para sobrevivir
como fuera, lo hizo mucha gente, quizás la mayoría. Con el paso de los años la
represión, el miedo, la propaganda, la emigración o las expectativas de ascenso
social de los años sesenta fueron asentando un régimen que acabó durando cuatro
décadas. Fue en ese magma social donde los reformistas del régimen quisieron
buscar los apoyos políticos y electorales para que su maniobra tuviera éxito.
La llamaron mayoría silenciosa. Silenciosa, sí, pero en una buena medida
también silenciada.
La Transición selló
un pacto entre quienes habían participado en la guerra y también entre quienes
habían tomado partido en la dictadura. La amnistía de 1977 fue el botón legal.
Durante los años siguientes parecía que todo había quedado en el olvido, salvo
algunos conatos de investigación histórica y periodística que proponían saber
más. Fueron años también de eliminación de pruebas o de obstáculos para
conseguirlas. Nos ha contado Francisco Espinosa[2] que entre 1965 y
1985 se destruyeron numerosos y muy valiosos documentos: los judiciales
relacionados directamente con la represión de los primeros años, y archivos
como los de Falange (ha aparecido el de Conil de la Frontera, como Magdalena
González sabe[3]), los gobiernos
civiles, las prisiones provinciales o la Cruz Roja. No ha faltado la desidia
del abandono en la custodia y la simple desaparición como papel bruto puesto en
venta.
No sé con detalle
lo que le pasó por la cabeza a nuestro hombre durante ese periodo. Pero sí sé
que sus hijos nunca supieron lo que pasó su padre durante la guerra y la
inmediata postguerra. Fue un secreto que sólo lo desveló ese día de junio de
1977. Por esos años mucha gente quiso hacer borrón de lo ocurrido. Durante los
últimos años mucha gente está reclamando saber más. Conocer lo que se ha
ocultado por el régimen. Y lo que se guardaron por miedo quienes sufrieron la
derrota y la represión. Se habla de una nueva generación, la de los nietos y
las nietas de las víctimas, que ha decidido dar el paso adelante. Recuperar la
memoria. Hacerlo es dar argumentos para conocer la historia. Eso es la memoria
histórica.
2. Los años de la Transición: entre el
miedo y la falta de voluntad política
Hace unos años el
magistrado Joaquín Navarro Estevan[4], que en 1977 era
militante del Partido Socialista Popular[5] y fue elegido
senador por Almería en las elecciones celebradas el 15 de junio[6], escribió acerca
de lo ocurrido durante la campaña electoral en Andalucía:
“Los resultados
fueron muy positivos para el PSOE, sorprendiendo a la propia ‘casa’. Pero en
muchos lugares -como Sevilla- causaron miedo cuando se fueron conociendo.
Muchos se asustaron al pensar que podían ganar. ‘Aquello –me decía un dirigente
socialista de Sevilla- era demasiado’. No lo entendí. ‘Pensé –le dije- que
queríais ganar las elecciones’. ‘Pero ¿qué dices? ¡Podría organizarse la de
Dios es Cristo! ¡Con las fuerzas armadas que tenemos, el golpe sería
inmediato!’. Éste era el clima. Por esas o parecidas razones, no pocos
militantes del PCE votaron PSOE. Algunos me lo dijeron y me indigné hasta el
punto de que se quedaron muy sorprendidos, como si yo estuviese fuera de la
realidad de la historia”.
En las líneas
siguientes Navarro Estevan siguió abundando sobre el tema, en el que resaltó
que “el miedo también votó”, una frase que dio título al epígrafe. Ignoramos en
qué medida se concretó la afirmación hecha por parte del magistrado y, por
tanto, cuántas personas pudieron cambiar su voto como consecuencia del miedo.
Se ha escrito
bastante acerca de la actitud de la sociedad española durante los años de la
Transición y la preeminencia de la “paz” muy por encima de otros valores como
los de “justicia”, “libertad” y “democracia”, tal como han resaltado Rafael
López Pintor o Paloma Aguilar[7]. También se ha
escrito sobre el comportamiento de los principales partidos parlamentarios
durante los años de la Transición, desarrollando una política de consenso que
tuvo como momento culminó la aprobación de la Constitución de 1978.
Pero esa línea de
interpretación no fue en su día unánime. Hay trabajos que plantearon la
existencia de otro estado de opinión durante esos años, en este caso resaltando
unas condiciones más favorables a un cambio político más avanzado, dentro de
los parámetros de lo que durante los últimos años del franquismo y los primeros
de la Transición se denominó entre los grupos de oposición con el término
ruptura democrática[8]. Más recientemente
otros trabajos han abundado sobre ello, con algunas matizaciones, pero
resaltando las limitaciones del modelo político conformado en la Transición y
las repercusiones que está teniendo en el momento actual[9].
De lo que no hay
duda es que en las elecciones de 1977 el miedo estuvo presente entre buena
parte de quienes habían vivido la guerra y los primeros años de la dictadura,
y, como consecuencia, habían sufrido, directa o indirectamente, los rigores de
la represión. Fue algo que también siguió perdurando en otros ámbitos de la
vida durante las décadas de los ochenta y los noventa. Los ecos de la dictadura
seguían, pues, presentes y es que, en palabras de Francisco J. Leira Castiñeira[10],
“la guerra generó un
curioso fenómeno, como fue la mentada necesidad de paz por parte de la
ciudadanía y en gran parte de los excombatientes, junto con la imposibilidad de
afirmar en público una memoria colectiva distinta a la defendida por la
dictadura. Esto dio lugar a un silencio, no solo impuesto por los poderes
fácticos, sino autoimpuesto”.
El miedo y el
olvido estuvieron instalados durante décadas en la sociedad española. Como
también ha señalado Magdalena González[11]:
“Aunque el
franquismo fracasó en el intento de transformar un modelo de conciencia social
y no pudo arruinar la memoria privada en la que aquella se reforzaba, incluso a
pesar de la exhibición permanente de la memoria oficial y el desarrollo de la
política de socialización emprendida para actuar sobre las nuevas generaciones,
sí consiguió instalar el miedo y el mutismo entre la población, lo que también
provocó que muchos prefiriesen olvidar”.
Que durante los
años de la Transición prevaleciera la idea de superar lo ocurrido durante la
Guerra de España[12] en pos de un nuevo
objetivo político basado en el modelo liberal-democrático, no impidió que en
algunos sectores de la población, concretamente los relacionados con quienes
resultaron perdedores en la contienda bélica, se diera un sentimiento de
frustración, bien fuera propio o bien de las generaciones siguientes. Después
de unos primeros escarceos por conocer más de lo ocurrido, como fueron los
primeros descubrimientos de fosas comunes o la publicación de reportajes por
parte de una revista generalista[13], hubieron de pasar
algunos años, ya a finales de la década de los noventa, para que eclosionaran a
la par, complementándose, investigaciones históricas sobre el tema y un
movimiento por recuperar la memoria de lo sucedido y de quienes sufrieron los
horrores de la represión.
Fueron muchos años,
en su mayor parte bajo los gobiernos del PSOE (1982-1996) presididos por Felipe
González, en los que se cultivó el olvido. A ello no fue ajeno el protagonismo
que tuvieron determinados sectores políticos de una generación, la del 68, que
participó en primera línea en el pacto constitucional y llevó las riendas
políticas durante esos años. Para Pablo Sánchez León[14]
“los de la generación
del 68 […], tras pactar
con la burocracia
tardofranquista, pilotaron la
transición y aseguraron su
estatus social en una clase media reforzada con
la consolidación del
Estado del bienestar
y extendida definitivamente como patrón moral de
la democracia posfranquista.
También monopolizaron el relato oficial
sobre la misma.
Era de esperar
entonces que las
narrativas sobre la transición disponibles hayan borrado toda huella de
la experiencia colectiva de una juventud
radical por la
que sentían incomprensión
cuando no vergüenza
y repudio”.
Es verdad que
durante los gobiernos del PSOE siguió desarrollándose una normativa legal,
iniciada en el verano de 1976, tendente a conceder pensiones a quienes, con
algún tipo de secuela física por motivos de la guerra, no las habían recibido.
En su gran mayoría se trataba de combatientes republicanos, aunque no faltaron
algunos “rojos” que se vieron obligados a formar parte de las filas del
ejército franquista. En 1984 se reconocieron los derechos y servicios prestados
por quienes durante la guerra civil formaron parte del ejército y las fuerzas
de orden público bajo la autoridad del gobierno republicano[15]. Y finalmente en
1990 se aprobó, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la adicional
decimoctava, que estaba dirigida a indemnizar a quienes por motivos políticos
habían sufrido al menos tres años de privación de libertad[16]. Aunque el ministerio de Economía y Hacienda
recibió más de 100.000 peticiones, 40.000 fueron desestimadas[17]. Y es que buena
parte de los fondos documentales depositados en los archivos oficiales estaban
desorganizados, cuando no habían sido destruidos[18].
De poco sirvieron
las recomendaciones formuladas en 1994 desde la Oficina del Defensor del Pueblo
al ministerio de Economía y Hacienda[19]. Es verdad que se
admitió que se flexibilizaran los “criterios de interpretación y aplicación” de
la normativa, incluyéndose “como periodos de prisión, los de privación de
libertad sufrida en campos o depósitos de concentración y edificios habilitados
como prisiones”. Pero no ocurrió lo mismo con otra petición, la que iba dirigida a que “se estudiase la
posibilidad de establecer medios de prueba complementarios para la acreditación
de los periodos de privación de libertad o, subsidiariamente, que se
reconociese una bonificación temporal”.
Algunas comunidades
autónomas, por su parte, aprobaron posteriormente algunas compensaciones, que
han sido calificadas en algún caso como “ridículas”[20]. No conocemos su alcance en cuanto a datos
concretos, pero sí que hubo problemas reales, derivados de dos hechos: de un
lado, hacer recaer en las víctimas o familiares la responsabilidad de obtener
la documentación necesaria; y de otro, las dificultades existentes a la hora de
localizar en los archivos oficiales los documentos requeridos[21].
Llegados a este
punto, resulta necesario abordar lo que fue ocurriendo desde finales del siglo pasado, así como las
controversias que fueron surgiendo, en las que dos mundos, el político y el
académico, estuvieron muy presentes. Como también lo estuvo, como principal
ingrediente, el cambio de mentalidad en una buena parte de la sociedad española
y la voluntad de quienes, en mayor número que antes, decidieron dar un paso decidido
para conocer más y mejor lo ocurrido, y para no olvidar.
3. En torno a la controversia sobre
Historia y Memoria
En los años 80 tuvo
lugar un debate historiográfico en Europa suscitado por la aparición de una
corriente, conocida como revisionismo histórico, que negaba o, al menos,
minimizaba la existencia del holocausto judío dentro del genocidio generalizado
perpetrado por el nazismo. Un veterano historiador, Pierre Vidal-Naquet,
reivindicó en varias de sus obras la importancia de la Memoria a la hora de
recordar tanto los horrores como el heroísmo del siglo XX, a la vez que
denunció que la Historia no podía estar en manos ni de oportunistas en busca de
ventas ni de embaucadores[22]. En uno de los
pasajes de su libro Los asesinos de la
memoria[23] hizo el siguiente alegato:
“Los asesinos de la
memoria han elegido bien su objetivo: quieren golpear a una comunidad sobre las
mil fibras aún dolorosas que la ligan a su propio pasado. Lanzan contra ella
una acusación global de mendacidad y fraude (...). Pero no me propongo
responder a esa acusación global situándome en el terreno de la afectividad.
Aquí no se trata de sentimientos, sino de la verdad”.
Y la controvertida
pugna existente entre Historia y Memoria aún sigue permanente. Una pugna que en
mi opinión no debería existir, en la medida que ambos campos son necesarios y
complementarios. Sin embargo, en determinados ámbitos académicos se ha
afrontado el asunto con tal fiereza, no sé si inusitada, que parece que lo que
se intenta es descalificar a la Memoria.
Seguí con atención
en 2007 el debate historiográfico que la revista España Nova sacó a la luz en torno a esos dos campos, con Santos
Juliá y Francisco Espinosa como principales exponentes de dos puntos de vista,
si no antagónicos, sí al menos bastante distantes. El primero, veterano
catedrático universitario, defendía no sólo la separación ente ambas, sino que
tomaba distancias de la primera con respecto a la segunda. Daba a la Historia
la condición de científica y calificaba a la Memoria como sospechosa de
embaucadora. A tal efecto, escribió:
“El historiador, que
por oficio habla del pasado, construye, desde luego, relatos sobre el pasado,
pero si debe relacionarse con la memoria, tendrá que tomar todas las
precauciones del mundo para no sucumbir a sus encantos”[24].
Espinosa, que por
entonces acababa de iniciar su camino en el mundo universitario después de tres
décadas de investigador “aventurero”, pero no por ello falto de rigor, y
marginado en el mundo de la academia, puso de relieve el comportamiento tenido
por la Universidad española, a quien criticó el no haber tocado el asunto de la
represión durante la guerra y la postguerra
“hasta bien entrados los 90. (...): los
aspectos sucios del golpe militar recaerán sobre los peones de la historia, es
decir, sobre el grupo de investigadores que, por su cuenta propia y cada uno
según sus posibilidades, levantarán acta de la masacre y de las dificultades
para llegar a conocerla”[25].
Y es que la guerra
tuvo una dimensión que no abarcó sólo a lo ocurrido en los campos de batalla o
lo que se hizo en las retaguardias. Como ha apuntado Josefina Cuesta[26], “el nuevo régimen
militar de 1936 [libró] una práctica muy vigilada de la memoria cívica”. Eso
supuso un trabajo deliberado orientado al olvido, cuando no el silencio, del
pasado inmediato. Y también, el secuestro de la memoria, que fue sustituida e
impuesta por otra, que se retrotrajo a épocas anteriores, idealizadas, entre
las que estuvo, por ejemplo, la ligada al imperio.
No pretendo
alargarme en la controversia, pero no está de más volver a Vidal-Naquet, quien
se refirió a la misma de esta manera:
“La memoria no es la
historia (…). Entre memoria e historia puede haber tensión, incluso una
oposición. Pero una historia (…) que no integra la memoria, o más bien las
memorias, que no diera cuenta de las transformaciones de las memorias, sería
una historia bien pobre”[27].
Ha planteado Manuel
Reyes Mate, en un intento de conceptualización y delimitación de los dos
campos, que la Memoria es una lectura moral del pasado, mientras que la
Historia, si así se postula como objetivo, está libre de querer hacer un juicio
moral. Pero considera o, más bien advierte, que en todo momento nos encontramos
ante una situación que, lejos de ser un simple dilema, debe ser resuelta con
decisión, porque, de no hacerlo,
“cuando no reconocemos los derechos de las víctimas, de
alguna manera asumimos ese destino del victimario”[28].
Pablo Sánchez León[29] ha reflexionado en
torno a los cambios surgidos en la investigación histórica del periodo que nos
ocupa y que está permitiendo el enriquecimiento del conocimiento histórico.
Dichos cambios los pone en relación, por un lado, a la creciente colaboración
con otras disciplinas, como la
antropología, la medicina forense, la jurisprudencia…; y, por otro, con las
aportaciones que se hacen desde la misma sociedad, en las que incluye el
movimiento memorialista. De esta manera
“el pasado asumido
como cultura ciudadana es justamente el que mejor permite el diálogo crítico
entre interpretaciones no ya diversas sino adversas; es solo que cuando se
juntan de por medio cuestiones de justicia, el menosprecio recibido puede y
suele convertirlas en signo de identidad y favorecer antagonismos”.
En esa línea
también se ha expresado el historiador italiano Enzo Traverso, que ha destacado
la renovación historiográfica que se está dando en España durante los últimos
años, especialmente entre las generaciones más jóvenes, lo que se está traduciendo
en una relación clara entre lo que se demanda desde la sociedad y lo que
se produce en el campo de la
investigación. Eso conlleva para quienes se dedican a la investigación
histórica no tanto un cambio en el papel que se asignan per se, frecuentemente reconocido, como en un esfuerzo por que se
visibilice en el seno de la sociedad que Historia y Memoria necesitan ir de la
mano. Por eso se ha expresado en estos términos[30]:
"Hay un lazo
simbiótico entre historia y memoria que hay que tomar en cuenta, porque la
historia contribuye a forjar una representación del pasado en la sociedad. A
pesar de que los historiadores incurren en la banalidad de decir que no tienen
el monopolio de la historia, que no les pertenece, que pertenece a todos, pero
los historiadores tienen un papel particular y contribuyen con su trabajo a
forjar esa representación del pasado. Tenemos que saber que trabajan, que
trabajamos, en esta relación simbiótica con el trabajo de memoria de la
sociedad y esa demanda social de conocimiento”.
Estamos, pues, ante
un tema que, además de la gran importancia que contiene en sí mismo, no tenemos
más remedio que afrontarlo, porque, de lo contrario,
[1] Publicado en el
blog del autor Entre el mar y la meseta (4-02-2012; http://marymeseta.blogspot.com/2012/02/recuperar-la-memoria-es-dar-argumentos.html).
[2] Francisco Espinosa Maestre, La
justicia de Queipo de Llano. Violencia selectiva y terror fascista en la II
División en 1936: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz (Barcelona, Crítica. 2006, p. 5).
[3] Magdalena González, “Una
lectura de la Falange conileña: la estrategia del poder”, en Memoria del tiempo presente en Conil de la
Frontera (1931-2011) (Conil, Ayuntamiento de Conil, 2011, pp. 53-92).
[4] Joaquín Navarro Estevan, 25 años
sin Constitución (Madrid, Foca, 2003, p. 27).
[5] Dirigido por el
catedrático de Derecho Político Enrique Tierno Galván, compitió con el PSOE el
espacio de la socialdemocracia, pero resultó claramente perdedor, al obtener
apenas el 4’46% de los votos y 6 escaños frente al 29’3% y 118 escaños del
partido dirigido aquellos años por Felipe González; en Andalucía el PSP se
presentó coaligado con el Partido Socialista de Andalucía, obteniendo el 4’7%
de los votos frente al 36’2 del PSOE. Ver Junta Electoral Central, "Elecciones Generales 15 de junio de 1977. Resultados" (sin fecha, p. 5;
[6] Se presentó dentro
de la Agrupación Electoral Democrática Independiente de Almería, que estaba
apoyada por PSOE, PSP y PCE (ibidem, p. 12).
[7] Rafael López
Pintor, “El estado de la opinión pública
española y la transición a la democracia”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 13 (Madrid,
CIS, 1981, p. 22); y Paloma Aguilar, Memoria y olvido de
la Guerra Civil española (Madrid, Alianza, 1996, p. 348 y ss.); en los dos casos se basan en las encuestas
del Instituto de Opinión Pública de 1966, 1975 y 1976; la segunda autora, además, en
los informes FOESSA de 1966, 1970, 1975 y 1981.
[8] Existen
distintos autores que han defendido una versión diferente a la más extendida,
fruto del llamado consenso constitucional: Joan Garcés, Soberanos
e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Madrid, Siglo XXI, 2008; la edición
inicial es de 1996); Navarro Estevan (op. cit., 2003); José Vidal-Beneyto, Memoria democrática (Madrid, Foca, 2007), etc.
[9] Xavier Doménech Sampere, “El cambio político (1962-1976). Materiales para una
perspectiva desde abajo”, en revista Historia
del presente, n. 2 (2002; http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/1/1.3.pdf); Ferrán Gallego, El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la
democracia (1973-1977) (Barcelona, Crítica, (2008)); Juan Carlos Monedero, La transición contada a nuestros padres (Madrid, Catarata, 2011); Emmanuel Rodríguez
López, Por qué fracasó la
democracia en España. La transición y el régimen del ’78 (Madrid,
Traficantes de Sueños, 2015), etc.
[10] Francisco J. Leira Castiñeira, Soldados
de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización
militar (Madrid,
Siglo XXI, 2020, p.
315).
[11] Magdalena González (op. cit., p.
552).
[12] He preferido utilizar
el término Guerra de España, siguiendo al historiador David Jorge en su
obra Inseguridad
colectiva. La Sociedad de Naciones, la Guerra de España y el fin de la paz
mundial (Valencia, Tirant Humanidades, 2016); en la justificación que hace de tal denominación, no niega
que fuera un conflicto civil, pero, como ha declarado en una entrevista el mismo año, añade: “No se puede interpretar con un
mínimo de rigor la Guerra de España sin tener en permanente consideración los
factores internacionales. Tampoco se puede interpretar la situación
internacional de la época sin tener en cuenta la Guerra de España” ("La Guerra Civil debe conocerse como la Guerra de
España. La elección del término no es casual", entrevista realizada por Alejandro
Torrús, diario Público, 21-12-2016; https://www.publico.es/politica/guerra-civil-debe-conocerse-guerra.html).
[13] La revista Interviú publicó varios reportajes;
conocí en su día uno de ellos, “Salamanca. Así fue el terrorismo falangista”, de Ángel Montoto (n. 177, 4-10-1979); puede verse a través de la red electrónica (https://www.foroporlamemoria.info/documentos/2004/interviu_oct1979.htm).
[14] Pablo Sánchez León, "Los historiadores de la Segunda República y la
Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)" (diario Público, 18-07-2017, p. 93;
[15] Ley 37/1984, de 22
de octubre (BOE n. 262, 1-11-1984).
[16] Ley 4/1990, de 29
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (BOE, n. 156,
30-06-1990).
[17] Francisco Espinosa Maestre, Lucha de historias,
lucha de memorias. España 2002-2015
(Sevilla, Aconcagua, 2015, p.
107).
[18] Como ejemplo, el
Archivo General de la Capitanía de la Zona Marítima del Estrecho sufrió un
incendio en el verano de 1976, destruyéndose la mayor parte de la documentación
existente.
[19] Escrito del
Defensor del Pueblo, con fecha 5-10-1998, de contestación a otro enviado por
Diego Guerrero Pérez el 24-07-1998.
[20] Espinosa (op. cit. p.
107).
[21] Fue el caso del
barbateño Diego Guerrero Pérez, mencionado en la nota 19.
[22] Arnoldo Siperman, “De Historia e historiadores. Homenaje a Pierre
Vidal-Naquet (1930-2006)”, en revista Con-texto
(Espacio Pluriversal) (2021; http://www.con-texto.com.ar/?p=506).
[23] Pierre Vidal-Naquet, Los asesinos de la
memoria (Madrid, Siglo XXI, 1994,
p. 14).
[24] Santos Juliá, “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, en Julio Aróstegui Sánchez y Esteban Canales Gili
(ed.), revista Hispania Nova. Revista
electrónica de Historia Contemporánea (n. 7, 2007; http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d018.pdf).
[25] Francisco Espinosa Maestre, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un
pasado que no puede pasar”, en Julio Aróstegui Sánchez y Esteban Canales Gili
(ed.), revista Hispania Nova. Revista electrónica
de Historia Contemporánea (n. 7, 2007; http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d013.pdf).
[26] Josefina Cuesta, La odisea de la
memoria: Historia de la memoria en España. Siglo XX (Madrid, Alianza, 2008, pp.
144-145).
[27] Vidal-Naquet (op. cit., p. 14).
[28] Manuel Reyes Mate, “Memoria histórica y ética de las víctimas”, en revista Página
Abierta (n. 242, enero-febrero 2016; http://www.pensamientocritico.org/manrey0316.htm).
[29] Sánchez León
(op. cit.).
[30] Enzo Traverso, “Historiografía y memoria: Interpretar el siglo XX.
Parte 1”, en revista Aletheia, v. 1,
n. 2, mayo 2011, pp. 5-6 (Universidad Nacional de la Plata, FaHCE Memoria Académica; http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4820/pr.4820.pdf).
[31] Cuesta (op. cit. p.
443).
Post data
El artículo ha sido publicado, con fecha 29-07-2021, en Todos los nombres:
https://www.todoslosnombres.org/content/materiales/memoria-e-historia-en-el-debate-sobre-la-guerra-espanola-la-dictadura.