El pasado martes,
1 de febrero, asistí a una reunión sobre la recuperación de la memoria histórica que tuvo lugar en la sede de la de la CGT en Jerez de la Frontera. Lo hice en nombre del Ateneo Republicano de Barbate y también, dada mi relación con la asamblea local de IU de Barbate como simpatizante, a petición de su coordinador local.
Asistimos representantes provinciales de diversos grupos memorialísticos (foros, asociaciones o
ateneos de Algeciras, Jerez, Puerto de Santa María, Barbate, Puerto Real,
Ubrique, Jimena de la Frontera, San Fernando, CGT…), grupos municipales (Bornos,
Medina Sidonia, Trebujena, Jerez…, en todos los casos de IU) y grupos políticos
y sindicatos (IU, Podemos, CCOO, UGT, CGT…). No faltaron tampoco representantes
de la Plataforma de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del
franquismo, como José Mª “Chato” Galante, de la asociación La Comuna, un asesor
jurídico y Paqui Maqueda, miembro de dicha plataforma en Andalucía. Se contó
con la coordinación y moderación de Cristóbal Orellana, de la Plataforma de
Memoria Histórica de Jerez, y Ana Fernández, concejala de IU en Jerez.
La reunión
tuvo dos partes, que, aunque diferenciadas, tenían nexos en común. La primera
estuvo relacionada con la presencia de miembros de la Plataforma de apoyo a la
Querella Argentina, que, principalmente en las personas de “Chato” Galante y el
asesor jurídico que le acompañó, informaron acerca de la labor que están
desarrollando y propusieron participar en la querella. La otra trató de la necesidad
de coordinación de los distintos grupos memorialísticos de la provincia, para
lo que se hicieron dos propuestas concretas que más adelante se expondrán.
La querella argentina contra los
crímenes del franquismo
“Chato”
Galante resaltó, en primer lugar, el hecho de encontrarnos en la mejor oportunidad
desde la Transición para acabar con la impunidad del franquismo. Aludió por
ello a la admisión por parte de la justicia argentina de una querella contra
ese régimen por crímenes contra la humanidad.
La
propuesta que planteó consiste en que los ayuntamientos se personen directamente
en la querella. Esto se llevaría a cabo a través de un que se iniciaría con el
acuerdo corporativo de declaración de la querella; luego, con la recogida de
información, en muchos casos ya obtenida por los grupos memorialísticos, en
forma de testimonios personales y pruebas basadas en las investigaciones
históricas y exhumaciones de fosas realizadas; y finalmente, con la
presentación de la querella.
Todo lo
realizado hasta ahora está conllevando un proceso unitario y de gran
complejidad, que se abrió el año pasado cuando un grupo de personas viajaron a
Argentina y presentaron la querella, admitida por la jueza de ese país María
Servini. Cada vez son más las personas que se están adhiriendo a título
particular y son ya varios los ayuntamientos que han iniciado el proceso, como los
de Pamplona y Zaragoza.
“Chato” Galante hizo hincapié en el trabajo
que se está llevando a cabo desde la base por parte de los grupos
memorialísticos, algo que está siendo reconocido por parte de la comunidad
universitaria. La plataforma cuenta también con el asesoramiento científico de algunas
universidades, como la Complutense y la Autónoma
de Madrid, así como la Cátedra de Memoria Histórica de la UCM.
También destacó Galante las mayores posibilidades
existentes en la judicatura de base, más próxima a la realidad social y, por tanto,
más sensible a las demandas que se le plantean de cara a llevar a cabo
exhumaciones de fosas. Esto está ayudando mucho en la investigación y
adquisición de pruebas incriminatorias contra el franquismo. Por el contrario,
las instancias judiciales superiores están resultando poco receptivas, cuando
no obstáculos directos, como ocurrió cuando el juez Baltasar Garzón fue acusado
de prevaricación en su intención de procesar al régimen al franquista.
Los crímenes contra la humanidad no
prescriben
El asesor
jurídico presente en la reunión informó acerca de los argumentos jurídicos en
que se está basando la querella. El primero, que los crímenes contra la
humanidad no prescriben. Y el segundo, relacionado con la ley española de
amnistía de 1977, porque la jurisprudencia internacional no avala que ese tipo
de crímenes puedan ser motivo de olvido judicial.
Recordó que
España ya firmó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Humanos, que implica
la aceptación por la legislación española de su contenido. Dentro de la
jerarquía de normas, siendo la Constitución la más alta, en ella se menciona la
adhesión a dicho pacto y cuantos lo sean de ámbito internacional, por lo que no
procede que ninguna ley orgánica u ordinaria la contradiga. Como consecuencia,
impedir la investigación y juzgar el delito de crímenes contra la humanidad no
puede impedirse. Otra cosa es si la aplicación de cualquier sentencia debe
hacerse efectiva en virtud de la existencia de una ley de amnistía.
Intervenciones
A lo largo
de la reunión hubo bastantes intervenciones, en su mayoría de gran interés. Andrés
Rebolledo, de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en
La Sauceda y El Marrufo, destacó las enormes dificultades con que se encuentran
a la hora de ahondar en su labor, derivadas sobre todo de la no admisión por
parte de los medios judiciales de las víctimas que, habiendo desaparecido, no
fueron nunca encausadas. Propuso, por otra parte, la elaboración de un plan B
en caso de que la vía de la querella argentina no prosperara y concretamente
mencionó la formación de una Comisión de la Verdad. En otra intervención posterior
se refirió a la necesidad de ubicar y fomentar la publicidad de los lugares de
memoria.
Cristóbal
Orellana, de la Plataforma de Memoria Histórica de Jerez, resaltó la necesidad
de una mayor y más permanente coordinación, proponiendo dos reuniones: una, en
abril, con el fin de evaluar las actuaciones que se puedan llevar a cabo desde
los ayuntamientos en torno a la querella argentina; y otra, para el otoño, con
el fin de hacer una puesta en común de los trabajos de que se están llevando a
cabo (investigación histórica, exhumaciones, divulgación, etc.).
José Luis
Gutiérrez Molina, del grupo vinculado a la CGT Recuperación de la Memoria de la
Historia Social de Andalucía, resaltó la importancia de las exhumaciones y
pidió que desde los ayuntamientos se facilitara el registro de las personas
represaliadas que no fueron inscritas como tales.
León
Moriche, del Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, llamó la atención de la
necesidad de que la Junta de Andalucía se involucre más en el tema y recordó
que Andalucía ha sido el territorio más castigado por el franquismo.
Hugo
Palomares, alcalde de Bornos, y Santiago Gutiérrez, primer teniente de alcalde
de Medina Sidonia, pusieron a disposición sus ayuntamientos para llevara a cabo
cuantas actuaciones se necesiten. Se recordó, así mismo, que, dada la precariedad
de medios económicos que suelen tener los pequeños ayuntamientos, se pueden
utilizar los recursos jurídicos existentes en la Diputación Provincial.
Durante la
reunión hubo un asunto que pareció esclarecerse, relacionado con las exhumaciones
de los cuerpos de dos guerrilleros antifranquista enterrados en el término
municipal de Medina Sidonia. La falta de coordinación y comunicación entre el
grupo de memoria histórica de la CGT y del ayuntamiento es lo que ha llevado a
ciertos malentendidos, que parece que ya están en vías de solucionarse.
Conclusiones
Finalmente,
después de unas dos horas y media de reunión, se expusieron las conclusiones a
las que se llegaron. Por un lado, lo relacionado con la querella argentina, de
manera que desde la plataforma estatal se va a enviar un modelo tipo de
declaración para iniciar el proceso en cada ayuntamiento; también, la necesidad
de contemplar un plan B, concretado en la posibilidad de crear una Comisión de
la Verdad; y por último, prestar atención desde los ayuntamientos a los
registros de personas represaliadas que no aparecen inscritas ni en causas
judiciales ni en ningún tipo de registro oficial.
