La conocida
cono "ley antidesahucios" de Andalucía (en realidad, Ley de la
función social de la vivienda), aprobada el año pasado por el Parlamento de
Andalucía, ha quedado finalmente paralizada. Lo ha dictado el Tribunal
Constitucional. Por siete votos contra cinco. Acepta, pues, el recurso del
gobierno central, que recurrió tanto el decreto previo de la consejería de
Fomento y Vivienda como la ley posterior. En el dictamen se dicen varias
cosas que no deben despreciarse. Una, que se invade las competencias del
gobierno central. Otra, que "daña la estabilidad del sistema
financiero". En una ecuación fácil, pero no incierta, si el gobierno
central se siente invadido y tal invasión supone lesionar al sistema
financiero, el gobierno central lo que hace es defender tal sistema. La minoría
del Constitucional que se ha opuesto al dictamen difiere de ello.
El gobierno y la mayoría del Constitucional, pues, garantes del
sistema. Claro y lógico. El otro día oí en boca de un tertuliano nocturno de la SER -del entorno psocialista, por supuesto- que Elena Cortés, la consejera de Fomento y Vivienda andaluza, es una talibán. Sí, así de rotundo lo dijo. Estaban hablando de lo ocurrido sobre el alojamiento provisional de quienes habían estado en la Corrala de la Utopía sevillana. No me voy a referir ahora a mis sospechas. Lo dejo para otro momento. Sólo me pregunto quiénes serán los talibanes.
(publicado el 17-04-2014)
