Hoy ha comenzado en Getafe el juicio contra ocho sindicalistas de la empresa Airbús, acusados de varios delitos, entre los que se encuentran los de atentado, coacción y lesiones contra las fuerzas de orden público. Los supuestos hechos ocurrieron durante la huelga general de septiembre 2010, convocada por los sindicatos contra la reforma laboral que impulsó el gobierno del PSOE, entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Para cada uno de los involucrados la fiscalía pide más de ocho años de cárcel.
Una de las bases de las acusaciones que se hacen por la fiscalía se encuentra en el polémico artículo 315.3 del Código Penal, que alude a la actuación de los piquetes de huelga. La interpretación que se hace es que la actuación de los trabajadores fue violenta, dado que en dicho apartado se hace referencia al empleo de coacción por parte de quienes componen dichos piquetes. Los trabajadores niegan que su actuación fuera violenta, ni contra las personas a quienes informaban para que no fueran a trabajar ni contra las fuerzas del orden.
Los conocidos como los "Ocho de Airbús" -José Alcázar, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jerónimo Martín, Raúl Fernández, Edgar Martín y Armando Barco- han recibido desde el primer momento muchas muestras de apoyo, incluida una manifestación previa celebrada en los preliminares del juicio bajo el lema "No son 8, somos miles". Además de por numerosos compañeros de trabajo, estuvieron acompañados de los secretarios generales de CCOO y UGT, dirigentes y cargos públicos de IU, PSOE y Podemos, y de muchas otras personas hasta una cantidad aproximada de 10.000.
