Quienes roban
en las arcas públicas, entregan dolosamente fondos públicos a intereses privados, gestionan
irresponsablemente empresas públicas, defraudan a la hacienda pública, privatizan
servicios y bienes públicos, liberalizan el suelo para su especulación,
recortan en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las
personas dependientes, suscriben convenios internacionales que permite la libre
circulación de capitales y con ella la opacidad de los ilícitos o, entre
otras cosas más, se entregan a los dictados de otros
países, organismos internacionales o intereses de empresas y entidades
privadas extranjeras, es la misma gente que ha decidido imponer sanciones administrativas de
hasta 30.000 euros por "ofensas a España". Según
(publicado el 30-11-2013)
