El gobierno
sigue con la carga del endurecimiento del código penal o la tipificación de
nuevos delitos. Ahora se está cebando en la criminalización desmesurada de
determinadas acciones ciudadanas, que no dejan de ser expresión del malestar
social y político existente. Es lo que se está conociendo con el nombre
de "ley mordaza" y que desde el gobierno se dice que "nos hará
más libres". Perseguir y castigar con dureza los escraches, la
participación en manifestaciones no convocadas legalmente, las acciones
pacíficas en determinados edificios oficiales o las concentraciones en las
sedes de los principales organismos del estado, que son formas de protesta
pacíficas. Así mismo, se pretende castigar con mayor dureza acciones que se
producen al fragor de situaciones tensas, como la resistencia o las agresiones
a miembros de las fuerzas de seguridad; o el destrozo de bienes, como
contenedores de basura, cajeros, etc. En su conjunto está dando la
medida de lo que busca el gobierno: atemorizar aún más a la gente, para
amordazarla y desmovilizarla. Y de paso, restringir las libertades públicas.Hace un año publicó Rebelión el artículo "Ni la delincuencia aumenta ni el código penal español es blando", escrito por el sociólogo Albert Sales i Campos, cuyo titulo sintetiza con claridad en qué situación nos encontramos. Hablaba de cosas como que en la reforma del código penal hecha en 2003, fruto del consenso PP y PSOE, se desplegó "una retórica llena de clichés del populismo punitivo importado del otro lado del Atlántico". Era una reforma hecha sobre un código penal que ya se había endurecido en 1995, lo que ha supuesto ampliar la capacidad de los jueces para dictar prisión preventiva, crear incentivos de autoinculpación para evitar trámites judiciales y conseguir beneficios penitenciarios, aumentar la cuantía de la pena máxima a los 40 años o condicionar el tercer grado al pago efectivo de responsabilidades civiles.
Uno de los
resultados ha sido el incremento de la población recluida en las cárceles, que
casi se duplicó entre 1996 y 2009, y no precisamente porque hubiera aumentado
el número de delitos. Lo que estaba expresando es el endurecimiento de las
penas y su tratamiento judicial. Sales i Campos resaltaba que de hecho se
estaba dando un retroceso en los índices de victimización en casi todas las
formas de delitos, lo que ilustraba con datos como los siguientes: "Tanto
los robos de coches, como los de objetos en el interior de los vehículos, los
robos en viviendas, las agresiones sexuales, o las agresiones físicas, han
reducido sus tasas de victimización. También se han reducido los robos con
violencia e intimidación que tienen un gran impacto en la sensación de
seguridad de la ciudadanía. De una tasa del 9,2% en 1989 se ha pasado a un 5,6%
en 2009".
El otro día aludí
a un programa en La Sexta
dedicado a los jueces que se han atrevido a perseguir tramas de corrupción y de
delincuencia organizada. Ámbitos donde se entremezclan las diversas
formas de delitos económicos y donde se alcanzan unas cantidades de dinero tan
desmesuradas, que dejan en ridículo las cuantías en las que se mueven quienes
llenan las cárceles. Se está poniendo en evidencia eso que el ya exjuez Diego
Torres llamó una justicia destinada a perseguir a "los robagallinas",
pero poco preparada para actuar sobre la delincuencia financiera en cualquiera
de sus formas.
Si lo que el sociólogo nos contaba es cierto -algo de lo caben pocas dudas, al estar basadas sus apreciaciones en datos oficiales-, ¿qué puede estar ocurriendo? Él mismo respondía de la siguiente forma: "Probablemente, el incremento de otros tipos de inseguridades derivadas de la precarización de los mercados laborales o de la extensión del riesgo de pobreza entre amplias capas de la población, genera sensibilidad a discursos que ofrezcan respuestas rápidas, fáciles de explicar y que trasladen la culpabilidad a personas y colectivos con comportamientos que se desvíen de los mayoritarios".
En los últimos años han aumentado las protestas ciudadanas: en frecuencia y número, en lugares, en participantes y hasta en variedad de formas. Es algo que preocupa a los gobiernos, aunque sea el actual del PP, por su carácter conservador, el que esté dando más vueltas de tuerca. Las medidas que ha anunciado apuntan en la dirección de una justicia aún más punitiva y más restrictiva en las libertades y los derechos.
Una orientación política que no está exenta de aparentes contradicciones. Como ocurre en la posible modificación de la legislación sanitaria en lo relativo al consumo de tabaco en determinados lugares públicos, como las zonas de juego. El megaproyecto de Eurovegas está siendo la excusa, donde se pretende crear, de entrada, una zona libre de las restricciones existentes en otros sitios. Se trata de un negocio donde convergen capitales de diversa procedencia, pero con el común denominador de su opacidad y ser un vehículo para su blanqueo. Un negocio redondo, que cuenta con un amplio apoyo en diversas instancias del PP y del que se espera que sirva de revulsivo electoral.
La justicia actúa en contextos concretos y está claro que quienes tienen la capacidad de legislar e incidir en ello, lo hacen con intereses concretos. Ya he señalado cuáles son.
(Publicado el 21-11-2013)
