Nos ha contado Joan Martínez Alier (ver también la entrada de este cuaderno "Joan Martínez Alier y el Atlas de Justicia Ambiental") el riesgo que supone para su vida la lucha en defensa de la naturaleza que tanta gente lleva a cabo en lo que denomina territorios de frontera de los recursos naturales. Y Latinoamérica como continente y Honduras como país son de los territorios más vulnerables. Para el grupo Global Witness "Honduras es el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014", en su mayoría indígenas. Del caso paradigmático de Cáceres, acaecido en 2015, señala que "las principales causas de su muerte fueron la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria".
El otro día apareció en varios medios de comunicación una entrevista a Gustavo Castro, ecologista mexicano y testigo del asesinato de Cáceres. Acusa directamente al gobierno hondureño, a través de funcionarios y sicarios, como implicado en el asesinato, la obstrucción en la investigación y el encubrimiento de los responsables. Miembros de los aparatos policial, militar y judicial intentaron incluso inculparlo en su muerte, algo que logró esquivar gracias a la acción del personal de la embajada mexicana.
Toda una conspiración en la que, como totum revolutum, se mezclan los intereses privados de las grandes empresas y los aparatos del estado. No debemos olvidar que en Honduras tuvo lugar hace siete años un golpe de estado que acabó con la presidencia y el gobierno de Manuel Zelaya, quien buscaba en su país una vía independiente de los intereses de las grandes multinacionales y la intromisión imperialista. Cáceres, coherente con su trayectoria política, estuvo entre las personas que se opusieron al golpe y lucharon contra la dictadura.
(Imagen: retrato de Berta Cáceres, publicado en en foodfirst.org)