Llama la atención que fuera de este país pocas voces se hayan alzado en apoyo de las críticas vertidas desde las filas de la oposición. Se habla en algunos ámbitos de que resulta incomprensible lo que está ocurriendo en estas tierras. Por este asunto, pero también por otros, como el uso de la pandemia como medio para dinamitar al gobierno o el más reciente de la crisis diplomática abierta por Marruecos.
Pero volviendo a lo de los indultos, sorprende la pobreza argumental de quienes se oponen. Más allá de vociferar que se trata de golpistas, se contradicen cuando niegan una medida que resulta posible y oportuna dentro del marco legal, que es el terreno donde prefieren reducirla. Y justifican, más que se olvidan, que desde los años ochenta, con el PSOE o el PP en el gobierno, se haya indultado a golpistas de los de verdad, a responsables políticos que ejercieron o permitieron el terrorismo de estado, a torturadores, a violadores que formaban parte de un cuerpo policial, a algún militar y algún médico que falsearon los datos sobre las muertes de 142 personas en un accidente militar, a un consejero delegado de un conocido banco... En fin, vidas ejemplares.
De José Antonio Martín Pallín es el artículo "El problema no es el indulto, es la sentencia", publicado ayer en CTXT. Es largo en extensión, pero, ante todo, no carece de interés, pues pone los puntos sobre las íes en los aspectos que trata. Y uno de ellos es el papel que está jugando el tribunal al que perteneció, sobre el que ha dicho: "nunca me he encontrado con un informe del Tribunal Sentenciador tan cargado de consideraciones políticas, notoriamente extrajurídicas, como el que ha emitido recientemente la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de los condenados por el procés".
Experto, como es, en materia jurídica quien fuera en su día magistrado del máximo órgano judicial, anuncia al final de su artículo algo que está por venir y que promete tratar en un próximo artículo: "las consecuencias que se pueden derivar de la futura anulación de la sentencia [del Tribunal Supremo contra los responsables del procès] por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
Post scriptum
Acabo de leer en Público: "El Comité de Asuntos Legales del Consejo de Europa solicita a España la excarcelación de los presos del 1-O". Un artículo firmado por C. Choclán y Sato Díaz, en el que se añade que también se solicita que se retire la acusación contra los cargos de menor rango del procès. Iremos sabiendo más cosas, pero la propuesta se inscribe en lo que Martín Pallín adelantó en el artículo antes referido. Al tiempo.
