Colombia se desangra y el estado tiene responsabilidad en ello
Siguen llegando malas noticias de Colombia. La violencia contra líderes sociales y políticos no cesa. Son datos preocupantes, con más de 300 personas asesinadas desde que firmaron los acuerdos de paz hace dos años, 170 en lo que va de año y 30 en el mes de agosto. Cuando se abrió la mesa de diálogo en 2012 y luego se firmaron los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC parecía que se abría un camino de esperanza. Pero lo que está ocurriendo sigue poniendo al descubierto una sociedad donde existen amplios sectores que prefieren mantener el estado de cosas anterior. Lo pusieron de relieve los resultados del referéndum sobre los acuerdos de paz en 2016 y los habidos en las dos últimas elecciones de este año. Es cierto también que se ha visibilizado esa parte de la sociedad que quiere cambios. Que apuesta por la paz y quiere una sociedad más justa. Pero no dejan de ser un eslabón muy débil y máxime cuando el gobierno actual, presidido por el uribista Iván Duque, y otros poderes del estado (policía, ejército, judicatura...) no muestran ninguna voluntad por protegerlos, sobre todo cuando se encuentran alejados de los medios urbanos. Siguen operando los grupos paramilitares, financiados por la oligarquía terrateniente y apoyados por sectores del aparato estatal. Actúan sin piedad contra esas personas que juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la creación de tejidos sociales que defienda a las pequeñas comunidades campesinas de la voracidad de la oligarquía terrateniente, o que han estado relacionados con las FARC. Ya en los años ochenta, tras la firma de otro acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el mismo grupo guerrillero, se produjo una matanza sobre antiguos guerrilleros y líderes de la Unión Patriótica que tuvo no menos de 3.000 víctimas. Lo que está ocurriendo en Colombia es muy preocupante. La violencia, estructural, es la única que actúa ahora. En ella el estado siempre tuvo una gran responsabilidad. Y la sigue teniendo, porque desde sus aparatos se sigue ejerciendo directa o indirectamente.
Siguen llegando malas noticias de Colombia. La violencia contra líderes sociales y políticos no cesa. Son datos preocupantes, con más de 300 personas asesinadas desde que firmaron los acuerdos de paz hace dos años, 170 en lo que va de año y 30 en el mes de agosto. Cuando se abrió la mesa de diálogo en 2012 y luego se firmaron los acuerdos de paz en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC parecía que se abría un camino de esperanza. Pero lo que está ocurriendo sigue poniendo al descubierto una sociedad donde existen amplios sectores que prefieren mantener el estado de cosas anterior. Lo pusieron de relieve los resultados del referéndum sobre los acuerdos de paz en 2016 y los habidos en las dos últimas elecciones de este año. Es cierto también que se ha visibilizado esa parte de la sociedad que quiere cambios. Que apuesta por la paz y quiere una sociedad más justa. Pero no dejan de ser un eslabón muy débil y máxime cuando el gobierno actual, presidido por el uribista Iván Duque, y otros poderes del estado (policía, ejército, judicatura...) no muestran ninguna voluntad por protegerlos, sobre todo cuando se encuentran alejados de los medios urbanos. Siguen operando los grupos paramilitares, financiados por la oligarquía terrateniente y apoyados por sectores del aparato estatal. Actúan sin piedad contra esas personas que juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y en la creación de tejidos sociales que defienda a las pequeñas comunidades campesinas de la voracidad de la oligarquía terrateniente, o que han estado relacionados con las FARC. Ya en los años ochenta, tras la firma de otro acuerdo de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y el mismo grupo guerrillero, se produjo una matanza sobre antiguos guerrilleros y líderes de la Unión Patriótica que tuvo no menos de 3.000 víctimas. Lo que está ocurriendo en Colombia es muy preocupante. La violencia, estructural, es la única que actúa ahora. En ella el estado siempre tuvo una gran responsabilidad. Y la sigue teniendo, porque desde sus aparatos se sigue ejerciendo directa o indirectamente.
