Entre la información que se está revelando desde WikiLeaks hoy se han publicado en el diario Público las referidas a las ejecuciones extrajudiciales contra la población civil llevadas a cabo por el ejército colombiano durante el gobierno de Álvaro Uribe. Según trasmitió en el cable correspondiente el embajador estadounidense, por la información recibida del general Carlos Suárez, eran un “fenómeno generalizado” y tenían como objetivo sobredimensionar los éxitos militares usando como víctimas a “jóvenes en paro, indigentes o discapacitados mentales”. El método utilizado era el secuestro bajo engaño y su fusilamiento posterior, tras lo que se les revestía con prendas y armas para hacerlos pasar como guerrilleros.
Estas prácticas se han venido denunciando desde hace tiempo por organizaciones de derechos humanos y también por algunos grupos políticos colombianos. Lo que inicialmente ha sido la aparición de numerosas fosas comunes por distintas zonas del país con cadáveres de gente anónima, se dado paso a un conocimiento cada vez mayor de las formas utilizadas. Desde hace tiempo se había vinculado la mayor parte de estas acciones a los grupos paramilitares, muy activos entre los años 1997 y 2002 para combatir a las bases de apoyo de los grupos militares y autores de crímenes espeluznantes. Sin embargo, las revelaciones últimas, junto con la información desde fuentes estadounidenses, están confirmando las sospechas de que durante el gobierno de Álvaro Uribe el propio ejército estaba llevando a cabo prácticas de “guerra sucia” al estilo de los grupos paramilitares desmovilizados unos años antes. En el argot militar se viene denominando “falsos positivos” a las ejecuciones sobre jóvenes civiles a los que se hace pasar como guerrilleros.
La violencia institucional en Colombia, que tiene una prolongación en la ejercida por los grupos paramilitares, sigue afectando a numerosas personas, vinculadas en una buena parte a grupos populares. Según se ha informado desde varias fuentes (el grupo Polo Democrático Alternativo, la agencia EFE y TeleSUR), como publicó Rebelión el pasado 25 de noviembre, “unos cincuenta líderes políticos y sociales han sido asesinados en Colombia en los noventa primeros días del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos”, teniendo como víctimas principales a “dirigentes políticos de izquierda, dirigentes sindicales, líderes sociales, campesinos, indígenas, jóvenes, niños, población LGBT, defensores de derechos humanos”. La situación de las personas vinculadas a estos grupos resulta más que dramática, porque llevan siendo el blanco favorito de pistoleros a sueldo que actúan con impunidad bajo la protección de grupos paramilitares y determinados sectores de las instituciones del estado, entre las que están no sólo el ejército.
Pese a la violencia crónica que golpea a Colombia, que no tiene a los grupos guerrilleros como sus principales protagonistas, la presencia de los grupos de derechos humanos es muy activa, lo que permite denunciar las violaciones sistemáticas que se suceden desde hace décadas. Los pasados días 19 y 20 de noviembre Bogotá acogió la Conferencia Nacional “Genocidio y Democracia”, donde, una vez más, se sacó a la luz el cúmulo de violaciones y en especial de prácticas que se han llegado a caracterizar como de genocidio. Según publicó Rebelión el 3 de diciembre en dicha conferencia “se presentaron varios casos de genocidio y exterminio en Colombia, entre los que se destacaron la de pueblos indígenas, como el Kankuamo, Movimiento Gaitanista, AD M19, Unión Patriótica y Partido Comunista; Movimiento A Luchar; Movimiento Popular; Anuc-UR Sincelejo; Fensuagro; CUT, USO, Fecode y Anthoc, entre otras colectividades del movimiento campesino y sindical víctimas de genocidio”.
