Primero
Sí, una pancarta en medio de dos actos: el de libertad de expresión, seguida de un acto de desobediencia, por parte del presidente de una comunidad autónoma; y la orden de un órgano electoral para retirarla. El President de la Generalitat de Catalunya y la Junta Electoral Central. Dos instituciones frente a frente: la primera, expresión de la ciudadanía; y la segunda, de naturaleza administrativa.
Segundo
Una sentencia unánime del Supremo Supremo, que ha confirmado la dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: 18 meses de inhabilitación para Joaquim Torra. En el razonamiento se ha aludido a una desobediencia consciente, "contumaz y obstinada". Y que, de no hacerlo, "constituiría
una burla al respeto que los citados ciudadanos deben al buen funcionamiento de
los poderes públicos". Por unanimidad, repito.
Tercero
No lo digo yo, lo acabo de leer en el artículo de Javier Pérez Royo que ha publicado eldiario.es:
"Una cosa es
desobedecer y otra distinta cometer el delito de desobediencia. No cabe duda de
que el president de la Generalitat, Joaquim Torra, desobedeció a la Junta
Electoral Central (JEC). Pero tampoco cabe duda de que no ha cometido el delito
de desobediencia tipificado en el artículo 50.1 del Código Penal. (...) La JEC es
un órgano administrativo y no jurisdiccional, aunque esté integrada
mayoritariamente por jueces y magistrados y esté presidida siempre por uno de
ellos. Pero no forma parte del Poder Judicial, sino de la Administración
Electoral. (…) Las
sentencias del TSJC y del TS son, pues, nulas de pleno derecho por vulneración
del derecho fundamental del principio de legalidad penal. El president Torra ha
desobedecido a un órgano administrativo que no es "autoridad
superior" respecto de él, pero no ha desobedecido a la autoridad judicial. (…) Procede, en
consecuencia, la interposición inmediata de un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional con la solicitud de la adopción de la medida
cautelarísima de la suspensión de la sentencia dictada por el TS, ya que, de lo
contrario, se vería afectado de forma grave el funcionamiento del sistema
político regulado conjuntamente por la Constitución y el Estatuto de
Autonomía".
Cuarto
Torra ha decidido acatar la sentencia. Los dos grupos que componen el gobierno catalán, JxC y ERC, han decidido completar la legislatura hasta febrero del próximo. Las elecciones catalanas no serán, pues, inmediatas. Cada grupo intensificará la preparación de las elecciones. Razones tiene cada uno. ERC, que sigue consolidándose como primera fuerza, mira de reojo a lo que ocurre en el conjunto del estado, especialmente en lo concerniente a los presupuestos generales. El espacio de JxC se ha dividido entre el alma más independentista (Puigdemont), mayoritaria, y el de la antigua CDC (Mas). Necesitan tiempo, sobre todo la primera.
Quinto
Faltan por aprobar los presupuestos generales del estado. Para que eso pueda llevarse a cabo desde una perspectiva de izquierda se necesita el apoyo de ERC. Y en la tesitura creada en Cataluña tras la decisión del Tribunal Supremo, la cosa va a resultar más que difícil.
Sexto
Los poderes del estado siguen actuando. Y entre ellos, el poder judicial, que también es de naturaleza política, se está dejando ver más que nunca. Y en esta ocasión, por una pancarta.
