Nicaragua: grandes contradicciones en los datos sobre las víctimas

La información que sigue apareciendo sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua sigue siendo enormemente contradictoria. En el seno de la derecha, no hay duda de lo que está ocurriendo: la responsabilidad recae en su totalidad en el gobierno nicaragüense. En la izquierda, por otra parte, hay división de opiniones, que es lo que he ido trasmitiendo en las diversas entradas publicadas desde que estalló el conflicto. 

Hay un aspecto, el de las víctimas de la violencia, en el que hasta ahora no me  había metido. De nuevo aquí existe una gran disparidad de datos a la hora de cuantificarlas. He aquí varias muestras. 

El escrito publicado el pasado 29 de julio en Sin Permiso "Solidaridad con el movimiento popular nicaragüense", que da contenido a una recogida de firmas, empieza de la siguiente manera: 

“La rebelión cívica y pacífica que se ha levantado en Nicaragua desde el 8 de abril de 2018 viene siendo reprimida con violencia por el gobierno del presidente Daniel Ortega y de la vice presidenta Rosario Murillo, su esposa. Según los informes de la Asociación Nicaragüense Por los Derechos Humanos (ANPDH), la policía nacional y los paramilitares, bajo las órdenes directas del poder ejecutivo, han asesinado a 448 personas. "La operación limpieza", fórmula oficial, ha pautado una nueva etapa en la voluntad de asfixiar todo movimiento de protesta. Entre el 23 y el 25 de julio de 2018, 137 personas, en su mayoría jóvenes, han sido juzgados bajo la acusación de "terrorismo", "crimen organizado", "asesinato"… Unos 500 opositores han sido secuestrados; la mayoría de ellos son considerados "desaparecidos", un término que evoca las peores épocas de América Central y del Sur”.

Para Claudio Katz, en su artículo del 30 julio “Nicaragua duele” (tomado de Viento Sur), tampoco existen dudas:  

“Los hechos de los últimos meses ofrecen pocas dudas. Una sucesión de protestas sociales fue brutalmente reprimida. Hay 350 muertos de un solo lado por la acción de fuerzas policiales o paramilitares. En todos los casos hubo disparos contra manifestantes desarmados, que respondieron o se escaparon como pudieron de la cacería. Las informaciones de numerosas fuentes coinciden en esa descripción. Se registró una escalada creciente de disparos a mansalva, que comenzó con algunos caídos y trepó a 60 asesinados a fines de abril. Esa tragedia no fue interrumpida por el inicio de conversaciones. Al contrario, el dialogo fue coronado con otros 225 crímenes. No existe ninguna justificación de ese salvajismo. Los partes oficiales (y las voces de apoyo que recibe) no exhiben ninguna prueba de la “acción terrorista”, que endilgan a las víctimas. Tampoco hay bajas significativas en el campo gubernamental y no existen registros del uso de armas de fuego por parte de los opositores. Estos acontecimientos no sólo han sido denunciados por los allegados a los caídos. Infinidad de testigos y una amplia variedad de periodistas corroboran esos acontecimientos. Pero lo más importante son las autorizadas voces de ex comandantes y dirigentes del sandinismo, que han verificado lo ocurrido en el mismo lugar de los hechos. Sus denuncias tienen altísima credibilidad y son coincidentes con la visión de viejos participantes extranjeros de la revolución. Estas opiniones importan por su gran conocimiento de los actores en disputa. La sangría que descargó el gobierno de Ortega se asemeja a la reacción de cualquier presidente derechista. Fue la típica violencia del estado contra los descontentos. Frente a ese atroz comportamiento, un movimiento originado en reivindicaciones básicas asumió un carácter democrático de resistencia a la represión. La demanda original contra la reforma de la seguridad social perdió gravitación, frente el dantesco escenario de centenares de muertos por la balacera de los gendarmes. Levantar la voz frente a este crimen, exigir el inmediato cese de la represión y el enjuiciamiento de los culpables es la primera definición frente a lo sucedido”.

Muy distinta es la evaluación hecha por Gustavo Espinoza M. en su artículo “La segunda etapa del conflicto nicaragüense”, del 3 agosto (tomado de Nuestra Bandera):

“Hoy se habla de 350 muertos en Nicaragua. Pero lo que nos se dice, es que las mayoría de ellos fueron abatidos por los vándalos en el intento de apoderarse del control de ciudades y poblados; que otros, fueron jóvenes militantes de la Juventud y el Frente Sandinista; que los hubo también policías –hombres y mujeres- secuestrados, torturados y asesinados vilmente; y que hasta se registró el caso de “el falso muerto”, personas que por 500 o algo mas, pesos aceptaron “pasar por muertos” y hasta fueron “velados” en sentidas ceremonias; y otros, proclamados difuntos, cuando caminaban por las calles de Madrid. República Dominicana y hasta los Estados Unidos. Todo eso –felizmente- está rigurosamente documentado”.

Resulta  evidente que una de las dos versiones, en lo fundamental, es falsa. En la primera se carga el peso de la represión sobre el gobierno, mientras que en la segunda se hace lo contrario. Esclarecerlo debe ser una prioridad.