La infanta
Cristina ha sido imputada en el caso Noos. El juez instructor José Castro ve indicios suficientes de dos delitos: fiscal y blanqueo de
dinero. Dispone de una información de gran valor procedente no sólo de la
policía, sino de la
Agencia Tributaria. No se ha andado con chiquitas a la hora
de razonar el auto y de paso le ha mandado un recado al fiscal Pedro Horrach,
que ya entorpeció en la primavera pasada la primera imputación de la infanta,
diciendo que ha perdido las formas. Hasta aquí las cosas parecen claras.
Incluso hay que reconocer la valentía del juez, que no ha parado de sufrir
presiones. La última, la del jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, que habló el otro
día del martirio que está sufriendo la familia real por el caso Noos. Pero me
temo algo: un cambio de estrategia en la defensa. Dada la persistencia del juez
y, lo que es peor, la idea que tiene la opinión pública de lo que hasta ahora
ha sido un trato de favor, están buscando nuevas vías. Hoy mismo en fuentes de la Casa Real han hablado de
respeto a la acción de la justicia. Porque, al fin y al cabo, quien acaba
emitiendo sentencias no es el juez instructor. Y aquí aparece un antecedente
que algunos medios de comunicación ya han adelantado: la conocida como
"doctrina Botín". En 2007 el presidente del Banco Santander, Emilio
Botín, se vio favorecido por una sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó
otra previa de la
Audiencia Nacional, mediante la cual salió indemne de la
acusación de varios delitos fiscales porque la iniciativa sólo contaba con la
acción de la acusación popular y no de la fiscalía o de una acusación
particular. ¿Qué han hecho y dicho hasta ahora el fiscal de Palma de Mallorca y
general del reino? ¿Y la abogacía el estado? ¿No se ha personado en la causa
sólo la acusación popular? A la justicia, hecha a la medida para que la gran
delincuencia salga indemne, le ha salido un nuevo reto. La ingeniería jurídica
está en marcha. ¿Qué ocurrirá?
(publicado el 11-12-2013)
