De lo que se trata es de mofa, manifestada de diversas formas, como la pueden haber recibido tantos personajes poderosos. Y en ellos, también, por supuesto, quienes han ostentado la categoría de dictadores.
El tribunal de la Audiencia Nacional formado por Juan Francisco Martel, Carmen González y Teresa Palacios ha sentenciado, sin embargo, que el humor de Cassandra no es válido. O lo que es peor, es delictivo. Han adoptado la propuesta final de la fiscalía, que, cuando abrió la denuncia, ya pidió una condena de dos años de prisión. Ahora el tribunal ha condenado a Cassandra a un año. Para ello ha relacionado sus mensajes con el terrorismo y, más concretamente, con el de ETA. Ha relacionado la ETA de 1973 con la posterior a 1977. Ha desvinculado el contexto de la dictadura con el posterior a las elecciones de 1977 y de la aprobación de la Constitución. Se menciona en el escrito que ha habido hacia Carrero Blanco "desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta". Se añade que "la lacra del terrorismo persiste". Y se alude, así mismo, al "discurso del odio".
Cuesta creer que se haya podido emitir una sentencia de ese calibre y con la argumentación que se proporciona. Suena, como llevamos tiempo sufriendo, a sentencias con olor a persecución política, impropias de un sistema que se dice democrático. Supone la negación del derecho de libertad de expresión. Una puerta abierta a multitud de manifestaciones que cada día se dan en distintos ámbitos. No sé qué ocurrirá ahora, después que la reproducción de los mensajes se ha multiplicado exponencialmente. Si la sentencia conlleva su borrado o la persecución de quienes lo reproduzcan. Se pueden consultar en distintos medios de comunicación y la difusión a través de las distintas redes sociales será imparable. Darán lugar a más chistes, comentarios y cualquiera otra forma de chanza. Un dislate, además.
Como contraste a este caso, llama la atención la escasa atención que se presta en medios judiciales a tantos comentarios, muchas veces amenazantes, que recibe gente de medios, digamos, progresistas. Vuelve a aparecer lo de las distintas varas de medir. Igual que en los delitos económicos se castiga con rigor a quienes tienen menos y se muestra mayor magnanimidad, cuando no trato de favor, a quienes tienen mucho más, en este caso no es lo mismo ser de derechas que ser de izquierdas. Reírse de Carrero Blanco, como se ha hecho y sigue haciendo de Franco, Hitler, Mussolini y tantas personas más de ese calibre, es delito en este país. Hacerlo, por ejemplo, de las víctimas de la represión franquista, como lo ha hecho en varias ocasiones el actual portavoz del PP en el Congreso, el tal Rafael Hernando, no lo es.
Distintas varas de medir, en suma. Una justicia que, en muchas ocasiones, como la que nos ocupa, se inclina hacia un lado.