La corporación
Coca Cola ha sufrido un serio contratiempo. No me atrevo a decir todavía que ha sido un varapalo,
porque quedan más cosas que dilucidar. Pero la sentencia de la sala de lo
social de la Audiencia Nacional ha sido, por ahora, muy clara:
primero, declarar nulo el despido de más de mil trabajadores y trabajadoras -800, efectivos-, que ha provocado el cierre consiguiente de cuatro fábricas (Madrid, Mallorca,
Alicante y Asturias); segundo, obligar a la readmisión en sus puestos de
trabajo y el abono de los salarios no percibidos; y además, censurar a la empresa por los
motivos esgrimidos para presentar el ERE y por sus prácticas de esquirolaje.
Para los tiempos que corren, todo un logro. Y a ello no ha sido
ajena la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Decidida. Haciendo gala
de lo que ha sido históricamente la práctica del movimiento obrero.
He leído en Público lo
siguiente: “El abogado de Coca-Cola Iberian Partners en este despido colectivo
fracasado es Iván Gayarre, socio de Sagardoy Abogados y que fue el abogado jefe
en materia social de la Abogacía del Estado. La ‘boutique' Sagardoy
Abogados está especializada en Derecho del Trabajo y fue la principal asesora
del Gobierno de Mariano Rajoy en la reforma laboral de 2012. Con ellos colaboró
el despacho Cuatrecasas y Equipo Económico, la consultora fundada por Cristóbal
Montoro a su salida del Gobierno de José María Aznar. Montoro se desligó de su
empresa al acceder al ministerio de Economía, pero su director de Gabinete de
la etapa aznariana, Francisco Piedras Camacho, firmó el informe técnico
utilizado en el despido colectivo de las embotelladoras de Coca-Cola”.
Es una cita larga, pero, de ser cierta, muy reveladora de lo que
está ocurriendo. Las relaciones entre grandes corporaciones y los gobiernos -en este caso el español-, con los despachos jurídicos al servicio de las primeras y y determinados cuerpos del funcionariado como nexo para desarrollar legislaciones retrógradas bajo el manto del neolibersalismo. Sorprende -por qué negarlo- que haya sido la Audiencia Nacional -eso sí, una sala específica: la de lo social- la que, de momento, haya parado la aplicación de esa legislación, al haber detectado serias vulneraciones de la legalidad.
Repito: la
sentencia de la Audiencia Nacional es alentadora, pero está todavía por ver el alcance.
También el de la lucha, muy valiente, de los trabajadores y las trabajadoras.
Falta por saber si está en la línea que ha permitido que la clase obrera
construyera a lo largo de dos siglos su autoestima como clase social –su
conciencia de clase- y conquistara tantos logros sociales. Ahora la empresa
seguirá pleiteando. Y cuidado con ello, porque es un terreno muy resbaladizo,
por no decir peligroso. La lucha social necesita de esfuerzo y también de
inteligencia.
Adelante, pues.
