Publicado en www.rebelión.org el 11 de diciembre de 2005, si bien no se dispone de enlace porque no aparece en el archivo de la revista. El año 2003 fue el punto de inflexión en los gobiernos del PP. La hegemonía que tuvo desde 1996, y que pudo durar al menos otra legislatura, acabó en 2004, consecuencia de los graves errores políticos cometidos tras el 11 de marzo. Una parte del voto recogido por el PSOE (desde la abstención y desde electorado de IU) fue una respuesta, en gran medida de corazón, contra la derecha más retrógrada que representaba el PP, que estaba llevando al país a un neoliberalismo extremo, la guerra de Iraq, una reformas educativa clasista, etc.
La valoración victimista que el PP ha hecho de esa derrota le está llevando a una política de oposición frontal al gobierno, si bien poco le está reportando electoralmente (derrotas en Galicia y País Vasco, y estancamiento en los sondeos de opinión). El voto progresista se está manifestando de una forma muy plural. Hacia el PSOE, en su mayoría, pero también hacia IU y los grupos nacionalistas de izquierda, tanto los más moderados (ERC, BNG) como los más radicales (antigua Batasuna). En estas circunstancias el PSOE no tiene votos suficientes para gobernar solo en los distintos ámbitos de la administración (central, autonomías, diputaciones y ayuntamientos), lo que le ha llevado al tripartito de Cataluña, al apoyo parlamentario progresista en el gobierno central, al acuerdo con el BNG en Galicia, a los acuerdos con IU en numerosos ayuntamientos... Una consecuencia es la obligación de realizar esfuerzos por mantener vivos gestos que le diferencien del PP, al menos mientras los r esortes de sus gobiernos (central, Cataluña, Galicia...) necesiten de otros partidos.
El debate del Estatut catalán
En nuestros días el tema político estrella es el proyecto de nuevo Estatut de Cataluña, aprobado por todos los grupos del Parlament, excepto el del PP, y que, ante el tratamiento en el Congreso, está generando grandes quebraderos de cabeza en diversas instituciones, partidos y medios de comunicación. El debate está muy vivo. Lo que está claro es que se ha planteado de nuevo un pulso de primer orden entre el centro del estado y los territorios en los que el sentimiento nacionalista y soberanista es más fuerte. Y en esto el comportamiento de cada partido resulta muy diverso, aunque a veces existan contradicciones internas.
El PP es el partido que mejor expresa el sentimiento españolista y centralista, mayoritario en los territorios de la antigua corona de Castilla (incluida Andalucía), con la salvedad del País Vasco. El mensaje de este partido está cargado de demagogia, lo que está llevando el debate a un grado elevado de crispación por su empeño de ver fantasmas donde no los hay y, lo que es peor, por negar el derecho a plantear y aprobar cuestiones, aunque no les guste. El PSOE a su vez está nadando entre dos aguas. Existe en su interior un importante sector que coincide con el PP (Bono, Rodríguez Ibarra, Vázquez, Guerra e incluso Chaves), otro que defiende una postura más o menos nacionalista en sus territorios (más extendida en Cataluña, y menor en el País Vasco y en Galicia) y otro que, entre el realismo y el oportunismo políticos, busca un equilibrio entre los dos extremos. La mayoría del gobierno, con Zapatero al frente, ha optado por esto último, lo que le está obligando a actuar con mucho tacto, pues reciben presiones de todos los lados: del PP, de los partidos nacionalistas, de los sectores centralistas de su partido... Zapatero fue rotundo en enfrentarse al Plan Ibarretxe, lo que le ha servido para que su partido aumentara los votos en las elecciones vascas del pasado abril, pero el Estatut catalán le está provocando muchos más quebraderos de cabeza. Una razón se explica porque en Cataluña quien dirige el proceso es Maragall, del PSC, con quien no puede enfrentarse al nivel que lo hizo con Ibarretxe. Y otra razón es que tanto en el gobierno catalán como en el gobierno central dependen en gran medida de ERC. Por último, IU e IC-EV-EUA, su homóloga en Cataluña, no están exentas de contradicciones. Dentro de su defensa de un modelo federal, existen discrepancias a la hora de valorar el asunto de la financiación, si bien se considera que el contenido del Estatut es altamente positivo por sus planteamientos avanzados en lo social y lo político.
La reforma del Estatuto de Andalucía: indiferencia y más de lo mismo
También en Andalucía se está en un proceso de reforma del Estatuto, aunque la situación es bien distinta, como distinta es la postura del PSOE en relación a la que mantiene en Cataluña. Aquí no hay debate en la sociedad y tampoco interesa desde
La tramitación del nuevo Estatuto andaluz está resultando plana y si apenas repercusión en la opinión pública. Está en la línea que quiere el PSOE, de manera que, aprovechando el revuelo del Estatuto catalán, el resultado sea más de lo mismo, con algunos retoques actuales. La falta de un debate ciudadano sobre lo que se está elaborando, la negativa del PSOE a hacer efectiva la reivindicación de la “deuda histórica”, y también la negativa del PSOE y del PP por hacer del Estatuto un marco jurídico-político que permita más competencias para Andalucía y un modelo social y político más avanzado son los rasgos de este proceso. IU-CA considera que es la oportunidad para avanzar más, para hacer de Andalucía una tierra más justa, solidaria y democrática, y vanguardia de una organización federal del estado. Por ello apuesta por una sanidad y una educación verdaderamente públicas, una política ecológica decidida o un empleo que sea objetivo prioritario, como también lo hace apostando por mayores competencias para Andalucía, la profundización de la democracia, más poder y financiación para los ayuntamientos, la comarcalización de la administración local, la defensa de la ética en la gestión política, etc.
El futuro: entre el continuismo y la esperanza de más avances sociales y políticos
¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que todo siga igual, recortando las aspiraciones de los pueblos para alcanzar mayores cuotas de soberanía y negando avances sociales y políticos en la dirección de una sociedad más justa, solidaria y democrática. La postura del PP es clara, en su defensa de un neocentralismo político-administrativo, anclado en 1978, del neoliberalismo económico más agresivo, como aplicó entre 1996 y 2004, y de una política exterior alineada con Bush, que llevó a la guerra en 2003. Para ello no duda en favorecer un ambiente catastrofista, que, por lo que defiende, es antidemocrático. La postura del PSOE está llena de una profunda contradicción. Su dilema y el del gobierno está entre escorarse al centro político, como hiciera Felipe González hasta 1996, o ser más sensible a las expectativas que generaron en amplios sectores de la sociedad los resultados de 2004. Moderarse o atreverse a ampliar los cambios que, sólo tímidamente, inició en 2004 (retirada de las tropas de Iraq, regularización de inmigrantes, matrimonios de homosexuales...). Seguir con la política neoliberal diseñada por el ministro Solbes, ceder ante las presiones centralistas del PP y de parte de su partido, no avanzar en una sanidad y educación públicas, seguir estancado en la política conservadora de
