Publicado en www.rebelion.org el 5 de febrero de 2007.
Andalucía, como un buen número de comunidades autónomas, está dentro del nuevo proceso político de reforma o reorganización de la ordenación territorial del estado. Sin entrar ahora en la denominación adecuada, lo cierto es que se trata de un paso más del proceso reabierto en plena Transición, que la Constitución de 1978 recogió en su Título VIII y que en los años siguientes, con distintos avatares, fue configurando lo que ha venido a denominarse como estado de las autonomías. El próximo 18 de febrero culminará el proceso en Andalucía, cuando se celebre el referéndum.
El estado de las autonomías en España y Andalucía
El estado de las autonomías español es el resultado de un proceso histórico peculiar y complejo a la vez, que hunde sus raíces en los siglos pasados, pero que va a tener a finales del siglo XIX y principios del XX el momento en que aparezcan los primeros grupos políticos que de una manera explícita hagan una crítica al modelo centralista y planteen diversas alternativas. En Cataluña (primero con la Lliga Regionalista) y el País Vasco (con el PNV), sobre todo, pero también en Galicia, Andalucía, Valencia, etc. surgirán unos movimientos políticos diversos en planteamientos y desiguales en influencia que culminarán durante la II República en el reconocimiento por la Constitución de 1931 de la posibilidad de aprobar estatutos de autonomía, dentro de lo que se denominó como estado integral.
Tras el largo paréntesis de la dictadura, que negó violentamente cualquier atisbo descentralizador, durante últimos años y la Transición resurgieron con fuerza los movimientos anticentralistas, que se concretaron en muchos lugares en el lema “libertad, amnistía y estatutos de autonomía”. La Constitución, en su Título VIII, ese que tanto disgustó a AP y a una buena parte de los militares, consagró esas aspiraciones, reconociendo el derecho de autonomía, restaurando automáticamente el de las comunidades que en 1932 y 1936 habían refrendado sus estatutos (Cataluña, País Vasco y Galicia), y permitiendo dos vías de acceso, de distinto ritmo, para el resto de territorios (artículos 143 y 151).
Sólo en Andalucía, merced al apoyo de los partidos de izquierda, se tuvo el atrevimiento, felizmente conseguido, de optar por la vía rápida del artículo 151, en un pulso mantenido contra el gobierno de UCD, con el apoyo de la entonces AP. Es cierto que la apuesta del PSOE tuvo una clara vertiente oportunista en su rivalidad con la UCD, para lo que puso a la cabeza a Rafael Escuredo, que finalmente acabaría defenestrado por el Alfonso Guerra en 1984. Pero lo cierto es que el Estatuto de 1981 supuso un importante avance, porque dotó a Andalucía de una identidad política, de unas instituciones propias y de unos principios que podían haber sido el inicio de un camino de progreso y dignificación. El que el PSOE haya sido el único partido que haya ocupado el gobierno, ayudado entre 1996 y 2004 por el PA, ganando todas las elecciones, ha sido un condicionante para que las ilusiones iniciales se hayan quedado en un recorrido políticamente monótono, a remolque de las orientaciones y los intereses del gobierno central (ocupado por el PSOE hasta 1996 y desde 2004), y salpicado de casos de corrupción y prácticas de clientelismo.
Sólo entre 1994 y 1996, cuando IU-CA presentó a Chaves, su gobierno y su partido el reto del cumplimiento de la Disposición Adicional 2ª, conocida como Deuda Histórica, se volvió a vivir una situación de atrevimiento político. Es decir, de dar un paso más en la consecución para Andalucía de recursos presupuestarios necesarios para compensar las pérdidas ocasionadas en las décadas anteriores en servicios fundamentales. Pese al acuerdo entre Chaves e IU-CA, la cerrazón del gobierno central y la cobardía del propio presidente andaluz abrieron un periodo que se caracterizó por más de los mismo, aderezado con la disputa artificial con el gobierno del PP y un PA de comparsa en el gobierno, que aprovechó los años de compañía en el gobierno andaluz para financiar el ensanchamiento de su estructura organizativa.
El nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía
La tramitación del nuevo Estatuto andaluz ha resultado en líneas generales enormemente plana y sin apenas repercusión en la opinión pública. Inicialmente estuvo en la línea que quería el PSOE, de manera que, aprovechando el revuelo del Estatuto catalán, el resultado fuera más de lo mismo. A ello se ha acompañado la falta de un amplio debate ciudadano sobre lo que se ha elaborado, así como los intentos desde la derecha (política y mediática) por quedarse en algunos aspectos muy de su agrado para la polémica (por ejemplo, la definición de Andalucía como realidad nacional), lo que ha hecho que exista lejanía sobre el resultado final. El PA, además, optó por desentenderse del debate una vez que vio que no prosperaba su postura en la definición de Andalucía como nación, algo que IU-CA ha defendido hasta el final.
IU-CA ha hecho un gran esfuerzo para que el techo competencial se elevara, así como que el modelo social y político fuera más avanzado. No ha faltado desde IU-CA tampoco la insistencia para hacer efectiva la reivindicación de la Deuda Histórica, considerada como la oportunidad para avanzar más, para hacer de Andalucía una tierra más justa, solidaria y democrática, y vanguardia de una organización federal del estado. Por eso ha apostado para que en el nuevo Estatuto se reconociera una sanidad y una educación verdaderamente públicas, una política ecológica decidida, un empleo como objetivo prioritario, la profundización de la democracia, más poder y financiación para los ayuntamientos, la comarcalización de la administración local, la defensa de la ética en la gestión política, etc.
Todo no ha sido posible y quizás ahí se encuentre la clave de las contradicciones que hay en el seno de IU-CA y que han aumentado cuando, después de un claro distanciamiento del PP en la etapa de elaboración en Andalucía, llegando a votar en contra del proyecto en el Parlamento autonómico, este partido ha optado en el último momento, ya en las Cortes centrales, por apoyarlo.
¿Ha sido un cambio de estrategia y una muestra de oportunismo político el del PP? ¿Una decisión medida y controlada? Durante el debate se ha recurrido mucho al argumento del peligro de que el PP se descolgara del proceso, como ya hicieran en 1980 y 1981 UCD y AP, lo que a la postre sólo le ha ocasionado el alejamiento del poder en Andalucía. Su voto favorable en diciembre pasado, criticado, no obstante, por la extrema derecha mediática (no soportan nada que no sea la nación española y abominan hasta del término realidad nacional), ha introducido en el nuevo Estatuto unos elementos simbólicos muy propios de la derecha, como las alusiones reiterativas al artículo 2 de la Constitución sobre la “unidad indisoluble de la nación española”. ¿Oportunismo? ¿Astucia? ¿Control de la situación?
Lo cierto es que este apoyo puede permitir que el nuevo Estatuto sea refrendado por más sectores de la población. Las presiones mediáticas sobre el proceso de renovación de buena parte de los estatutos y las dificultades que han ido surgiendo en el País Vasco (que vio rechazado su proyecto en el Congreso de Madrid) y Cataluña (modificado en el Congreso y poco apoyado en el referéndum de junio pasado), posiblemente hayan llevado al PSOE a ceder y a IU a valorar las modificaciones como un mal menor.
Las contradicciones en IU-CA y la posición de otros sectores de la izquierda
Los órganos de dirección de IU federal e IU-CA han optado por apoyar el nuevo Estatuto. Se basan en los importantes avances reflejados en parte del articulado, en buena medida por su iniciativa, y que afectan al reconocimiento de nuevos derechos y más poder para Andalucía y sus municipios. Derechos como el empleo de calidad y seguro, los libros de texto gratuitos, la renta básica, la paridad política, la muerte digna o la atención a la dependencia, entre otros, o un tratamiento extenso al medio ambiente (Título VII) son una muestra de su empeño. Así mismo, IU-CA se siente satisfecha del tratamiento dado a la Deuda Histórica, que queda cuantificada y de la que se han establecido los plazos para su liquidación.
Habiendo defendido IU-CA la consideración de Andalucía como nación (aunque aceptando la de realidad nacional) y la incorporación de otros aspectos (soberanía alimentaria, reforma agraria, rechazo de las bases militares extranjeras, etc.), pese a que no han sido admitidos, la valoración global ha sido positiva. Además de querer dar relevancia a su papel, quizás también haya pesado el miedo a la inhibición de una buena parte del electorado, como en Cataluña, y, por qué no, la rentabilidad electoral que en esa comunidad IC-V-EUiA ha obtenido de las elecciones del 1 de noviembre, al haber sido la única fuerza que ha subido en votos y representantes (además de Ciudadanos).
La postura de IU-CA ha sido criticada por determinados sectores de la izquierda, algunos incluso miembros de la coalición, como la CUT. Desde este grupo se habla de pérdida de soberanía económica y política para Andalucía, de un Estatuto de segunda división y hasta de posibilismo político. Unos argumentos que Izquierda Republicana, el SOC, Asamblea Andaluza, etc. también ha esgrimido y que les ha llevado a pedir el no en el referéndum.
¿Qué hacer? ¿Qué votar?
Lo cierto es que la pelota está en juego y el próximo 18 de febrero tenemos una nueva cita. Las previsiones son de una participación baja, sin que se sepa la dimensión. Desde el PP se ha diseñado una estrategia de decir con la boca chica sí al nuevo Estatuto, pero seguramente para lanzar una fuerte puya al PSOE en caso de una participación baja. El PA buscará rentabilizar su no, asumiendo también las abstenciones, y justificar así su postura. El PSOE busca patrimonializar el Estatuto, como ya hiciera de hecho con el de 1981, y en caso de catástrofe utilizar su entramado institucional y mediático para golpear al PP.
Conviene meditar mucho lo que se haga desde el lado de la izquierda. Algo ya se ha dado en Cataluña, donde la derecha ha buscado deslegitimar el Estatut actualmente vigente por el escaso apoyo ciudadano, sumando las abstenciones y los votos negativos. Los resultados de las elecciones de noviembre, sin embargo, no dieron más apoyo a la derecha y sí permitieron la reedición del tripartito. Es cierto que Andalucía no goza de la misma pluralidad política, pero nuestra tierra no se merece ni que el PP pueda llegar al gobierno autonómico ni que el PSOE siga siendo la fuerza hegemónica.
El referéndum, al margen de la falta de entusiasmo de la ciudadanía, de la pasividad del gobierno andaluz, del oportunismo del PP o del autismo del PA, está ahí. Que cada cual, en el libre derecho a manifestar su voto o de no hacerlo, actúe como considere oportuno. Quien esto escribe acudirá a refrendar el nuevo Estatuto, del que hubiera esperado más, por supuesto, al que le ve carencias y algunas dosis de oportunismo, pero del que valora avances políticos, sociales y medioambientales que, de otro modo, se mantendrían en el cajón de las intenciones.
