Esta mañana conocimos que Nadia Calviño anunció su oposición a la derogación de la reforma laboral y su reticencia a la subida del salario mínimo, además de querer coordinar la mesa del gobierno que trate ese asunto. Lo primero es algo que se contradice con lo que se aprobó hace unos días en el Congreso del PSOE y lo segundo ya quedó resuelto hace un par de meses en el seno del gobierno. Desde Unidas Podemos la respuesta ha sido inmediata y decidida: ha pedido que se reúna la comisión de negociación PSOE-UP, ante lo que considera una injerencia del ministerio de Economía en un asunto en el que la competencia pertenece al de Trabajo. Y la respuesta de Pedro Sánchez ha sido la de apoyar a Calviño.
Y esta tarde nos hemos encontrado con la decisión unilateral por parte de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, de retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, atendiendo a la petición hecha hace dos días por el juez Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para que se diera cumplimiento de la sentencia dictada contra dicho diputado a principios del mes actual. Ello, con el dictamen contrario de los letrados del Congreso y de la mayoría de la Mesa del mismo órgano, que han visto que no procede la pérdida del escaño. Se ha apuntado que en la petición de Marchena no se expresaba explícitamente la retirada del acta, pues, de haberlo hecho, incurriría en el delito de prevaricación, ya que la sentencia emitida en su día no conllevaba efectos extrapenales si se efectuaba el pago de la multa impuesta, como así se hizo. La decisión tomada por Batet, sin embargo, podría incurrir en el delito de prevaricación, que es lo que se ha denunciado por parte de Unidas Podemos.
Son demasiadas las concesiones que se están dando por parte del PSOE a las presiones provenientes de la derecha y de determinados sectores de los poderes del estado. Se busca obstaculizar y sabotear las medidas del gobierno que afectan al poder económico o, en el caso, de Alberto Rodríguez, criminalizar las protestas sociales. Eso, sin contar el posicionamiento del PSOE ante el rey emérito, lo que se está negociando con el PP sobre los órganos del estado pendientes de renovación...
¿Y qué puede suponer todo esto? Me temo que a la propia pervivencia del actual gobierno.
