La nueva factura de la luz: entre el poder de las eléctricas y en el camino de un consumo responsable

La nueva tarifa de la luz está generando una gran controversia. Desde las asociaciones de consumo se están lanzado duras críticas, aunque sin perder de vista que el origen de todo lo que está ocurriendo se encuentra en el poder que ostentan las empresas productoras y comercializadoras de energía.

Los grupos ecologistas también se están posicionando, aunque en este caso sus críticas son más matizadas, pero apoyando el sentido general de las medidas tomadas por el gobierno. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Raquel Montón a través de un artículo publicado en la página electrónica de Greenpeace y titulado “Nueva tarifa eléctrica: lo que tú puedes ganar y las eléctricas pueden perder”. Dado su interés, recomiendo su lectura.

En el caso de los grupos políticos las reacciones, por ahora, no han sido muchas, más allá de los posicionamientos derivados de estar a favor o en contra del gobierno. Tiene cierto interés el pronunciamiento hecho desde IU a través de Alberto Garzón, como ministro de Industria, y de Sira Rego, portavoz federal de la organización, así como parlamentaria europea. 

 

A lo largo de las siguientes líneas voy a extenderme sobre la polémica.  
 
El artículo antes referido empieza con unas aclaraciones de su autora en torno  a algunos aspectos de la nueva factura eléctrica:
  
“En la factura de la luz pagamos la generación de la electricidad, el margen para la comercializadora, el alquiler del equipo, los impuestos, y los peajes y cargos (que son los costes de las redes de transporte y distribución y otros costes regulados). La nueva tarifa de la luz lo que hace es distribuir estos últimos costes (los de los peajes y cargos) pero el monto total de estos es el mismo. De manera que en conjunto vamos a pagar lo mismo, pero el reparto de esta parte de los costes va a ser distribuida de otra manera”.
 
A continuación nos presenta lo que en realidad es el quid de la cuestión, que tiene que ver con las empresas que controlan ese sector de la economía:
 
“Consumimos electricidad y esta se produce de distintas maneras (producimos con carbón, gas, cogeneración, nucleares, hidráulica, renovables de todo tipo) y en cada hora del día la electricidad se genera con una mezcla de ellas y, por lo tanto, con distintos costes y con distintos impactos. Pero el precio que se paga en esa hora no es el resultado de aplicar sus costes, es el resultado que se obtiene en un mercado diseñado para que todos los ofertantes cobren por igual el precio más alto posible […]. Es un mercado marginalista que paga a precio de oro siempre a todos y el oro en el mercado eléctrico actual es el gas”.
 
Por mi parte añado un dato que considero importante: el modelo de fijación de precios fue introducido durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, que tuvo, a su vez, a José Manuel Soria, como ministro de Industria.   
 
Pues bien, con arreglo a ese modelo aprobado por el PP el resultado sería (en realidad, ha sido) el siguiente:

 
“Si estamos en una hora de demanda alta, la generación también ha tenido que ser alta y se habrá necesitado a todas las energías: a las nucleares, las renovables, la cogeneración, etc… y el gas. Por lo tanto, esa hora se pagará a precio de oro”.
 
Pero si nos salimos de él, consumiendo en las horas en las que el precio es más bajo (que, además, la nueva tarifa nos empuja a ello), podremos conseguir tres cosas buenas:
 
“1. comprar a precio más bajo,
2. bajar la demanda de esa hora cara y consecuentemente hacer innecesario el gas y por lo tanto disminuir el precio marginal de la hora cara,
3. y, lo más importante, evitar las emisiones de CO2 del gas”.
 
De esta manera, son las empresas eléctricas las que salen perjudicadas, porque no pueden cobrarnos la energía a precio de oro; y es el medio ambiente (es decir, el planeta y en él, la humanidad) el beneficiado, porque se realizan menos emisiones contaminantes a la atmósfera. 

No obstante, para Raquel Montón el gobierno debería intervenir en lo referente a incorporar un tramo horario bajo más: cuando el sol está produciendo energía, añadiendo una tarifa especial para quienes hacen uso del autoconsumo eléctrico.
 
Otra de las ventajas de la nueva factura se encuentra en que disminuye el peso de la potencia contratada, permite que se contraten dos e incorpora “un maxímetro que nos dirá la potencia que estamos necesitando realmente cada mes”. 

Estamos de nuevo ante algo que perjudica a las eléctricas, porque venden menos. Lo que, por el contrario, beneficia a quienes consumimos, porque nos ahorramos algo, como también lo hace a quienes invierten en eficiencia y autoconsumo. ¿Y el gobierno debería hacer algo más? Para Mantón: “flexibilizar más o incluso pensar en hacer desaparecer el término fijo de potencia”.
 
Debemos, pues, empezar a cambiar algunos e importantes hábitos de consumo. Por ello tenemos que apostar por los aparatos que puedan ser programados, bien aprovechándolos, si ya los tenemos, o bien adquiriéndolos. Y siempre teniendo en cuenta que “lo más importante es que estamos aprendiendo a gestionar nuestra demanda”.
 
Resulta evidente que lo que ha aprobado el gobierno no gusta para nada a las eléctricas. Como tampoco les gusta el proyecto que está preparando
 
“para recortarles una parte de los conocidos ‘beneficios caídos del cielo’: los que obtienen […] debido a que las centrales de gas y carbón tienen un coste por emitir CO2, y al subir este coste sube su precio”.
 
Por eso, Raquel Mantón denuncia que
 
“Sospechosamente (…) el precio de la luz se pone por las nubes desde mediados del pasado mes y no es por la tarifa”.
 
Y a lo que añado, por mi parte, que estamos asistiendo a una ofensiva lanzada por las empresas  eléctricas para que aceptemos las ofertas que los últimos días nos están haciendo por vía telefónica. Son meros subterfugios, cuando no engaños, porque las promesas que nos hacen de pagar menos, no lo son en realidad.
 
Pero volviendo a las medidas tomadas por el gobierno, otra cosa es cómo atender a los sectores sociales más vulnerables, aquellos que tienen una baja capacidad para acceder a los aparatos de menor consumo y programables. Y es aquí donde el gobierno debe tomar las iniciativas necesarias para que no ocurra, pero siempre no olvidando un hecho primordial:
 
“el problema no es la tarifa, sino la precariedad”.
 
Y en este sentido, el ministerio de Consumo ha presentado una serie de propuestas al ministerio de Transición Energética que buscan paliar estos problemas. Como se ha informado en el diario digital La última hora, para el ministro Alberto Garzón
 
“El Gobierno está intentando evitar que el precio de la luz tenga estas oscilaciones tan altas […]. El objetivo político primordial es que todas las familias españolas puedan tener garantizado un consumo mínimo de energía asequible para poder tener una vida digna […] y cuyo resultado global sea que la gente pague menos luz”.
 
De una forma más concreta, desde ese ministerio se han presentado propuestas como la ampliación del “bono social”, con el fin de abaratar la luz y el gas a miles de familias; y la “progresividad en el precio del kilovatio”, partiendo de un consumo energético básico en los hogares.
 
Desde la propia IU, su portavoz federal Sira Rego se ha hecho énfasis en que la situación en que nos encontramos, no siendo la óptima, se encuentra en el “camino adecuado”. Por eso resulta necesario que desde el gobierno se haga una
 
“apuesta por la empresa pública, que es la única garantía de que la energía sea un bien y un derecho humano de acceso con criterios de suficiencia y de eficiencia”.

Reconozco que hasta ahora me he sentido confuso, como le ha ocurrido a mucha gente. Consciente de que se puede mejorar y que el poder que mantienen las empresas eléctricas es muy grande, espero que lo aquí reflejado ayude a comprender más las cosas.