sábado, 29 de agosto de 2015

La abuela, su casa y el enredo de la justicia

Josefa Hernández cometió dos delitos: el que le llevó a la cárcel y el de ser una mujer humilde. El primero, no necesariamente debía conllevar que se hiciera efectiva su entrada en una institución penitenciaria. El segundo no lo es como tal, pues no está recogido en código de derecho ninguno, pero sí lo es de hecho. El delito real ha sido construir una vivienda en terreno protegido de parque natural en la isla de Lanzarote y luego negarse a derribarla. Ella, una mujer de 62 años, adujo siempre que era la vivienda para su familia, prole de la prole incluida. Desde luego que la casa no es un mamotreto de hormigón. Ni un lugar de especulación, tampoco. La magistrada que la juzgó en primera instancia decidió llevarla a prisión por el agravante de rebeldía, al negarse al derribo y haber hecho una ampliación. La fiscalía, sin embargo, se opuso y envió para ello dos informes al juzgado. La ciudadanía del lugar y los representantes políticos se movieron para evitar la decisión judicial, llegando a solicitar al gobierno el indulto de Josefa. Pero ni la magistrada ni el gobierno movieron ficha, por lo que el lunes tuvo que entrar en la cárcel ubicada en su isla. Anteayer, sin embargo, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó su excarcelación. En el auto, con reprimenda incluida a Josefa, echa una mano a la colega del juzgado por su decisión, que considera ajustada a derecho, pero luego la contradice, en la línea de la fiscalía, cuando valora que Josefa no es peligrosa y está en "circunstancias especiales" (¿no podría haber hecho lo mismo la susodicha magistrada?). Ayer el gobierno, cualquier cosa menos raudo, anunció su indulto. Mientras tanto, miles de moles de cemento construidas ilegalmente siguen levantadas frente al mar y/o en medio de espacios naturales como si nada. Si eres humilde, malo. Si perteneces a la estirpe de quienes tienen dinero, te libras. ¡Ay, la justicia! ¡Y, ay, también del gobierno!