En septiembre de 1996 escribí un artículo para Debate Ciudadano (número 11), el boletín que editábamos casi mensualmente en la Asamblea de IU de Barbate. Medio año antes, en marzo, el PP, liderado por José María Aznar, había ganado las elecciones por un estrecho margen y accedió a gobernar el país gracias al pacto que suscribió con CiU, el partido que lideraba en Catalunya Jordi Pujol, y el PNV. "Coincidencias" aparte, en el artículo pretendía, de una forma sintética, dar sentido a lo ocurrido durante la Transición: su génesis, los entresijos en la que se fraguó, su naturaleza, las contradicciones entre quienes la protagonizaron, los límites que tuvo, la herencia que dejó... Repito, el escrito es de 1996 y desde entonces ha llovido mucho. Creo, que salvo algunas salvedades, sigue teniendo actualidad. Y sirve para dar sentido a la fecha de hoy, aniversario del referéndum de la Constitución. Las notas que aparecen en el artículo son posteriores a su publicación y ayudan a entender algunos aspectos de su contenido.
El tema de la Transición volvió hace
un año a nuestra cotidianeidad a través de libros, vídeos, coleccionables de
periódicos, documentales o debates, ofreciéndonos algo que parecía desconocido
por muchas personas, olvidado por otras tantas, presente por las menos e
incluso escondido por unas pocas interesadas. Se ha repetido el carácter
ejemplar que tuvo y destacado la figura del rey, considerado poco menos que
artífice de la misma. Bien es verdad que no ha faltado resaltar un hecho trascendente: los cambios en la sociedad española
desde los años sesenta, que dieron lugar, entre otras cosas, a un desarrollo de
las clases medias. Pero recordemos algunos hechos: 1967, nombramiento de
Carrero Blanco [1]
como jefe de gobierno; 1969, designación de Juan Carlos como sucesor de Franco
a su muerte; 1973, muerte de Carrero Blanco tras un atentado de ETA; 1974,
enfermedad de Franco, y formación por la oposición de la Junta Democrática [2] (en el 75,
la Plataforma
de Convergencia Democrática [3]); 1975,
muerte de Franco en noviembre y proclamación de Juan Carlos como rey; 1976,
nombramiento de Adolfo Suárez como presidente de gobierno y aprobación de la
ley para la Reforma
Política ; 1977, legalización del PCE, celebración de elecciones y firma de los Pactos de la Moncloa [4]; 1978,
aprobación de la
Constitución. Dando a todo esto un poco de sentido, parece
evidente que los planes de sucesión iniciales de Franco se trastocaron con la
muerte de Carrero y que su enfermedad obligó a un replanteamiento del futuro
entre los franquistas, algunos de los cuales diseñaron una tibia apertura
(Arias Navarro y su "espíritu del 28 de febrero"). La oposición
democrática a su vez creó organismos unitarios (de ámbito estatal y en las
nacionalidades) e intensificó las actividades y movilizaciones (la demanda de
amnistía, libertad [y] un gobierno provisional, o [el] restablecimiento de estatutos de
autonomía era lo normal), acompañado de una conflictividad laboral que
perseguía libertad sindical y mejoras salariales. La respuesta a todo esto por
el régimen fue clara: apaleamientos, detenciones, torturas, multas e incluso
muertes. La muerte de Franco aceleró los movimientos aperturistas entre los
franquistas, que se dividieron en
reformistas e inmovilistas, y la oposición, que incrementó las movilizaciones y
se unió en torno a Coordinación Democrática. El nombramiento de Adolfo Suárez [5] fue clave
en la transformación legal del régimen franquista hacia otro de libertades (ley
para la Reforma Política [6]), pero,
sobre todo, en la búsqueda de un acuerdo con la oposición, a la que dividió neutralizando
primero al PSOE, nacionalistas catalanes y democristianos, y finalmente al PCE.
Se consumó de esta manera la ruptura pactada [7], que
permitió [el 15 de junio de 1977] las primeras elecciones libres desde 1936 (ganadas en minoría por los
franquistas reformistas de la UCD
y Suárez) [8] y que se
consagró en los Pactos de la
Moncloa y la
Constitución : partidos políticos, sindicatos, libertades y
autonomías serían sus resultados... Pero también se conservaron intactos viejos
poderes e instituciones del franquismo (y de otros tiempos) como la monarquía,
el ejército [9],
la policía o la banca. Ya en nuestros días desde la izquierda (y en ella, IU)
se lucha contra la política económica neoliberal y el proyecto europeo de
Maastricht, y el propio Julio Anguita ha vuelto a recordar tres puntos que una
gran parte de la oposición defendió
durante la transición: república, derecho de autodeterminación y estado federal [10].
Precisamente aspectos abandonados en el pacto con los franquistas reformistas.
¿Se podrá entender así la falta de solución de problemas como la relación entre
el poder central y las nacionalidades, los GAL, los secretos de estado, la
corrupción, la OTAN , las privatizaciones, el monarca parcial...? A
lo mejor es que de aquellos polvos han venido estos lodos.
[1] Luis Carrero Blanco, principal colaborador de Franco, actuó desde la secretaría de la Presidencia hasta
1967, en que fue nombrado vicepresidente del gobierno, siendo finalmente nombrado jefe de gobierno en 1973.
Fue el artífice de la entrada de los ministros “opusdeístas” que protagonizaron
las reformas económicas desde finales de los 50 y de la conocida como operación
príncipe, que permitió la sucesión
monárquica de Franco a través de la figura del príncipe Juan Carlos, que fue
designado oficialmente sucesor de Franco en 1969. Su muerte en diciembre de
1973 por un atentado de ETA provocó cierta crisis en las altas esferas del
régimen sobre la sucesión, aunque finalmente el príncipe Juan Carlos acabaría
ocupando el trono.
[2] Organismo unitario de grupos y personas
independientes nucleado en torno al PCE e integrado también por el Partido
Socialista Popular (liderado por Tierno Galván), el Partido Carlista y el
Partido del Trabajo de España (marxista-leninista) y el sindicato CCOO. Entre
las personalidades independientes destacaban
Rafael Calvo Serer, José Vidal-Beneyto o Antonio García-Trevijano.
[3]
Organismo unitario nucleado en torno al PSOE y formado también por Izquierda
Cristiana (dirigida por Joaquín Ruiz Jiménez, exministro de Franco), el PNV, la UGT , el Partido Carlista y
los grupos marxistas-leninistas Organización
Revolucionaria de Trabajadores y Movimiento Comunista de España.
[4] Acuerdo firmado en el otoño de 1977 entre el
gobierno, la Unión
de Centro Democrático y los grupos de oposición (PSOE, PCE y Convergencia
Democrática de Catalunya), que con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT.
Permitió, de entrada y hasta la aprobación de
la Constitución
en 1978, una garantía en la democratización del sistema y el aumento de gastos
sociales a cambio de la moderación en las reivindicaciones salariales con el
fin de bajar los altos niveles de inflación existentes.
[5]
Si bien su nombramiento como jefe de gobierno fue una sorpresa, por ser poco
conocido, Adolfo Suárez era el prototipo
de joven alto funcionario del tardofranquismo: gobernador provincial, en 1968;
director general de TVE y Radio Nacional, en 1969; vicesecretario general del
Movimiento, en marzo de 1975; secretario general del Movimiento, en diciembre
de 1975; y jefe de gobierno, en julio de
1976.
[6]
Ley aprobada por las Cortes franquistas en noviembre de 1976 y refrendada por
la población en diciembre que establecía, entre otras cosas, la monarquía como
forma en la jefatura del estado, la convocatoria de unas elecciones libres y
los sistemas de elección de las dos cámaras a formar.
[7]
Término que designa a la forma en que se plasmó definitivamente la transición
española, después de los proyectos políticos divergentes existentes: de un
lado, la idea de reforma que defendieron
desde el régimen franquista; de otro, la ruptura defendida por los grupos de
oposición. Lo primero implicaba partir
de las leyes e instituciones existentes, mientras que lo segundo suponía acabar
con ellas y partir de una convocatoria de elecciones libres para elegir la forma de estado y de gobierno. Pese
a que el primer proyecto fue el que resultó triunfador, lo cierto es que las
indecisiones iniciales en los sectores
reformistas del régimen acabaron con la designación de Suárez, teniendo
en cuenta además la presión cada vez mayor que imprimían los grupos de
oposición mediante las movilizaciones.
[8]
Los resultados en % de los cinco partidos de ámbito estatal que obtuvieron
escaños fueron: Unión de Centro Democrático (UCD), 34,4%; Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 29,3%; Partido Comunista de España-Partit Socialista Unificat de Catalunya (PCE-PSUC), 9,3%; Alianza Popular (AP), 8,2; y Partido Socialista Popular (PSP), 4,5.
[9]
El protagonismo del ejército durante esos años fue grande. Muy vinculado en sus
altas esferas a la ideología franquista, no pararon de conspirar contra los
gobiernos postfranquistas. La acción más sonada fue la del 23 de febrero de
1981, cuando un grupo de guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel
Antonio Tejero entró en el Congreso, mientras se debatía la investidura de
Calvo Sotelo, y secuestró al conjunto de diputados y diputadas. Tras una tarde
y noche de tensión, donde no faltaron
movimientos de tropas (División Acorazada de Madrid, capitanía general de
Valencia, dirigida por Miláns del Boch...) e indecisiones, de madrugada el rey
se dirigió al país anunciando el control de la situación. Detrás de todo ello
había distintas tramas golpistas, que se superpusieron en aquel momento, y que
reflejaban la inestabilidad política
existente, con una UCD dividida, la
dimisión de Suárez, las acciones de ETA, etc. Se ha hablado de una o dos tramas
vinculadas a sectores franquistas y de
otra, más blanda, dirigida por el general Armada, ex colaborador del rey, que
buscaba un gobierno de concentración presidido por él mismo e integrado por
miembros de todos los partidos. Tras el juicio posterior habido
en 1982 no se llegó a conclusiones claras sobre el trasfondo de los sucedido, la dimensión de los apoyos, el
papel de personajes relevantes de la política, desde el rey hasta algunos
dirigentes de partidos políticos, etc.
[10] Durante el mitin de la Fiesta del PCE de 1996
Julio Anguita (entonces, a la vez, secretario general de dicho partido y
coordinador general de IU) advirtió que el consenso constitucional estaba
empezando a ser roto desde el gobierno del PP, por lo que su grupo empezaría a
plantearse reivindicaciones como la república o la autodeterminación. El
problema de fondo se encontraba en la negativa del gobierno a desclasificar los
papeles del CESID, promesa electoral del PP en su denuncia de la corrupción
contra el gobierno del PSOE y dentro del proyecto de regeneración de la vida
política que Aznar y Anguita defendieron públicamente. Los documentos objetos de controversia hubieran podido esclarecer información acerca del GAL, el uso indebido
de los fondos reservados, etc. De hecho, Anguita ya denunció al poco de la
formación del primer gobierno del PP que
el nombramiento de Eduardo Serra como ministro de Defensa, en contra de los
esperado, se había debido a presiones del entorno del monarca.