La violencia en Colombia

La entrada anterior la he dedicado a una noticia relacionada con Colombia, tras la revelación de un cable del embajador estadounidense en ese país acerca de las matanzas contra la población civil por parte del ejército. El pasado mes de febrero tuve que hacer un trabajo dentro del máster Cultura de Paz (y, más en concreto, para el curso Metodología en investigación para la paz y los conflictos), al que puse el título “La violencia en Colombia. Informe sobre el tratamiento de conflictos”. Como el trabajo es relativamente amplio y buena parte de él está ocupado por cuestiones de metodología y el tratamiento de información periodística, he considerado oportuno reproducir dos de los apartados que, creo, permiten acercarse al conocimiento de la realidad de la violencia en ese país suramericano. He hecho un añadido, que sigue al primer apartado, que permite nos pone sobre la pista de lo ocurrido durante los últimos meses de este año.

El contexto de los conflictos colombianos

Colombia es un país situado en el cuadrante noroeste del continente suramericano, lindante a lo largo de 4.000 kilómetros de fronteras con cuatro países: Panamá, al noroeste; Venezuela, al este; Ecuador, al suroeste; y Perú, al sureste. Su población supera los 45 millones de habitantes, con una densidad de 38 h/km.². Geográficamente está dividido en tres grandes regiones, cada una coincidente con el relieve predominante: las zonas costeras caribeña, al norte, y pacífica, al oeste; las montañas, el extremo más septentrional de la cordillera andina, en la parte central oeste, separada por el valle del Cauca; y los llanos del este, que representan el 60% de la superficie del país y donde se ubican el paisaje de sabana, al norte, y el de la selva amazónica, al sur.

Proclamado estado independiente del imperio español por Simón Bolívar en 1819, Colombia se dotó de una constitución en 1821 y a lo largo de los años siguientes conoció diversos avatares históricos, donde nunca faltaron conflictos internos y territoriales, éstos con Perú y Panamá (independiente desde 1903). Un momento importante de su historia tuco lugar en 1948, con el llamado Bogotazo, ocasionado tras el asesinato de Jorge E. Gaitán, uno de los líderes del partido liberal, que dio origen a una revuelta popular que se saldó con una dura represión dirigida por el gobierno conservador. Hasta los años sesenta continuó el clima conflictivo violento, basado inicialmente en el enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero donde no faltó el protagonismo militar, con Gustavo Torres Pinilla como dictador entre 1953 y 1957. Paralelamente se desarrolló en el medio rural y las principales ciudades un movimiento popular partidario de reformas sociales y políticas radicales, heredero en parte de la tradición liberal y con aportaciones del partido comunista y otros sectores de la izquierda. En este contexto surgieron entre 1964 y 1965 los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, próximas al partido comunista), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL). Las palabras del sacerdote Camilo Torres, que acabó integrándose en el ELN puede resultar clarificadoras para definir la situación: “Esos odios ancestrales transmitidos de padres a hijos han servido únicamente a la oligarquía. Mientras los pobres pelean, los ricos gobiernan en su propio provecho” (1965). Es decir, una denuncia contra la oligarquía que ponía en el mal reparto de la riqueza y la corrupción política las raíces del problema.

La Constitución de 1969 abrió un periodo de estabilidad institucional, con una alternancia entre liberales y conservadores que ha continuado hasta nuestros días. Mientras el movimiento guerrillero siguió extendiéndose en actividad, zonas de influencia y nuevos grupos, como el Movimiento 19 de Abril (M-19), surgido en 1970 tras las acusaciones de fraude electoral en favor de la coalición conservadora-liberal. En la década de los setenta entraron en escena tres nuevos actores: el narcotráfico de la cocaína, con fuertes vinculaciones internacionales (70% de las exportaciones mundiales), el crimen organizado y los grupos paramilitares formados bajo el amparo del estado y el empresariado, que tuvieron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nacidas en 1997, el grupo más importante y violento. 

Durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994) se inició un proceso de negociaciones, acompañado de una tregua temporal, que supuso el abandono de las armas del M-19 y facciones del ELN y el EPL, y la creación desde ellos de grupos políticos. Fruto de este proceso fue la aprobación en 1991 de una nueva Constitución. Las FARC no participaron, aunque aceptaron temporalmente la tregua y apoyaron la creación de la Unión Patriótica, sufriendo el asesinato de líderes y representantes. Ello ha derivado en contenciosos judiciales para su esclarecimiento, incluido un recurso en 1993 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llegado a plantear la posibilidad de genocidio. Los resultados, en todo caso, han sido muy pobres, manteniéndose impune la mayoría de los crímenes.

Con el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) se abrió un nuevo proceso negociador, esta vez con las FARC, el ELN y las AUC, para lo que se llego a crear una zona desmilitarizada, aunque sin resultados concretos. Coincidió con la aprobación por el Senado de EEUU en 1999 del Plan Colombia, que se concretó en una ayuda para el año 2000 de 938 millones de dólares para Colombia (382 millones para los otros países de la región), estando destinados 710 millones a actividades antinarcóticas y 228 millones a desarrollo institucional, derechos humanos, programas de desarrollo alternativo, personas desplazadas y administración de las reformas judiciales. Durante los años prosiguieron las ayudas, ampliadas también a la lucha contra la guerrilla, convirtiéndose  Colombia en el tercer receptor de fondos de EEUU, (Restrepo y otros: 2004, p. 13; OIDHACO: 2000).

Esta ayuda estuvo formalmente condicionada, reconociendo el Senado explícitamente que el gobierno colombiano no había otorgado “prioridad suficiente a la cuestión de los derechos humanos”  y que el sistema judicial era “corrupto e ineficaz, y cientos de investigadores y fiscales de derechos humanos han tenido que abandonar el país por motivos de las amenazas de muerte” (Senado, 2000). Poco antes la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano había escrito: “La crisis golpea con intensidad a las familias de los estratos de ingreso medio y bajo, a la vez la concentración de la riqueza se agudiza, favorece sólo al 3% de los hogares. Dos de cada tres colombianos son excluidos, sin garantía de sus derechos sociales, el 70% de la fuerza laboral se encuentra desempleada […] o en empleos precarios […], la tasa de homicidios sigue siendo la más alta en el mundo (30.000 asesinatos al año) y el número de desplazados por la violencia se acerca a dos millones de personas. Las instituciones sociales, tanto las asistenciales como las de políticas públicas, se resquebrajan producto del desfinanciamiento, la ineficiencia, la corrupción y el abandono de las responsabilidades constitucionales del Estado” (Córdoba: 2000).

Desde el acceso a la presidencia de Álvaro Uribe en 2002 se ha abandonado la política moderada de su predecesor. En 2005 se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que ha permitido la desmovilización de las AUC. Ha seguido aplicándose el Plan Colombia, de escasa eficacia, aunque el vicepresidente del país lo ha dado “por muerto” en 2009, con el argumento de que “su actual costo para la dignidad del país es demasiado grande” (Plan Colombia…: 2009). Los grupos de derechos humanos, sin embargo, siguen denunciando la violación de los mismos y apunta la "responsabilidad penal individual de agentes estatales y miembros de grupos paramilitares por la comisión de crímenes contra la humanidad” (Equipo Nizcor: 2007). El gobierno colombiano también ha desarrollado operaciones contraguerrilleras de nuevo tipo, que han incluido la penetración en 2008 de unidades militares colombianas en territorio ecuatoriano. Desde entonces se están sucediendo acusaciones mutuas entre el gobierno colombiano y los de Ecuador y Venezuela, entre las que se incluyen por el primero el apoyo y protección a los grupos guerrilleros, o recientemente la acusación de violación de su espacio aéreo por un helicóptero militar venezolano. Por último, en octubre de 2009 los gobiernos colombiano y estadounidense firmaron un acuerdo militar mediante el cual EEUU podría hacer uso de las siete bases que tiene en suelo colombiano con el fin de luchar contra el narcotráfico y el "terrorismo". El acuerdo ha sido interpretado por los gobiernos de Venezuela y Ecuador como una amenaza a su seguridad y la estabilidad de la zona.

Lo ocurrido desde agosto de 2010

Al poco de su elección el pasado mes de agosto, el nuevo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, inició la reconducción de las relaciones con Venezuela, lo que ha culminado con la no tramitación por el Congreso colombiano del acuerdo militar con EEUU de 2009. La contrapartida  del gobierno venezolano ha sido recomponer las relaciones comerciales entre ambos países, cuyo deterioro había perjudicado en mayor medida a Colombia. 

La actual situación está resultando difícil de evaluar. La maniobra del presidente Santos ha desubicado a EEUU al frenar un acuerdo estratégico de gran importancia en la zona, lo que  está generando discrepancias a la hora de interpretarla. Las relaciones entre los gobiernos de los países vecinos, especialmente de Venezuela y Colombia, han mejorado considerablemente. Por otro  lado las revelaciones de nuevos casos de violaciones de los derechos humanos con implicación directa del gobierno, como es el caso de las desapariciones y fusilamientos de civiles, están desatando un nuevo terremoto político. El futuro sigue incierto.

(…)

Conclusiones

A lo largo del informe se han ido desgranando los distintos aspectos del fenómeno de la violencia en Colombia. Si hubiera que señalar cuáles son los principales rasgos definidores, se podrían destacar tres: un carácter crónico; una manifestación en distintas formas; la relevancia del factor socio-económico; y la presencia de EEUU como potencia dominante.

El primero de los rasgos está relacionado con una realidad dramática: no se puede encontrar ningún momento de su historia como nación y particularmente la más reciente en el que haya habido algún momento de paz. Pese a los esfuerzos habidos, concretados en los últimos años en los procesos de paz de 1990 y 1998, la violencia has estado presente en cualquiera de sus formas.

Las formas en que se manifiesta la violencia en los últimos años son diversas: la guerra entre el estado y los grupos guerrilleros; la implicación en este conflicto de los grupos paramilitares, en connivencia con el estado y los grupos criminales; la violencia criminal de diverso tipo, entre individuos o grupos humanos no organizados, con bandas organizadas, con la conexión con el narcotráfico…; éste tiene una personalidad propia, al haber adquirido una dimensión económica y social que no sólo afecta a la estructura del país, sino que tiene amplias vinculaciones internacionales; la violencia sufrida por la población civil según su condición social (campesinado, subproletariado urbano), étnica (indígenas), de género (mujeres), edad (menores, jóvenes), militancia (sindicalistas, pro derechos humanos)…;  y la importante responsabilidad del estado, en sus tres poderes, incapaces de garantizar el respeto de los derechos humanos, de estimular la creación de una sociedad más vertebrada desde una mayor cohesión social o de desarrollar una democracia sin exclusiones. Todo esto ha tenido como resultado más dramático que Colombia sea uno de los países más violentos del mundo.

El factor socio-económico resulta de especial trascendencia. El origen de los grupos  guerrilleros no se entendería si no se atendiese a una sociedad con grandes desequilibrios sociales, partiendo de una estructura agraria latifundista y la creciente urbanización de las ciudades más importantes sin las mínimas condiciones de bienestar. La oligarquía colombiana se ha nutrido de una fuerte explotación de su mano de obra, de la apropiación de tierras de diversas maneras, incluidas las fraudulentas y de la connivencia con los intereses de las empresas trasnacionales. El estado, lejos de garantizar un bienestar mínimo a toda la población en aspectos como la salud o la educación, ha tendido en los últimos años a limitar su extensión mediante la reducción de los gastos sociales y la privatización de servicios. La emigración no es ajena a esta situación, lo que obliga a una parte de la población a tener que desplazarse a otros países y continentes.

La presencia permanente de EEUU a lo largo de su historia ha ido aumentando en las últimas décadas. Acuerdos de diverso tipo han intensificado su relación con los distintos gobiernos colombianos. El Plan Colombia, por ejemplo, ha sido la base para combatir a la vez el narcotráfico y los grupos guerrilleros, sin que los resultados hayan sido eficaces, excepto el agravamiento en la violación de los derechos humanos. Los problemas que está teniendo EEUU con algunos gobiernos latinoamericanos, dos de los cuales son vecinos de Colombia, han llevado a que las tensiones con Venezuela y Ecuador estén aumentando en los últimos años. A ello no es ajeno el reciente acuerdo militar entre los gobiernos de EEUU y Colombia para el intercambio de información de inteligencia y el uso de bases militares.

El funcionamiento de la democracia en un país en guerra, con graves violaciones de los derechos humanos, un poder judicial corrompido y grandes interferencias del mundo del crimen organizado, hace que se pueda sacar como conclusión que tenga importantes deficits. Las próximas elecciones, donde a la controversia sobre la legalidad de un hipotético tercer mandato del actual presidente, se le une la tradicional exclusión  de hecho a parte de la población y la desconfianza de otra parte, corren el riesgo de agravar aún más la situación y seguir poniendo en duda la legitimidad del sistema.

Un aspecto que llama la atención es la fortaleza y dinamismo que muestran los grupos que luchan por la paz y los derechos humanos, pese a la violencia que sufren por parte de los grupos criminales y paramilitares, la represión que con frecuencia despliega el gobierno o la casi ausencia de protección que reciben desde las distintas instancias del estado. Sería importante que desde las organizaciones internacionales, especialmente la ONU, y los países con tradición en la garantía de derechos humanos se redoblasen los esfuerzos para buscar fórmulas de solución de los conflictos desde una dimensión global y atendiendo al cumplimiento escrupuloso del derecho internacional.         


Bibliografía de referencia

BIDEN, J. R. (2008). Plan Colombia. Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, en http://www.gao.gov/new.items/d0971.pdf. 

CARDOSO, C. F. S. y PÉREZ, H. (1984). Historia económica de América Latina. 2. Economías de exportación y desarrollo capitalista. Barcelona, Crítica. 
CHOMSKY, N. (2000). Clinton inundó Colombia con armas. Entrevista por Heinz Dieterich, editado electrónicamente por el Equipo Nizkor UE, 9 de octubre, en  http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/chomsky.html. 
COELLO, I. (21010). El asesinato de civiles era algo habitual en el ejército de Uribe. En http://www.publico.es, 19-12-2010. 
CONTENTO, L. (2002). Plan Colombia. Alcance, beneficios y repercusiones y repercusiones para la seguridad regional. Colegio Interamericano de Defensa, Fort Lesley J. Mcnair, Washington, D.C., mayo, en http://library.jid.org/en/mono41/contento.doc (consultado el 11-02-2010). 
CÓRDOBA, P. (2000). El Plan Colombia: el escalamiento del conflicto social y armado. Documento editado electrónicamente por el Equipo Nizkor, Madrid, 7 de abril, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan/. 
DEL POZO, M. A. (2009). Por qué las bases gringas en Colombia. Barómetro Internacional, 24 de septiembre, en http://www.barometro-internacional.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=462. 
EQUIPO NIZCOR (1999). Documento Oficial del Gobierno Colombiano sobre el Plan Colombia. Presidencia de la República de Colombia. Publicado en internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan.

EQUIPO NIZKOR (2007). Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia: doctrina, jurisprudencia y normas de Derecho Internacional y de Derecho Internacional de Derechos Humanos de obligado cumplimiento para el sistema de justicia colombiano. Informe del Equipo Nizkor, Madrid y Bruselas, 12-06-2007, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan.

GIRALDO, J. F. (2005). Colombia in armed conflict? 1946-1985, en Papel Político, n. 18, diciembre, pp. 43-78, publicado en  http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32774.pdf.

GUTIÉRREZ, L. (2001). Declaraciones ante la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Washington, DC 17 de diciembre [Fuente: Política de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental, Embajador Lino Gutiérrez, secretario de Estado adjunto en funciones, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Departamento de Estado de Estados Unidos, 28-12-2001], Equipo Nizkor y Human Rights, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan.

HARNECKER, M. (1999). La izquierda en el umbral del siglo XXI. Haciendo posible lo imposible. Madrid, Siglo XXI.

HUMAN RIGTHS WATCH (2010). Herederos de los Paramilitares. La Nueva Cara de la Violencia en Colombia. En http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201002/03/internacional/20100203elpepuint_1_Pes_PDF.pdf. 

OIDHACO (2000). Plan Colombia: Una estrategia sin solución. Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), editada electrónicamente por el Equipo Nizkor, 20-03-2000, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan.

PETRAS, J. (2000). La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo. Madrid, Akal.

Plan Colombia no es necesario ni efectivo (2009). El Universo, 16-03-2009, Bogota, en  http://www.eluniverso.com/2009/03/16/1/1361/73022141C2854967A3D2A9BAD2092D67.html. 
RAIGOZO, C. (2010). Conferencia Nacional Genocidio y Democracia. La “Democracia más antigua de América” se ha mantenido a base de genocidios. En http://www.rebelion.org, 3-12-2010. 
RESTREPO, J. A., SPAGAT, M. y VARGAS, J. F. (2004). La dinámica del conflicto colombiano, 1988-2003. En http://www.semana.com/documents/Doc-1757_2008924. 
RICO, M. (2010). El presidente de Colombia congeló el acuerdo militar con EEUU que había impulsado como ministro. En http://www.elpais.com, 18-12-2010. 
SENADO DE EEUU (2000). Ley sobre asignación presupuestaria para operaciones extranjeras, financiación de exportaciones y programas conexos para 2001. Publicado en internet por Equipo Nizkor, 26-06-2000, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/plan. 
SKIDMORE, T. E. y SMITH, P. H.(1996). Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo XX. Barcelona, Crítica. 
TORRES, C. (1965). Mensaje a la oligarquía, Colombia. INEP Internet para el profesional de la política, en http://inep.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3534. 
VEILLETTE, C. (2005). Plan Colombia: A Progress Report. En CRS Report for Congress / Received through the CRS Web, June 22, en http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32774.pdf. 
VVAA (2005). Propuesta para una nueva política hacia Colombia. LAWGEF, CIP, WOLA y USOC, abril, en http://lawg.nonprofitsoapbox.com/storage/lawg/documents/propuesta.pdf.