Benamejí, situado en el sur de la provincia y perteneciente a la comarca de la Subbética, estuvo controlado desde el primer momento por los militares golpistas, que hicieron de Sevilla el centro de la toma de decisiones en el suroeste peninsular, con el general Gonzalo Queipo de Llano a la cabeza. La represión se cebó con crueldad sobre las personas que habían estado vinculadas al Frente Popular y, de una manera especial, a los grupos obreros. Según las investigaciones históricas llevadas a cabo hasta ahora, el número de víctimas mortales fue muy elevado, habiéndose hecho unas estimaciones que varían entre 52 y 73.
Francisco Artacho Gómez recopiló en 2009 los testimonios de varias mujeres que vivieron en esos años, una de las cuales, su propia bisabuela Josefa, fue el acicate para que se decidiera a sacar a la luz lo que guardaban en su memoria. El título del documental alude a esas mujeres que fueron guardando a lo largo de los años la memoria de lo ocurrido, cuyo valor histórico y simbólico resulta indiscutible. Todas, salvo una de ellas, ya han fallecido, lo que da fe del valor que tiene que hayan podido aflorar recuerdos de hechos y personajes que de otra manera hubieran permanecido para siempre en el olvido.
Junto a esos testimonios orales se cuenta en el documental con la participación de Arcángel Bedmar y Pura Sánchez, del campo de la investigación histórica, y Cecilio Gordillo, perteneciente a la CGT y veterano activista en el campo de la memoria histórica. A ello hay que unir las aportaciones que el propio autor ha hecho, indagando preferentemente en el Archivo Municipal de Benamejí. Como resultado de esa labor, Francisco Artacho Gómez ha conseguido llenar algunas de las lagunas existentes sobre el caso de Benamejí, del que se tenía menor conocimiento en relación a otros municipios de la provincia cordobesa.
Y como una paradoja de la historia, en el mismo ha encontrado documentos de gran valor que podrían haber sido destruidos, tal como se hizo en numerosos lugares durante los años de la Transición. Se hizo dentro de un proceso de expurgación por parte de quienes habían detentado el poder durante la dictadura, que tenía como finalidad acabar con lo que podría haber sido utilizado como pruebas del horror y del terror ejercido durante los años de guerra y las cuatro décadas que la siguieron.
Cobran importancia entre esos documentos los listados de las personas que habían sido encarceladas, de los menores huérfanos de víctimas mortales de la represión o de los solteros que habían huido del pueblo. Otro de ellos llama la atención por tratarse de una factura presentada desde el Ayuntamiento a uno de los detenidos, conocido como "el Aguador", en la que se le reclamaban los gastos generados por sus sucesivas estancias en los depósitos municipales.
En el documental no falta tampoco el poner de manifiesto la colaboración limitada, cuando no nefasta, que han prestado las autoridades de los diferentes niveles de la administración desde 1977. Eso ha conllevado que se hayan ido destruyendo fosas comunes, impidiendo la identificación de las víctimas o que no se haya podido profundizar en las circunstancias de la muerte. Por otro lado, en la mayor parte de los casos han sido los propios familiares de las víctimas quienes han tenido que correr con los gastos. Y eso cuando directamente el gobierno central entre 2011 y 2018 (en manos del PP) o algunos autonómicos (desde 2019, en varios casos, formados por el PP y Vox) se han olvidado del cumplimiento de la legislación específica aprobada (leyes de memoria democrática de 2007 y 2022), si no han hecho gala de su negativa a cumplirla.
Espero que la edición y difusión del documental se haga pronto efectiva. Pese a que no pude estar presente en el acto de presentación, sí tuve el privilegio de poder haberlo visionado con anterioridad. Y, ante todo, no puedo más que felicitar a su autor por el fruto del trabajo que ha realizado.
(Fotografías de Rosario Gómez Pedrosa).
