Hace ocho años, en febrero de 2008, Rebelión publicó un breve artículo mío que titulé "Los porqués de un sistema electoral injusto". Por entonces tuvo mucha difusión en la red, quizás por los ilustrativo que era a la hora de demostrar la intencionalidad clara que tuvo la norma electoral de 1977 que todavía sigue vigente en lo fundamental y la repercusión negativa que ha tenido para el PCE, primero, e IU, después. Hoy, además, he podido leer un trabajo de investigación en el que se utiliza el contenido de mi artículo como uno de los referentes. Se trata concretamente del Trabajo Fin de Grado presentado en 2015 por Antolín
Sánchez Jorge en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández de Orihuela y titulado Condiciones materiales de la democracia. En diciembre pasado IU, dentro de la candidatura UP-IU volvió a sufrir los rigores del sistema electoral, con cerca de un millón de votos y sólo dos escaños en el Congreso. Considero que el artículo sigue teniendo vigencia: porque la ley electoral actual sigue inspirada en la norma de 1977 diseñada por el aparato franquista reformista y en lo fundamental sigue permitiendo los dos partidos del sistema, PP y PSOE, se sigan beneficiando de ella.
El sistema
electoral español está basado en el
decreto-ley de 18 de marzo de 1977, que estableció un doble sistema de elección
(proporcional, para el Congreso, y mayoritario, para el Senado), la provincia
como circunscripción y unos correctivos en la
representación para el Congreso (mínimo de 2 escaños por provincia y
máximo de 350). Sus creadores (Miguel Herrero, Óscar Alzaga, Landelino
Lavilla...) lo argumentaron para
garantizar un gobierno estable, pero en realidad fue un ejercicio de ingeniería
político-electoral (dicho a lo fino) o
de manipulación de las reglas del juego en beneficio propio (dicho más
claramente) que tenía como objetivo que UCD (el partido de Adolfo Suárez,
formado por los más reformistas del régimen franquista y los más moderados de
la oposición) consiguiera la mayoría absoluta con el 35% de los votos. Se
concedió así una sobrerrepresentación a las provincias menos pobladas, las más
conservadoras, y una infrarrepresentación a las más pobladas, donde la
izquierda contaba con mayores apoyos. Favoreció a los partidos con mayor
implantación en cada territorio, a la vez que se dificultó la representación de
los menores.
Esta norma electoral estuvo en vigor hasta 1985, en
que el PSOE impulsó una ley electoral que apoyaron AP
(hoy PP) y CiU. Supuso en la práctica una ratificación del decreto de 1977,
estando vigente en la actualidad.
Las
perversiones del sistema electoral
En un
primer vistazo se observa que lo que cuesta obtener un escaño varía
considerablemente de unos partidos a otros. Con diferencia, los más
beneficiados son PP y PSOE, junto con el PNV, NB y CC. En el otro extremo se
encuentra IU, al que le cuesta unas cuatro veces más cada escaño obtenido.
Fijándonos
ahora en el valor de cada escaño por provincia, vamos a basarnos en las cuatro
que representan los dos extremos por el número de habitantes y, por tanto, el
número de escaños a elegir: Soria, Teruel, Barcelona y Madrid.
Un ejercicio más democrático: otros sistemas
de asignación de escaños
Si la distribución de escaños se hiciera de una manera proporcional atendiendo a los votos obtenidos en el conjunto del estado, los resultados variarían bastante, porque aumentaría el número de escaños de algunos grupos (IU, sobre todo, y CiU, ERC y BNG) y permitiría que otros, que no los habían conseguido, entraran en el Congreso (PA, B-EV y PSM-EN-EU-EV-ER).
Asignación proporcional de escaños y circunscripción estatal
Si
consideramos como circunscripción la comunidad autónoma, la adjudicación de escaños se alteraría en
bastantes comunidades.
Número de escaños según la circunscripción
Y
su reparto sería el siguiente:
Asignación proporcional de escaños en circunscripción autonómica
Algunas conclusiones
El sistema electoral favorece a los dos primeros
partidos de ámbito estatal: el PSOE y el PP; y no favorece a los partidos
nacionalistas, como se suele decir frecuentemente.
IU, que es la tercera fuerza política del conjunto
del estado, es la gran perjudicada.
La falta de
proporcionalidad se debe a que la elección se hace por provincias, con unas
correcciones en favor de las menos pobladas; hablamos, por tanto, de un hecho
antidemocrático.
Los votos de
IU que no obtienen representación, que
son muchos (750.000 en 2004), dejan de tener expresión política, sin tener en
cuenta que dicho grupo podría haber conseguido más votos si la gente hubiera
tenido la seguridad de que su voto servía para
obtener representación.
Es necesaria una reforma del sistema electoral para
hacerlo más proporcional.
Una
forma podría ser la elección por
circunscripciones autonómicas, que, por otra parte, se ajusta más a la realidad
político-territorial de España. En todo caso, asignando al ámbito territorial
que se considere oportuno para asignar los escaños la proporción real que le
corresponden.
Las consecuencias de esta propuesta de reforma sobre
la vida política serían distintas.
(25-02-2008)
