La fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó el pasado 14 de abril la solicitud que se había presentado para profundizar en la investigación sobre los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL) y comprobar si existió responsabilidad por parte de Felipe González, por entonces presidente del gobierno, en la "guerra sucia" que se llevó a cabo.
Más concretamente, la petición partió de Pilar Zabala, hermana de una de las víctimas de los GAL, Joxi Zabala, que fue asesinado y enterrado en cal viva junto a Josean Lasa, después que hubieran sufrido torturas en el cuartel de la Guardia Civil en Itxaurrondo, acusados de pertenecer ETA. Aunque en un principio la fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa sí vio indicios para reabrir la investigación, se vio obligada a remitir el caso a la Audiencia Nacional, dada la naturaleza del delito.
El archivo de la petición se ha basado en que los hechos han prescrito, lo que ha generado reacciones contrarias en diversos ámbitos. Para Amnistía Internacional debe tenerse en cuenta que los delitos que se cometieron tienen naturaleza de lesa humanidad, por lo que no procedería su prescripción.
Pili Zabala ha anunciado la formación de la plataforma B-Egiaz [Verdad], que tiene como objetivo conocer la verdad sobre lo ocurrido. En su página electrónica denuncian que las autoridades españolas nunca han querido aclarar los hechos sucedidos, habiendo obstaculizado las investigaciones iniciadas o propuestas, y de una forma especial lo relativo a "los autores intelectuales de estos crímenes de estado". Denuncian, así mismo, que "los servicios de inteligencia españoles y franceses guardan pruebas concluyentes que sus gobiernos se niegan a descatalogar".
Esto último es precisamente lo contrario que ha hecho parcialmente la CIA, algunos de cuyos documentos relacionados con el tema se han hecho públicos. Es lo que ocurre con uno de ellos, en el que menciona a Felipe González y del que se dicen cosas como: "[en 1983]" ha acordado la formación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir a los terroristas"; o éstas: "Madrid ha negado a medias cualquier conocimiento o conexión con los GAL".
La hoja de ruta que han trazado en la plataforma pretende aprovechar cualquier indicio, documento e incluso resquicio legal y administrativo que pueda encontrarse. Uno de ellos parte del propio dictamen emitido por la fiscalía de la Audiencia Provincial guipuzcoana, en el que se expresaba que "de la denuncia se desprende la posible participación en los delitos [del caso Lasa-Zabala] de personas que no han sido aún juzgadas. En concreto aporta datos e informaciones nuevas y recientemente conocidas sobre la posible participación de Felipe González Márquez".
En este sentido, Gessamí Forner ha informado en la edición de ayer del periódico digital El Salto que Pili Zabala ha aportado una documentación que apunta a la posible responsabilidad del expresidente del gobierno. Entre otras, su propia afirmación en 1984 de haberse formado "un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas"; un informe de 1983 del CESID (antiguos servicios de inteligencia) en el que se hacía constar que "la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro"; unas declaraciones de Eduardo Serra, ministro de Defensa en el primer gobierno de Aznar, en las que justificaba que no se desclasifican determinados informes porque inculpaban a Felipe González...
Finalmente, la plataforma ha recabado el apoyo de numerosas personas y asociaciones, pertenecientes a diversos ámbitos de la vida pública (universitario, jurídico, político, deportivo, familiares de víctimas...), con el fin de solicitar que se investigue a Felipe González en relación al papel que jugó en la "guerra sucia".
