martes, 27 de julio de 2021

Memoria e Historia en el debate sobre la Guerra Española y la dictadura

1. Recuperar la Memoria es dar argumentos para la Historia[1]

1977 fue el año elegido. Más concretamente, coincidiendo con las elecciones del 15 de junio. Las primeras que fueron libres desde 1936 (pese a algunas restricciones para algunos partidos: los comunistas, excepto el PCE, y los republicanos tuvieron que hacerlo con nombres "camuflados"). Estando en la mar, el hombre huyó de su localidad, Conil de la Frontera, en el momento del golpe militar de julio de 1936. Lo hizo hacia la zona fiel al gobierno republicano, enrolándose como soldado de lo que acabó siendo el Ejército Popular. Combatió en varios lugares del frente sur hasta el final de la guerra. De inmediato tuvo que sufrir, como tantos soldados, la cárcel y cuantos castigos le infligieron. Cuando regresó a su lugar de origen, decidió asentarse en la localidad vecina de Barbate. Fue donde vivió largos años hasta su muerte, que no fue hace mucho. Lo hizo habiendo interiorizado el miedo que el fascismo inoculó a buena parte de la sociedad española.

El régimen tuvo muchos apoyos. Los de quienes apoyaron y participaron activamente en el golpe del 36 y lo que vino después. No faltaron los de los estómagos agradecidos. Y también de quienes treparon al abrigo de las oportunidades que se fueron presentando. Resistir era difícil. Combatir, más todavía. Mucha gente hizo una cosa y otra, arriesgando su vida. Sumirse en la resignación, para sobrevivir como fuera, lo hizo mucha gente, quizás la mayoría. Con el paso de los años la represión, el miedo, la propaganda, la emigración o las expectativas de ascenso social de los años sesenta fueron asentando un régimen que acabó durando cuatro décadas. Fue en ese magma social donde los reformistas del régimen quisieron buscar los apoyos políticos y electorales para que su maniobra tuviera éxito. La llamaron mayoría silenciosa. Silenciosa, sí, pero en una buena medida también silenciada.

La Transición selló un pacto entre quienes habían participado en la guerra y también entre quienes habían tomado partido en la dictadura. La amnistía de 1977 fue el botón legal. Durante los años siguientes parecía que todo había quedado en el olvido, salvo algunos conatos de investigación histórica y periodística que proponían saber más. Fueron años también de eliminación de pruebas o de obstáculos para conseguirlas. Nos ha contado Francisco Espinosa[2] que entre 1965 y 1985 se destruyeron numerosos y muy valiosos documentos: los judiciales relacionados directamente con la represión de los primeros años, y archivos como los de Falange (ha aparecido el de Conil de la Frontera, como Magdalena González sabe[3]), los gobiernos civiles, las prisiones provinciales o la Cruz Roja. No ha faltado la desidia del abandono en la custodia y la simple desaparición como papel bruto puesto en venta.

No sé con detalle lo que le pasó por la cabeza a nuestro hombre durante ese periodo. Pero sí sé que sus hijos nunca supieron lo que pasó su padre durante la guerra y la inmediata postguerra. Fue un secreto que sólo lo desveló ese día de junio de 1977. Por esos años mucha gente quiso hacer borrón de lo ocurrido. Durante los últimos años mucha gente está reclamando saber más. Conocer lo que se ha ocultado por el régimen. Y lo que se guardaron por miedo quienes sufrieron la derrota y la represión. Se habla de una nueva generación, la de los nietos y las nietas de las víctimas, que ha decidido dar el paso adelante. Recuperar la memoria. Hacerlo es dar argumentos para conocer la historia. Eso es la memoria histórica.


2. Los años de la Transición: entre el miedo y la falta de voluntad política

Hace unos años el magistrado Joaquín Navarro Estevan[4], que en 1977 era militante del Partido Socialista Popular[5] y fue elegido senador por Almería en las elecciones celebradas el 15 de junio[6], escribió acerca de lo ocurrido durante la campaña electoral en Andalucía:

“Los resultados fueron muy positivos para el PSOE, sorprendiendo a la propia ‘casa’. Pero en muchos lugares -como Sevilla- causaron miedo cuando se fueron conociendo. Muchos se asustaron al pensar que podían ganar. ‘Aquello –me decía un dirigente socialista de Sevilla- era demasiado’. No lo entendí. ‘Pensé –le dije- que queríais ganar las elecciones’. ‘Pero ¿qué dices? ¡Podría organizarse la de Dios es Cristo! ¡Con las fuerzas armadas que tenemos, el golpe sería inmediato!’. Éste era el clima. Por esas o parecidas razones, no pocos militantes del PCE votaron PSOE. Algunos me lo dijeron y me indigné hasta el punto de que se quedaron muy sorprendidos, como si yo estuviese fuera de la realidad de la historia”.

En las líneas siguientes Navarro Estevan siguió abundando sobre el tema, en el que resaltó que “el miedo también votó”, una frase que dio título al epígrafe. Ignoramos en qué medida se concretó la afirmación hecha por parte del magistrado y, por tanto, cuántas personas pudieron cambiar su voto como consecuencia del miedo.

Se ha escrito bastante acerca de la actitud de la sociedad española durante los años de la Transición y la preeminencia de la “paz” muy por encima de otros valores como los de “justicia”, “libertad” y “democracia”, tal como han resaltado Rafael López Pintor o Paloma Aguilar[7]. También se ha escrito sobre el comportamiento de los principales partidos parlamentarios durante los años de la Transición, desarrollando una política de consenso que tuvo como momento culminó la aprobación de la Constitución de 1978.

Pero esa línea de interpretación no fue en su día unánime. Hay trabajos que plantearon la existencia de otro estado de opinión durante esos años, en este caso resaltando unas condiciones más favorables a un cambio político más avanzado, dentro de los parámetros de lo que durante los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición se denominó entre los grupos de oposición con el término ruptura democrática[8]. Más recientemente otros trabajos han abundado sobre ello, con algunas matizaciones, pero resaltando las limitaciones del modelo político conformado en la Transición y las repercusiones que está teniendo en el momento actual[9].

De lo que no hay duda es que en las elecciones de 1977 el miedo estuvo presente entre buena parte de quienes habían vivido la guerra y los primeros años de la dictadura, y, como consecuencia, habían sufrido, directa o indirectamente, los rigores de la represión. Fue algo que también siguió perdurando en otros ámbitos de la vida durante las décadas de los ochenta y los noventa. Los ecos de la dictadura seguían, pues, presentes y es que, en palabras de Francisco J. Leira Castiñeira[10],

“la guerra generó un curioso fenómeno, como fue la mentada necesidad de paz por parte de la ciudadanía y en gran parte de los excombatientes, junto con la imposibilidad de afirmar en público una memoria colectiva distinta a la defendida por la dictadura. Esto dio lugar a un silencio, no solo impuesto por los poderes fácticos, sino autoimpuesto”.

El miedo y el olvido estuvieron instalados durante décadas en la sociedad española. Como también ha señalado Magdalena González[11]:

“Aunque el franquismo fracasó en el intento de transformar un modelo de conciencia social y no pudo arruinar la memoria privada en la que aquella se reforzaba, incluso a pesar de la exhibición permanente de la memoria oficial y el desarrollo de la política de socialización emprendida para actuar sobre las nuevas generaciones, sí consiguió instalar el miedo y el mutismo entre la población, lo que también provocó que muchos prefiriesen olvidar”.

Que durante los años de la Transición prevaleciera la idea de superar lo ocurrido durante la Guerra de España[12] en pos de un nuevo objetivo político basado en el modelo liberal-democrático, no impidió que en algunos sectores de la población, concretamente los relacionados con quienes resultaron perdedores en la contienda bélica, se diera un sentimiento de frustración, bien fuera propio o bien de las generaciones siguientes. Después de unos primeros escarceos por conocer más de lo ocurrido, como fueron los primeros descubrimientos de fosas comunes o la publicación de reportajes por parte de una revista generalista[13], hubieron de pasar algunos años, ya a finales de la década de los noventa, para que eclosionaran a la par, complementándose, investigaciones históricas sobre el tema y un movimiento por recuperar la memoria de lo sucedido y de quienes sufrieron los horrores de la represión.

Fueron muchos años, en su mayor parte bajo los gobiernos del PSOE (1982-1996) presididos por Felipe González, en los que se cultivó el olvido. A ello no fue ajeno el protagonismo que tuvieron determinados sectores políticos de una generación, la del 68, que participó en primera línea en el pacto constitucional y llevó las riendas políticas durante esos años. Para Pablo Sánchez León[14]

“los de la  generación  del  68 […],  tras pactar  con  la  burocracia  tardofranquista,  pilotaron  la  transición y  aseguraron  su  estatus social  en una clase  media reforzada  con  la  consolidación  del  Estado  del  bienestar  y extendida  definitivamente  como patrón moral  de  la  democracia posfranquista. También monopolizaron el  relato  oficial  sobre  la  misma.  Era  de  esperar  entonces  que  las  narrativas sobre la transición disponibles hayan borrado toda huella de la experiencia colectiva de una juventud  radical  por  la  que  sentían  incomprensión  cuando  no  vergüenza  y  repudio”.

Es verdad que durante los gobiernos del PSOE siguió desarrollándose una normativa legal, iniciada en el verano de 1976, tendente a conceder pensiones a quienes, con algún tipo de secuela física por motivos de la guerra, no las habían recibido. En su gran mayoría se trataba de combatientes republicanos, aunque no faltaron algunos “rojos” que se vieron obligados a formar parte de las filas del ejército franquista. En 1984 se reconocieron los derechos y servicios prestados por quienes durante la guerra civil formaron parte del ejército y las fuerzas de orden público bajo la autoridad del gobierno republicano[15]. Y finalmente en 1990 se aprobó, dentro de los Presupuestos Generales del Estado, la adicional decimoctava, que estaba dirigida a indemnizar a quienes por motivos políticos habían sufrido al menos tres años de privación de libertad[16].  Aunque el ministerio de Economía y Hacienda recibió más de 100.000 peticiones, 40.000 fueron desestimadas[17]. Y es que buena parte de los fondos documentales depositados en los archivos oficiales estaban desorganizados, cuando no habían sido destruidos[18].

De poco sirvieron las recomendaciones formuladas en 1994 desde la Oficina del Defensor del Pueblo al ministerio de Economía y Hacienda[19]. Es verdad que se admitió que se flexibilizaran los “criterios de interpretación y aplicación” de la normativa, incluyéndose “como periodos de prisión, los de privación de libertad sufrida en campos o depósitos de concentración y edificios habilitados como prisiones”. Pero no ocurrió lo mismo con otra petición, la  que iba dirigida a que “se estudiase la posibilidad de establecer medios de prueba complementarios para la acreditación de los periodos de privación de libertad o, subsidiariamente, que se reconociese una bonificación temporal”.

Algunas comunidades autónomas, por su parte, aprobaron posteriormente algunas compensaciones, que han sido calificadas en algún caso como “ridículas”[20].  No conocemos su alcance en cuanto a datos concretos, pero sí que hubo problemas reales, derivados de dos hechos: de un lado, hacer recaer en las víctimas o familiares la responsabilidad de obtener la documentación necesaria; y de otro, las dificultades existentes a la hora de localizar en los archivos oficiales los documentos requeridos[21].

Llegados a este punto, resulta necesario abordar lo que fue ocurriendo desde  finales del siglo pasado, así como las controversias que fueron surgiendo, en las que dos mundos, el político y el académico, estuvieron muy presentes. Como también lo estuvo, como principal ingrediente, el cambio de mentalidad en una buena parte de la sociedad española y la voluntad de quienes, en mayor número que antes, decidieron dar un paso decidido para conocer más y mejor lo ocurrido, y para no olvidar.


3. En torno a la controversia sobre Historia y Memoria

En los años 80 tuvo lugar un debate historiográfico en Europa suscitado por la aparición de una corriente, conocida como revisionismo histórico, que negaba o, al menos, minimizaba la existencia del holocausto judío dentro del genocidio generalizado perpetrado por el nazismo. Un veterano historiador, Pierre Vidal-Naquet, reivindicó en varias de sus obras la importancia de la Memoria a la hora de recordar tanto los horrores como el heroísmo del siglo XX, a la vez que denunció que la Historia no podía estar en manos ni de oportunistas en busca de ventas ni de embaucadores[22]. En uno de los pasajes de su libro Los asesinos de la memoria[23] hizo el siguiente alegato:

“Los asesinos de la memoria han elegido bien su objetivo: quieren golpear a una comunidad sobre las mil fibras aún dolorosas que la ligan a su propio pasado. Lanzan contra ella una acusación global de mendacidad y fraude (...). Pero no me propongo responder a esa acusación global situándome en el terreno de la afectividad. Aquí no se trata de sentimientos, sino de la verdad”.

Y la controvertida pugna existente entre Historia y Memoria aún sigue permanente. Una pugna que en mi opinión no debería existir, en la medida que ambos campos son necesarios y complementarios. Sin embargo, en determinados ámbitos académicos se ha afrontado el asunto con tal fiereza, no sé si inusitada, que parece que lo que se intenta es descalificar a la Memoria.

Seguí con atención en 2007 el debate historiográfico que la revista España Nova sacó a la luz en torno a esos dos campos, con Santos Juliá y Francisco Espinosa como principales exponentes de dos puntos de vista, si no antagónicos, sí al menos bastante distantes. El primero, veterano catedrático universitario, defendía no sólo la separación ente ambas, sino que tomaba distancias de la primera con respecto a la segunda. Daba a la Historia la condición de científica y calificaba a la Memoria como sospechosa de embaucadora. A tal efecto, escribió:

“El historiador, que por oficio habla del pasado, construye, desde luego, relatos sobre el pasado, pero si debe relacionarse con la memoria, tendrá que tomar todas las precauciones del mundo para no sucumbir a sus encantos”[24].

Espinosa, que por entonces acababa de iniciar su camino en el mundo universitario después de tres décadas de investigador “aventurero”, pero no por ello falto de rigor, y marginado en el mundo de la academia, puso de relieve el comportamiento tenido por la Universidad española, a quien criticó el no haber tocado el asunto de la represión durante la guerra y la postguerra

“hasta bien entrados los 90. (...): los aspectos sucios del golpe militar recaerán sobre los peones de la historia, es decir, sobre el grupo de investigadores que, por su cuenta propia y cada uno según sus posibilidades, levantarán acta de la masacre y de las dificultades para llegar a conocerla”[25].

Y es que la guerra tuvo una dimensión que no abarcó sólo a lo ocurrido en los campos de batalla o lo que se hizo en las retaguardias. Como ha apuntado Josefina Cuesta[26], “el nuevo régimen militar de 1936 [libró] una práctica muy vigilada de la memoria cívica”. Eso supuso un trabajo deliberado orientado al olvido, cuando no el silencio, del pasado inmediato. Y también, el secuestro de la memoria, que fue sustituida e impuesta por otra, que se retrotrajo a épocas anteriores, idealizadas, entre las que estuvo, por ejemplo, la ligada al imperio.

No pretendo alargarme en la controversia, pero no está de más volver a Vidal-Naquet, quien se refirió a la misma de esta manera:

“La memoria no es la historia (…). Entre memoria e historia puede haber tensión, incluso una oposición. Pero una historia (…) que no integra la memoria, o más bien las memorias, que no diera cuenta de las transformaciones de las memorias, sería una historia bien pobre”[27].

Ha planteado Manuel Reyes Mate, en un intento de conceptualización y delimitación de los dos campos, que la Memoria es una lectura moral del pasado, mientras que la Historia, si así se postula como objetivo, está libre de querer hacer un juicio moral. Pero considera o, más bien advierte, que en todo momento nos encontramos ante una situación que, lejos de ser un simple dilema, debe ser resuelta con decisión, porque, de no hacerlo,

cuando no reconocemos los derechos de las víctimas, de alguna manera asumimos ese destino del victimario”[28].

Pablo Sánchez León[29] ha reflexionado en torno a los cambios surgidos en la investigación histórica del periodo que nos ocupa y que está permitiendo el enriquecimiento del conocimiento histórico. Dichos cambios los pone en relación, por un lado, a la creciente colaboración con  otras disciplinas, como la antropología, la medicina forense, la jurisprudencia…; y, por otro, con las aportaciones que se hacen desde la misma sociedad, en las que incluye el movimiento memorialista. De esta manera

“el pasado asumido como cultura ciudadana es justamente el que mejor permite el diálogo crítico entre interpretaciones no ya diversas sino adversas; es solo que cuando se juntan de por medio cuestiones de justicia, el menosprecio recibido puede y suele convertirlas en signo de identidad y favorecer antagonismos”.

En esa línea también se ha expresado el historiador italiano Enzo Traverso, que ha destacado la renovación historiográfica que se está dando en España durante los últimos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes, lo que se está traduciendo en una relación clara entre lo que se demanda desde la sociedad y lo que se  produce en el campo de la investigación. Eso conlleva para quienes se dedican a la investigación histórica no tanto un cambio en el papel que se asignan per se, frecuentemente reconocido, como en un esfuerzo por que se visibilice en el seno de la sociedad que Historia y Memoria necesitan ir de la mano. Por eso se ha expresado en estos términos[30]:

"Hay un lazo simbiótico entre historia y memoria que hay que tomar en cuenta, porque la historia contribuye a forjar una representación del pasado en la sociedad. A pesar de que los historiadores incurren en la banalidad de decir que no tienen el monopolio de la historia, que no les pertenece, que pertenece a todos, pero los historiadores tienen un papel particular y contribuyen con su trabajo a forjar esa representación del pasado. Tenemos que saber que trabajan, que trabajamos, en esta relación simbiótica con el trabajo de memoria de la sociedad y esa demanda social de conocimiento”.

Estamos, pues, ante un tema que, además de la gran importancia que contiene en sí mismo, no tenemos más remedio que afrontarlo, porque, de lo contrario,

"el problema del silencio o del olvido aflora permanentemente[31].

 



[1] Publicado en el blog del autor Entre el mar y la meseta (4-02-2012; http://marymeseta.blogspot.com/2012/02/recuperar-la-memoria-es-dar-argumentos.html).
[2] Francisco Espinosa Maestre, La justicia de Queipo de Llano. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz (Barcelona, Crítica. 2006, p. 5).
[3] Magdalena González, “Una lectura de la Falange conileña: la estrategia del poder”, en Memoria del tiempo presente en Conil de la Frontera (1931-2011(Conil, Ayuntamiento de Conil, 2011, pp. 53-92).
[4] Joaquín Navarro Estevan, 25 años sin Constitución (Madrid, Foca, 2003, p. 27).
[5] Dirigido por el catedrático de Derecho Político Enrique Tierno Galván, compitió con el PSOE el espacio de la socialdemocracia, pero resultó claramente perdedor, al obtener apenas el 4’46% de los votos y 6 escaños frente al 29’3% y 118 escaños del partido dirigido aquellos años por Felipe González; en Andalucía el PSP se presentó coaligado con el Partido Socialista de Andalucía, obteniendo el 4’7% de los votos frente al 36’2 del PSOE. Ver Junta Electoral Central, "Elecciones Generales 15 de junio de 1977. Resultados" (sin fecha, p. 5; 
[6] Se presentó dentro de la Agrupación Electoral Democrática Independiente de Almería, que estaba apoyada por PSOE, PSP y PCE (ibidem,  p. 12).
[7] Rafael López Pintor,  “El estado de la opinión pública española y la transición a la democracia”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 13 (Madrid, CIS, 1981, p. 22); y Paloma Aguilar,  Memoria y olvido de la Guerra Civil española (Madrid, Alianza, 1996, p. 348 y ss.); en los dos casos se basan en las encuestas del Instituto de Opinión Pública de 1966, 1975 y 1976; la segunda autora, además, en los informes FOESSA de 1966, 1970, 1975 y 1981.
[8] Existen distintos autores que han defendido una versión diferente a la más extendida, fruto del llamado consenso constitucional: Joan Garcés, Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles (Madrid, Siglo XXI, 2008; la edición inicial es de 1996); Navarro Estevan (op. cit., 2003); José Vidal-Beneyto, Memoria democrática (Madrid, Foca, 2007), etc.
[9] Xavier Doménech Sampere, “El cambio político (1962-1976). Materiales para una perspectiva desde abajo”, en revista Historia del presente, n. 2 (2002; http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/1/1.3.pdf); Ferrán Gallego, El mito de la Transición. La crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977) (Barcelona, Crítica, (2008)); Juan Carlos Monedero, La transición contada a nuestros padres (Madrid, Catarata, 2011); Emmanuel Rodríguez López,  Por qué fracasó la democracia en España. La transición y el régimen del ’78 (Madrid, Traficantes de Sueños, 2015), etc.
[10] Francisco J. Leira Castiñeira, Soldados de Franco. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar (Madrid, Siglo XXI, 2020, p. 315).
[11] Magdalena González (op. cit., p. 552).
[12] He preferido utilizar el término Guerra de España, siguiendo al historiador David Jorge en su obra  Inseguridad colectiva. La Sociedad de Naciones, la Guerra de España y el fin de la paz mundial (Valencia, Tirant Humanidades, 2016); en la justificación que hace de tal denominación, no niega que fuera un conflicto civil, pero, como ha declarado en una entrevista el mismo año, añade: “No se puede interpretar con un mínimo de rigor la Guerra de España sin tener en permanente consideración los factores internacionales. Tampoco se puede interpretar la situación internacional de la época sin tener en cuenta la Guerra de España” ("La Guerra Civil debe conocerse como la Guerra de España. La elección del término no es casual", entrevista realizada por Alejandro Torrús,  diario Público, 21-12-2016; https://www.publico.es/politica/guerra-civil-debe-conocerse-guerra.html).
[13] La revista Interviú publicó varios reportajes; conocí en su día uno de ellos, “Salamanca. Así fue el terrorismo falangista”, de Ángel Montoto (n. 177, 4-10-1979); puede verse a través de la red electrónica (https://www.foroporlamemoria.info/documentos/2004/interviu_oct1979.htm).
[14] Pablo Sánchez León, "Los historiadores de la Segunda República y la Guerra del 36 que necesitamos (y los que no)" (diario Público, 18-07-2017, p. 93; 
[15] Ley 37/1984, de 22 de octubre (BOE n. 262, 1-11-1984).
[16] Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (BOE, n. 156, 30-06-1990).
[17] Francisco Espinosa Maestre,  Lucha de historias, lucha de memorias. España 2002-2015 
(Sevilla, Aconcagua, 2015, p. 107).
[18] Como ejemplo, el Archivo General de la Capitanía de la Zona Marítima del Estrecho sufrió un incendio en el verano de 1976, destruyéndose la mayor parte de la documentación existente. 
[19] Escrito del Defensor del Pueblo, con fecha 5-10-1998, de contestación a otro enviado por Diego Guerrero Pérez el 24-07-1998.
[20] Espinosa (op. cit. p. 107).
[21] Fue el caso del barbateño Diego Guerrero Pérez, mencionado en la nota 19.
[22] Arnoldo Siperman, “De Historia e historiadores. Homenaje a Pierre Vidal-Naquet (1930-2006)”, en revista Con-texto (Espacio Pluriversal) (2021; http://www.con-texto.com.ar/?p=506).
[23] Pierre Vidal-Naquet, Los asesinos de la memoria (Madrid, Siglo XXI, 1994, p. 14).
[24] Santos Juliá, “De nuestras memorias y de nuestras miserias”, en Julio Aróstegui Sánchez y Esteban Canales Gili (ed.), revista Hispania Nova. Revista electrónica de Historia Contemporánea (n. 7, 2007; http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d018.pdf).
[25] Francisco Espinosa Maestre, “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”, en Julio Aróstegui Sánchez y Esteban Canales Gili (ed.), revista Hispania Nova. Revista electrónica de Historia Contemporánea (n. 7, 2007; http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d013.pdf).
[26] Josefina Cuesta,  La odisea de la memoria: Historia de la memoria en España. Siglo XX (Madrid, Alianza, 2008, pp. 144-145).
[27] Vidal-Naquet (op. cit., p. 14).
[28] Manuel Reyes Mate, “Memoria histórica y ética de las víctimas”, en revista Página Abierta (n. 242, enero-febrero 2016; http://www.pensamientocritico.org/manrey0316.htm).
[29] Sánchez León (op. cit.).
[30] Enzo Traverso, “Historiografía y memoria: Interpretar el siglo XX. Parte 1”, en revista Aletheia, v. 1, n. 2, mayo 2011, pp. 5-6 (Universidad Nacional de la Plata, FaHCE Memoria Académica; http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4820/pr.4820.pdf).
[31] Cuesta (op. cit. p. 443).


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El artículo ha sido publicado, con fecha 29-07-2021, en Todos los nombres:
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