La actitud de la derecha política españolista ante la autonomía andaluza ha oscilado siempre entre el rechazo y el oportunismo. Conocido es el no de Alianza Popular en 1978 al Título VIII de la Constitución, por considerar que los estatutos de autonomía iban a romper España. Luego, en 1980, tanto UCD, que era el partido gobernante, como AP se opusieron en el referéndum del 28 de febrero de 1980 a caminar por la senda del artículo 151 de la Constitución. Iniciada meses antes desde buena parte de los ayuntamientos andaluces, y con el apoyo de los grupos de izquierda y del entonces PSA (luego Partido Andalucista y hoy desaparecido), suponía una decisión rotunda para acelerar la consecución de la autonomía. El resultado del referéndum, que reflejó una decidida voluntad del pueblo andaluz, llevó a que UCD acabara apoyando el que fue el primer Estatuto de Autonomía andaluz, que se aprobó en el Congreso el 1 de marzo de 1981 y fue ratificado el 20 de octubre en referéndum.
Pasados los años, ya en el siglo XXI, se iniciaron en varias comunidades autónomas, entre las que se encontraba Andalucía, distintos procesos de reforma de sus respectivos estatutos. Y al estatuto andaluz resultante, que es el actual, no le faltaron dificultades en el proceso de elaboración y aprobación definitiva. Fue en 2006, el 2 de mayo, cuando el Parlamento de Andalucía aprobó el proyecto que debía mandarse a las Cortes. Contó con el apoyo del PSOE e IU-CA, mientras que el PP y el Partido Andalucista se opusieron. El primero, en su línea centralista y contra los nuevos aspectos sociales introducidos, y el segundo, porque no se aprobó el reconocimiento de Andalucía como nación, algo que fue rechazado también por el PSOE, no así por IU-CA.
Entre las novedades, en las que jugó un papel importante IU-CA, se reconoció más poder para Andalucía y sus municipios, la defensa de un empleo de calidad y seguro, la gratuidad de los libros de texto, la renta básica, la paridad política, la muerte digna, la atención a la dependencia, un tratamiento extenso del medio ambiente (Título VII) o la reivindicación de la todavía pendiente Deuda Histórica. El rechazo por el PSOE del término "nación" no impidió, sin embargo, que se reflejara el de "realidad nacional".
Pero la cosa cambió en Madrid, cuando el PP decidió dar un giro en su postura. Aunque inicialmente el nuevo Estatuto pudo haberse aprobado por una mayoría parlamentaria entre los grupos de izquierda y la mayor parte de los nacionalistas, el PSOE prefirió acercar posturas con el PP. Y una de ellas fue el añadir al antes referido término de "realidad nacional" el de "indisoluble unidad de la nación española". Aprobado, pues, en el Congreso el nuevo texto el 2 de noviembre de 2006, finalmente fue ratificado en referéndum el 18 de febrero de 2007.
En la actualidad la actitud de la derecha ante la autonomía andaluza difiere, como expresión de lo que ocurre en su electorado. Mientras el PP ha sabido adaptarse a lo largo de su existencia (incluyendo la de AP) a la realidad del estado autonómico, donde por el camino fue encontrando importantes nichos de poder (Galicia, Castilla y León, Madrid...), Vox se muestra claramente contrario, mostrándose sin rodeos como un partido centralista. Ciudadanos, por su parte, defiende en su programa la realidad autonómica, si bien con tics centralistas.
En la Andalucía de nuestros días buena parte del electorado está dando su confianza a los partidos de la derecha españolista y en las elecciones del domingo hay previsiones de que puedan revalidar el gobierno obtenido a finales de 2018. Aun cuando Cs esté en el camino de su desaparición, sus votos se repartirían entre el PP, en mayor medida, y Vox.
Vistas así las cosas, no está de más hacer una profunda reflexión sobre lo que puede ser el futuro de esta tierra. Seguir dejándola en manos de la derecha supondría ahondar en el proceso de pérdida y/o deterioro de los servicios públicos, así como de los derechos sociales. Pero también supondría iniciar el camino de retroceso de todo cuanto se ha ganado para hacer de Andalucía una realidad política con entidad propia y soberana.
