Que las aguas del océano hayan derribado chiringuitos y anegado calles e incluso viviendas, o hayan provocado desperfectos en paseos marítimos, no ha dejado de ser la consecuencia de prácticas imprudentes. En algunos casos ilegales, pero en otros, aunque hayan estado dentro de la legalidad, derivadas de unas medidas permisivas propiciadas por el gobierno central.
Que nuestras costas llevan décadas siendo rehenes de un modelo de desarrollo urbanístico y turístico inadecuado, resulta evidente. Como también lo es que la actual ley de Costas, modificada por gobierno del PP, ha dado rienda suelta a nuevas invasiones del espacio marítimo. Ahí radica que, llegado un temporal de la dimensión como el de nuestros días, infraestructuras, viviendas e instalaciones turísticas se hayan visto afectadas.