El PCE durante la Transición: el eurocomunismo y sus límites

El PCE en el choque entre dos proyectos: reforma del régimen o ruptura democrática

Tras la muerte de Luis Carrero Blanco, su sustituto al frente del gobierno, Carlos Arias Navarro, inició una tímida apertura en 1974, dentro de lo que se denominó como “Espíritu del 12 de febrero”. Con ella se abría la posibilidad de legalizar asociaciones políticas que respetaran los principios del régimen. La reacción  contraria de los sectores más inmovilistas y el deterioro de la salud de Franco aumentaron las disputas internas. Surgieron, así, dos tendencias: la inmovilista, a la que también se conoció como el “búnker”, y la aperturista.

En la oposición la actividad política se fue intensificando en todos los frentes, aumentando las movilizaciones de diverso tipo (manifestaciones, huelgas, encierros…) e incluso las acciones armadas  por parte de algunos grupos (ETA, FRAP...). La formación de la Junta Democrática en verano de 1974, mientras Franco sufría un grave episodio de flebitis, supuso un importante movimiento táctico del PCE, al conseguir aunar a una parte de la oposición. El PSOE, por su lado, cuasi desaparecido durante la dictadura, dio un paso hacia la renovación cuando en octubre del mismo año, en el Congreso de Suresnes, la vieja dirección fue sustituida por Felipe González y su gente. En junio de 1975 consiguió aunar a otra parte de la oposición a través de la Plataforma de Convergencia Democrática.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975 y el acceso inmediato al trono de Juan Carlos I se vivieron intensos y acelerados acontecimientos políticos. Debilitados los sectores inmovilistas del régimen, la confrontación principal se dio entre dos grandes proyectos políticos: la reforma del régimen y la ruptura democrática. Lo primero fue la vía escogida por los sectores aperturistas del régimen y consistía en partir de la legalidad para ir reformando las leyes e instituciones de una manera progresiva hasta conformar otro régimen más abierto y plural. Lo segundo lo defendían las dos plataformas unitarias surgidas entre 1974 y 1975, que estaban integradas por una amalgama de grupos comunistas, socialistas, liberales, democristianos, nacionalistas y hasta los sindicatos CCOO y UGT. Sus objetivos comunes eran, sobre todo, acabar con las instituciones franquistas, conceder la amnistía, convocar unas elecciones libres y permitir la autonomía de los territorios que lo demandasen. En marzo de 1976, incluso, llegaron a confluir en Coordinación Democrática.

Si las movilizaciones fueron el factor principal de desgaste del gobierno de Arias Navarro, que además hizo gala de una elevada violencia represiva, la sustitución de éste por Adolfo Suárez en julio de 1976 supuso un cambio en la situación. Suárez aceleró el proceso de reforma, tejió una red de acuerdos oficiosos y unilaterales con los grupos de oposición más moderados y consiguió institucionalizar el fin del régimen franquista a través de la ley para la Reforma Política, ratificada en diciembre de 1976 a través de un referéndum en el que no se dio opción a la oposición de realizar su campaña con libertad. Mientras tanto, en las entretelas, actuaban desde el exterior fuerzas poderosas: la socialdemocracia europea, en especial la alemana, y EEUU, a través de la CIA. Temían lo que estaba ocurriendo en Portugal, donde el rumbo de la Revolución de los Claveles, iniciada en abril de 1974, no estaba gustando, dada el fuerte protagonismo desarrollado por el PCP y los sectores más radicalizados del ejército. De ahí que se buscase para España una transición controlada.

El PCE y el eurocomunismo 

Durante esos años se fue conformando entre los partidos comunistas europeo-occidentales una tendencia a la que se denominó con el término de eurocomunismo. Tuvo en el PCI, el más votado en occidente y la segunda fuerza política del país, y el PCE como principales impulsores, y contó con el tímido apoyo de PCF, también la segunda fuerza  francesa en votos. El eurocomunismo era congruente con lo que desde años atrás venía haciendo el PCI y, a la vez, con las intenciones del PCE, una vez que hubiera sido derrocada la dictadura franquista. El objetivo, en fin, era llegar al socialismo desde el modelo de democracia occidental o, en palabras del mensaje utilizado en España, el "socialismo en libertad". A su vez, esa nueva vía supuso un alejamiento con respecto al modelo existente en la URSS y sus países aliados. La denuncia de lo ocurrido en Checoslovaquia en 1968 ya había marcado un momento importante en ese sentido.

En 1975 Enrico Berlinguer y Santiago Carrillo, reunidos en Livorno, cuna del PCI,  anunciaron la nueva vía y dos años después, en marzo y ya con George Marchais,  del PCF, Madrid fue el escenario de la presentación del proyecto eurocomunista. Fue anunciado como la adaptación del proceso revolucionario en los países de capitalismo avanzado. El propio Carrillo fue el autor del libro Eurocomunismo y estado, publicado el mismo año. En otoño se desplazó a EEUU, donde se entrevistó con directivos del Departamento de Estado y pronunció una conferencia en la Universidad de Yale. Fueron unos hechos que lo catapultaron a la fama internacional, actuando, de alguna manera, como si fuera un estadista.

Todos estos movimientos de Carrillo dentro del PCE apenas tuvieron contestación interna, salvo la aparición de un pequeño sector, que se agrupó en torno a la OPI, que defendía sin fisuras el modelo soviético y los lazos con la URSS. 

La adecuación de la estrategia eurocomunista en el contexto de la transición española

La situación cambiante que se dio en España hizo que el PCE profundizase en un proceso de mayor moderación. En octubre de 1975 se expresó políticamente en lo que se conoció como el Pacto por la Libertad, donde se anunciaba la conquista de espacios de libertad, a la vez que se tendía a no radicalizar las movilizaciones. Un año después, temeroso de verse descolgado, después que el PSOE y los grupos conservadores del nacionalismo catalán y vasco fuesen siendo tolerados y legalizados, la dirección del PCE acordó dar un paso más. Después de unos contactos previos entre los entornos de Carrillo y Suárez, en una entrevista secreta celebrada entre ambos a principios de 1977 se acordó un pacto de hondo calado: la legalización a cambio de la aceptación de la monarquía. Previamente tuvieron lugar dos hechos: uno fue la escenificación en diciembre de la detención, breve, de Carrillo, que fue respondida con protestas callejeras, pero sin altercados ni detenciones; el otro ocurrió en enero, durante el funeral de las cinco víctimas de Atocha, militantes del PCE y CCOO, asesinadas por un grupo fascista, y que permitió al PCE demostrar su capacidad de movilización y organización de las numerosas personas que desfilaron por las calles de Madrid.  

Conseguida la legalización a principios de abril, no sin la estratagema por parte  del gobierno de hacerlo durante el corazón de la Semana Santa, para desorientar  a los sectores militares que se oponían, se cerraba el círculo de la reforma. El gobierno de Suárez, pues, representó el intento más atrevido por controlar el proceso de reforma, tras el fracaso de Arias Navarro un año antes. Atraer al PCE, para integrarlo definitivamente en el proceso, fue una gran oportunidad política que los reformistas del régimen concluyeron con éxito.

Convocadas las elecciones para el 15 de junio, se dio una intensa carrera de cara a acumular el mayor número de fuerzas. Desde la dirección del PCE, confiada en el prestigio adquirido en su lucha contra la dictadura y los movimientos de su secretario general en el ámbito internacional, decidió presentarse por sí solo. Hizo caso omiso a los ofrecimientos hechos por otros grupos comunistas para formar un frente electoral, rompiendo con la práctica unitaria que había puesto en práctica desde febrero de 1936, cuando formó parte del Frente Popular. Los resultados electorales de junio, sin embargo, fueron decepcionantes para el PCE, bastante lejanos de los obtenidos por el PSOE y no alcanzando siquiera el 10% de los votos. Sólo en Cataluña el PSUC tuvo mayor relevancia, superando la media española, duplicándola, pero también alejado de los resultados obtenidos por el PSC.     

Ese fracaso, sin embargo, no provocó una autocrítica en la dirección del PCE. Todo lo contrario, pues Carrillo intensificó los lazos con Suárez, líder de UCD y ya legitimado como jefe de gobierno al ser el partido más votado. De esa manera en octubre los dos líderes políticos auspiciaron la firma de los Pactos de la Moncloa, arrastrando a otros grupos políticos, y los sindicatos CCOO y UGT. El contenido de esos pactos supuso el compromiso por parte del gobierno de avanzar en la democratización, incluyendo la elaboración de una Constitución, y el aumento de los gastos sociales (educación, sanidad, pensiones, etc.), mientras que los grupos de izquierda y los sindicatos coadyuvaron a la moderación salarial, con el fin de reducir la elevada inflación. Esa práctica política fue conocida en su momento como consenso. 

La dirección del PCE confiaba en su capacidad de llevar la iniciativa en la nueva situación, ponía en valor su influencia social, tanto en el potencial que representaba CCOO como en el de otros ámbitos de la sociedad (movimiento vecinal, mundo de la cultura, etc.), y no perdía de vista la posibilidad de conformar un gobierno de coalición con la UCD de Suarez y el propio PCE como pilares. En el plano ideológico, en el Congreso de 1978 se decidió eliminar la etiqueta marxista-leninista, sustituida por la de marxista revolucionaria y en consonancia con el componente eurocomunista del que hacía gala.   

Después de la aprobación a finales de 1978 de la Constitución, que desde el PCE se valoró como un gran éxito, participando con ímpetu a través de la figura de Jordi Solé Tura, del PSUC, y ante la perspectiva de unas nuevas elecciones, después de las disensiones surgidas en la UCD, el PCE se propuso como reto conseguir lo que en 1977 no pudo. A su favor tenía el protagonismo político desarrollado en esos meses, con el añadido de su sentido de estado, el bajo perfil que había dado el PSOE e incluso el potencial de votos que podían provenir de los sectores de población más jóvenes, dado que la mayoría de edad se había rebajado constitucionalmente a los 18 años. 

Convocadas las elecciones generales para marzo de 1979, lo que se vio  acompañado para el mes siguiente con las municipales, los resultados apenas mejoraron para el PCE. En las primeras, con el 10'8% de los votos, tuvo un ligero aumento de punto y medio, con lo correspondiente en escaños. En las segundas las cosas fueron algo mejor, llegando al 13'1%, con buenos resultados en las zonas urbanas; la obtención de las alcaldías en Córdoba, en numerosos municipios industriales (Madrid, Barcelona, Asturias...) y en determinadas zonas rurales, sobre todo de Andalucía; y el acceso a los gobiernos municipales de buena parte del país, después del acuerdo habido entre los grupos de izquierda. 

Disensiones internas crecientes y rupturas en el partido

A  partir de 1979, después de los límites que se vieron en su influencia política, la estabilidad interna en el PCE y el PSUC, tanto en las direcciones centrales del estado y de los distintos territorios, como entre la  propia militancia, empezó a resquebrajarse. Surgieron tres sectores: el vinculado a Carrillo, los renovadores y los prosoviéticos. La primera de las desavenencias provino del enfrentamiento entre las dos primeras. En el sector renovador se puso en cuestión el liderazgo del secretario general y se querían cambios profundos, tanto en lo político como en lo organizativo. Se veía como una discordancia entre lo que consideraban como autoritarismo interno y la estrategia eurocomunista, de la que pedían un mayor grado de profundización. El primero de los enfrentamientos tuvo lugar en 1981 en Madrid, en el seno del grupo municipal de la capital. Luego se fue extendiendo a otros lugares, cobrando especial relieve en 1982 la decisión de la dirección vasca del PCE-EPK de unirse con Euskadiko Esquerra, un grupo proveniente del nacionalismo vasco, lo que fue rechazado por el sector carrillista. Durante esos meses los conflictos internos se fueron resolviendo por vía expeditiva, con las correspondientes expulsiones y/o salida de militantes del partido. 

Los problemas con el tercer sector tuvieron como escenario principal Cataluña. El  PSUC, aun siendo la segunda fuerza de la izquierda y la tercera de Cataluña, había obtenido los mejores resultados dentro del universo comunista: el 18'3% en las generales de 1977 y el 17'5% en las de 1979; el 20'3% en las municipales de 1979; y el 19'7% en las autonómicas de 1980. Pese a ello, acabaron aflorando tres sectores: el carrillista, el leninista y el prosoviético. En el Congreso de 1981 el primero salió derrotado, a la vez que se produjo un acuerdo entre los otros dos, que eligieron al leninista Francesc Frutos como nuevo secretario general.

A lo largo del año 1982 no cesaron los problemas internos, aunque esta vez la novedad estuvo en que provinieron en mayor medida del sector prosoviético. Fue en Cataluña donde en abril se produjo la escisión del Partit dels Comunistes de Catalunya, con Pere Ardiaca como secretario general. Pero el culmen tuvo lugar en octubre, tras la debacle del PCE en las elecciones generales, que supusieron un triunfo arrollador del PSOE con su 48'1% de los votos. El PCE obtuvo tan sólo el 4% de los votos, mientras en Cataluña el PSUC se quedó en el 4'6% y el PCC en el 1,4%.

Entre las consecuencias que tuvo el golpe de estado del año anterior, en febrero de 1981, estuvo la puntilla cuasi definitiva que recibieron los dos protagonistas principales del pacto reforma-ruptura de 1977, esto es, Suárez y Carrillo, pese al comportamiento digno que, junto al general Gutiérrez Mellado, habían mantenido frente a los guardias civiles dirigidos por Antonio Tejero.   

Con esos resultados Carrillo se vio obligado a dimitir, pero, lejos de aplacarse, los conflictos internos se multiplicaron. Con Gerardo Iglesias ya como nuevo secretario general, el PCE se fue desmoronando. Sus intentos por poner orden desde la pluralidad fracasaron por la actitud del sector ligado a Carrillo, cada vez más alejado de la nueva dirección, y los sectores prosoviéticos. En 1984 estos últimos, junto al PCC, formaron el PCPE, que eligió a Ignacio Gallego como secretario general. Y en 1985 se decidió la expulsión de Carrillo y su gente, que acabaron formando el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista.

El fin de la etapa del PCE durante la Transición y el arranque de lo que vino después

El gobierno del PSOE, con el balón de oxígeno de su abrumadora mayoría electoral y, sobre todo, parlamentaria, unido a una derecha españolista dividida, claramente derrotada y reducida a un tercio de los votos (AP, 26,4%; UCD, 6'8%; y el CDS de Suárez, 2'9%), abrió un nuevo panorama político en España. Junto a las medidas sociales puestas en práctica, que fueron mejorando los graves deficits heredados de la dictadura, completó la integración de país en los organismos del del mundo occidental, como fue la ratificación de la presencia en la OTAN y la incorporación a la CE, futura UE, todo ello en 1986. 

Y fue precisamente lo de la OTAN lo que abrió una oportunidad al PCE. La entrada  de España en la alianza militar se había  decidido en 1981, durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Contó en el Congreso con una mayoría ajustada, proveniente de los grupos de la derecha españolista, catalana y vasca, pero tuvo el voto contrario del PSOE. Si bien con anterioridad su campaña contra dicha entrada ya se había basado en el lema ambiguo de "OTAN de entrada no", en las elecciones de 1982 defendió la celebración de un referéndum, que, una vez en el gobierno, fue dilatando. Fueron las movilizaciones, amplias y numerosas, lo que forzó su convocatoria, pero esta vez con un cambio de posición, dado que tanto el gobierno como el partido defendieron la permanencia en la alianza militar atlántica. 

El clima de oposición a la OTAN entre amplios sectores de la población y especialmente entre los grupos a la izquierda del PSOE y numerosos colectivos sociales llevó a la formación de plataformas unitarias, así como la convocatoria de crecientes movilizaciones y actos también unitarios. Incluso se fueron sumando algunos sectores minoritarios del PSOE, ligados a Izquierda Socialista, con Pablo Castellano a la cabeza. Convocado el referéndum para marzo de 1986, el  resultado, después de una campaña desigual y con una fuerte implicación del propio Felipe González, fue favorable a la permanencia (56'9% frente al 43'1% de los votos), remontando las estimaciones que se habían dado con anterioridad.

La principal consecuencia de lo ocurrido para el PCE fue la recuperación de la práctica unitaria perdida entre 1977 y 1982. Con Gerardo Iglesias pronto empezó a explorarse la posibilidad de aplicar en España la experiencia del PC portugués y su Coalición Unitaria Democrática. Pero fue en Andalucía donde se inició ese camino, cuando en 1984 se dio el punto de partida de Convocatoria por Andalucía, que tuvo a Julio Anguita, alcalde del Córdoba, y Felipe Alcaraz, secretario general del PCA, como principales valedores.  

Al poco de celebrarse el referéndum de la OTAN, y ante la convocatoria inmediata de unas nuevas elecciones generales, se anunció la formación de Izquierda Unida, integrada por el PCE, diversos grupos políticos de izquierda (PCPE, Izquierda Republicana, Partido de Acción Socialista, Partido Humanista, Federación Progresista, Partido Carlista, Colectivo Unitario de Trabajadores...) y personas que habían participado activamente en el movimiento anti-OTAN, en algunos casos miembros del sector renovador del PCE (Cristina Almeida, Javier Mohedano...). Los resultados de IU, con el 4'6% de los votos, fueron de nuevo magros, pero hubo una importante novedad con Andalucía como escenario y donde las elecciones  generales confluyeron con las segundas elecciones autonómicas. Mientras que en las primeras, con el 8'1%, IU estuvo por encima de la media española, en las segundas, con las siglas IU-CA y Anguita como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, llegaron al 17'9%.

Lo ocurrido en Andalucía marcó un antes y un después en el PCE y en IU. En 1988 Anguita, el principal capital político del PCE, sería elegido nuevo secretario general del PCE, relevando a Iglesias, que un año después también dejaría la coordinación general de IU en la misma persona. Pero lo que vino a partir de ese momento pertenece a otra etapa de la historia de partido centenario. 

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