En esta ocasión se le acusa de delitos de homicidio agravado, cometidos durante su mandato como ministro de Relaciones Sindicales, con Carlos Arias Navarro (entre 1975 y 1976), y de Gobernación/Interior, con Adolfo Suárez (entre 1976 y 1981). Hace un par de días María F. Sánchez, en su artículo "Los hechos de la Transición que deberá explicar Martín Villa a la jueza Servini", publicado en Cuarto Poder, hizo un relato pormenorizado de los motivos de la acusación, en los que las actuaciones de las fuerzas de orden público y determinados grupos paramilitares fascistas provocaron que personas murieran como consecuencia de sus actuaciones más que contundentes.
Se trata, en fin, de investigar, para luego dirimir, acerca de lo ocurrido en los sucesos de Vitoria, en marzo de 1976, donde murieron cinco personas y resultaron heridas más de 150; las muertes, entre 1976 y 1977, de otras tres personas que se manifestaban en Hondarribia (Guipúzcoa), Santurce (Vizcaya) y Madrid, respectivamente; las tres producidas en mayo de 1977 durante la semana pro-amnistía llevada a cabo en el País Vasco; o la ocurrida en julio de 1978 en Pamplona, cuando se estaban celebrando los Sanfermines.
No son todos los crímenes, sino sólo los que han sido denunciados, que son una pequeña parte. Hay que recordar que el número de víctimas mortales habidas durante los años de la Transición, como consecuencia de la acción de las fuerzas del orden público o los grupos fascistas, varía según las investigaciones. Oscilan entre las 188 señaladas por Sánchez Soler y las 245, por Wilhelmi, que anualmente supusieron entre 30 y 40. Sobre esto puede leerse una entrada mía, publicada en septiembre del año pasado, con el título "La violencia represiva durante la Transición (a propósito de la ignorancia atrevida de Carmen Calvo)".
Martín Villa tampoco es la única persona imputada, pues habría que sumar a otras 18 más. Otra cosa es que desde que hace diez años se inició la "querella argentina" ha ido falleciendo el resto de los cargos franquistas imputados y llamados a declarar.
Y precisamente Martín Villa no se ha quedado parado. Previo a su declaración ha conseguido el apoyo de cuatro expresidentes del gobierno (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy), dos "padres" de la Constitución (Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón), varios exministros de UCD y PSOE (Rafael Arias-Salgado, Josep Borrell, etc.), cuatro secretarios generales de centrales sindicales (Nicolás Redondo y Cándido Méndez, de UGT, y Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, de CCOO)... Cada uno ha enviado una carta a la jueza Servini, con la intención de exculpar de sus responsabilidades al implicado.
Hoy mismo eldiario.es ha publicado una entrevista a Rodríguez Zapatero, donde justifica su posición ante el asunto. Considera que "Son hechos que en algunos casos fueron juzgados, quizá no teniendo en cuenta que la Transición fue un éxito pero no perfecta. Quizá algunos no fueron depurados adecuadamente". Y ha concluido que "sin haberlo vivido no puede haber un juicio objetivo".
El manto de querer silenciar y tapar lo ocurrido, al menos como intento, sigue presente. Es lo que tenemos.
