Vivimos en un
estado garantista en materia de derecho. Me parece muy bien. Sin embargo, en determinadas
situaciones que afectan al derecho privado no existe ningún tipo de garantía.
Ni jurídica ni social. Cuando una empresa privada -grande, casi siempre- te
ofrece un servicio -léase electricidad, telefonía, agua...-, te corta de
inmediato el suministro o la comunicación si no has pagado la factura.
Acabo de leer que la empresa Iberdrola ha cortado la electricidad durante el
año 2013 a
casi 600.000 personas. ¡Sólo una de las empresas eléctricas! Me imagino -más
todavía, estoy seguro- que en la mayor parte de los casos la ausencia de pago
del recibo correspondiente se ha debido a una imposibilidad de fuerza mayor,
sea, por ejemplo, no disponer de dinero por estar en paro. ¿Dónde están las
garantías de las personas? La jurídica, en primer lugar, para dilucidar qué ha
ocurrido. La misma de la que las empresas o la gente con recursos hacen uso
para evitar o dilatar el ir a la cárcel o no pagar multas cuando han cometido
delitos -en muchos casos graves y cuantiosos- y no una demora en el pago de un
servicio. O la garantía de la seguridad de naturaleza social, ofrecida desde el
estado, que permita que nadie se quede sin un derecho importante, como es
disponer de electricidad en cada vivienda para satisfacer necesidades básicas.
(publicado el 22-03-2014)
