¡Esas varas de medir de la Justicia!

Al líder del PP, que hizo media carrera de Derecho en seis meses, vio cómo la Universidad Complutense consideró la ausencia de anomalías. Luego, cuando le regalaron el título de un máster sin asistir a las clases, la Justicia dijo que no procedía inculparlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de ratificar la inocencia de quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien también le regalaron un máster por la cara, a la vez que una asesora suya y la profesora que se vio obligada a certificar lo que no había cursado han visto rebajadas sus penas. Otra que fue presidenta de la misma Comunidad, que huyó por las bravas con su automóvil por las calles de la capital de la libertad después de haber cometido una infracción de tráfico, consiguió en su día que el fiscal correspondiente, con la ayuda de un conocido entramado policial, frenara que prosperara el caso. Una conocida líder de Vox, que hace años firmó proyectos como arquitecta sin haber obtenido el título, se ha visto agraciada por el TSJM, que ha negado que haya habido delito, al considerar que la falsificación era tan burda que no se podía engañar a nadie. Está también lo del emérito, que tiene miga, pero, en fin, sigue aburrido en Emiratos Árabes a la espera de que le hagan el favor definitivo...

Pues bien, acaba de salir la sentencia contra Isa Serra, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a la pena de 19 meses de cárcel por atentado a la autoridad cuando formó parte de un acto de solidaridad durante un desahucio. De nada ha servido que los vídeos de periodistas y los testimonios de personas allí presentes hayan demostrado que no hubo tal atentado. Ha predominado el informe policial, que encima se presentó un mes después de lo ocurrido. Cuando se trata de apuntar a miembros de la izquierda social y política, vemos con frecuencia una gran eficacia policial a la hora de detectar e inculpar  a sus integrantes. Lo que no se ha dado en otros casos en los que han participado los propios policías o miembros de la extrema derecha. Por ejemplo, en el acoso permanente sufrido por Pablo Iglesias e Irene Montero en su vivienda familiar por miembros de la extrema derecha. O cuando han sido incapaces de averiguar qué agentes efectuaron disparos con fuego real durante los incidentes acaecidos en el pasado mes de febrero en Linares, después que un policía no uniformado propinara una brutal paliza a un ciudadano y su compañero del cuerpo se dedicara a evitar el auxilio de transeúntes y, encima, a justificarlo. 

¡Ay, esas varas de medir...! 

Post scriptum 

Acabo de leer una noticia relacionada con lo anterior. Se trata de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha hecho pública esta mañana, sobre el cartel electoral de Vox que ponía a los y las menores inmigrantes en el foco de la criminalización. En el auto judicial se ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía, al considerar que el contenido del mensaje del cartel ("Un mena 4700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes") es propio del ejercicio de libertad de expresión. Pero lo más inaudito viene cuando, dentro de la argumentación, aparece la siguiente expresión sobre tales menores: "con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias y efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio".